■ Abogado de la afectada denuncia negligencia y abuso de poder de tres jueces de control
■ Acusan que el magistrado presidente del TSJEZ ha hecho caso omiso a solicitudes de apoyo
Desde finales del año pasado la vivienda ubicada en el número 114 de la calle del Oro en la colonia capitalina Sierra de Álica se encuentra resguardada por elementos de la Policía Estatal. La razón es que en su interior una mujer está cumpliendo resguardo domiciliario, como medida cautelar por estar siendo procesada a causa un delito grave.
El problema, que fue denunciado este viernes, es que esa casa no es propiedad de la imputada sino de María Guadalupe Álvarez Haro, quien no tiene ninguna relación con la persona que cumple la prisión domiciliaria.
El abogado de la afectada, Esteban Castruita Bautista, explicó que en el juicio en el que se dictó la medida cautelar la imputada dio la dirección antes señalada como ubicación para cumplir este mandato y el juez de control, Josué Barrón Oliva, nunca se cercioró de que efectivamente fuera su vivienda y únicamente ejecutó la acción.
Sostuvo que desconocen quién es la persona que está en el domicilio de su clienta y tampoco saben el delito que se le imputa, pues no han tenido acceso a la causa penal. Precisó que sólo tienen conocimiento de que se trata de un ilícito grave.
Castruita Bautista acusó de negligencia y abuso de autoridad tanto a este juez, Barrón Oliva, como a Maximiliano Villavicencio Salinas, quien no les atendió en dos ocasiones, y Antonio Guerrero Gutiérrez, quien fue el que recientemente prorrogó la medida cautelar por dos meses más, haciendo un total de 10, pese a conocer la situación y a que el fiscal de la PGJEZ ya había indicado que debía concluirse el resguardo domiciliario para trasladar a la imputada al penal de Cieneguillas.
El domicilio en cuestión forma parte del patrimonio de María Guadalupe Álvarez Haro, dijo el abogado que la representa, aunque no sea su vivienda principal. De hecho, narró, su cliente se enteró de lo sucedido cuando transitaba por la calle donde se ubica esta casa y vio la patrulla de la policía resguardando la entrada.
La negligencia de los tres jueces mencionados, adscritos al distrito judicial de la capital del estado, así como la falta de atención para lograr una salida por parte del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Armando Ávalos Arellano, con quien el abogado señaló que se ha reunido de manera personal para exponerle el caso, están “causando un grave daño a derecho patrimonial de mi clienta y daños económicos”, concluyó.
Castruita Bautista apuntó que en el mes de mayo se puso un amparo indirecto que se está tramitando en el juzgado segundo de distrito, con el que se busca que le sean restituidas las garantías constitucionales a su clienta, y del cual están a la espera de la resolución.
Agregó que fue presentada una denuncia administrativa contra los tres jueces de control mencionados ante el TSJEZ y puntualizó que confían, una vez que se haga pública esta situación a través de los medios de comunicación, en que el pleno del tribunal ponga atención al actuar de estas personas, se inicie el procedimiento para fincar las responsabilidades correspondientes y posteriormente se puedan pagar los daños y perjuicios ocasionados a la propietaria del inmueble.
Consideró que, fuera de los procesos legales que ya se han iniciado, el juez de control debe revisar “de manera oficiosa” la medida cautelar para dejarla sin efectos en el domicilio donde ahora está y que, en su caso, trasladen a la imputada a otra vivienda.
Aseguró que esto no tiene ninguna complicación legal por lo que expuso que “no entiendo por qué están siendo negligentes en este sentido y abusan de su autoridad. Se están metiendo en la esfera de un particular sin que tenga injerencia o responsabilidad en la causa penal en contra de esa imputada”.
Se deslinda Tribunal de acusaciones
contra integrantes de la judicatura
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Armando Ávalos Arellano, defendió el actuar de sus jueces ante la acusación de negligencia en la determinación de una prisión domiciliaria a una imputada, en una casa que no es la suya.
Desde finales del año pasado en una vivienda ubicada en esta capital está resguardada por la policía una persona procesada por un “delito grave”, situación que la dueña del lugar reclama porque la imputada no tiene ninguna relación con ella ni con el domicilio.
Sin embargo, está ahí porque un juez de control así lo dictó y nunca se cercioró de que efectivamente fuera la vivienda de la persona que está bajo resguardo domiciliario. Motivo por el cual la dueña del lugar, a través del abogado Esteban Castruita acusa a tres jueces de negligencia.
Al respecto ayer en entrevista el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia dijo que si el juez tomó la determinación de dictar el arraigo domiciliario en esa casa fue a partir de lo expuesto por el Ministerio Público (MP) y la defensa en una audiencia, ya que al juez no corresponde investigar si era correcto o no el domicilio proporcionado.
De modo que ante los hechos suscitados, corresponderá al Ministerio Público justificar ante el juez que el domicilio del resguardo no es propiedad de la persona que está bajo arresto.
Refirió que este próximo lunes a las nueve de la mañana habrá una nueva audiencia sobre ese caso, y ahí el MP “tendrá que argumentarle y probarle al juez que no es el domicilio” y así éste pueda tomar una decisión distinta.
Comentó que las revisiones que se habían hecho sobre esa medida cautelar iban orientadas a demostrar que la señora detenida ya había concluido con el periodo de lactancia, motivo por el cual se le había dado la prisión preventiva. Pero en las audiencias nunca se había argumentado que no era dueña de ese domicilio.
Armando Ávalos señaló que en una ocasión se reunió con el abogado que reclama la presunta negligencia de los jueces, pero le dijo que como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia no tiene entre sus facultades ordenar a los jueces que resuelvan un asunto en tal o cual sentido.
Insistió en que el próximo lunes a las nueve de la mañana hay una audiencia para revisar la medida cautelar y determinar el rumbo del caso.
