Durante las primeras décadas del siglo XX, México tuvo un gobierno cuya legitimidad derivaba de las conquistas de la Revolución Mexicana. A quienes detentaban el poder ni siquiera les interesaba disimular que la legalidad constitucional y legal sólo era una fachada para simular la existencia de una república democrática. Ello cambió a finales de la década de los 70 cuando se impuso el paradigma neoliberal en el mundo, y la elite del poder de México abandonó la vieja narrativa revolucionaria y entregó la Presidencia de la República a Miguel de la Madrid y al grupo neoliberal que desde entonces no ha dejado de dictar la política económica desde la presidencia, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda; 4 mandatos bajo las siglas del PRI y 2 bajo las del PAN. La retórica revolucionaria ha sido sustituida por la de la modernidad neoliberal y la de la democracia “sin adjetivos” como la bautizó Enrique Krause al considerarla simplemente como método electoral, concepción muy alejada del paradigma del desarrollo humano desarrollado por el PNUD, que no la considera aislada de la vigencia del conjunto de los derechos humanos.
Con el paso del tiempo, los vicios recurrentes derivados de la compra venta de votos y del uso y abuso del dinero en las campañas, así como la impunidad de los delincuentes electorales, han impedido cualquier avance en la legitimidad de las autoridades que resultan investidas al obtener la mayoría de votos. Ello ha obligado a la elaboración de verdaderas “maromas” teóricas como aquella que expresó Diego Fernández de Ceballos en 1988 cuando dijo de Carlos Salinas de Gortari que no tenía legitimidad de origen pero podría obtenerla con su desempeño. O la más cínica y brutal de Felipe Calderón “Haiga sido como haiga sido, soy presidente”. Además de ello, los resultados electorales consolidados ayer por el IEEZ desnudan otro problema para la legitimidad de las autoridades que asumirán sus cargos en septiembre próximo: todos los partidos resultaron minoritarios y, por consiguiente, en el sistema legal vigente los electos serán autoridades apoyadas por la minoría más grande, no por la mayoría absoluta de votos. Ello ocurrirá en la esfera de los poderes ejecutivo y legislativo, así como en los ayuntamientos.
De manera que quienes asumirán las funciones gubernamentales dentro de tres meses harían bien en utilizar parte de su tiempo en analizar el problema de la legalidad precaria y la legitimidad disminuida de sus mandatos, y decidir acciones para demostrar que conocen el terreno en el que habrán de actuar y que saben cómo crear las condiciones que aseguren una gobernabilidad creciente. Claro que también puede darse el caso de que los nuevos mandatarios, servidores del pueblo, consideren deleznable la gran cantidad de ciudadanos que niegan la autenticidad de nuestras elecciones, y también que la mayoría de quienes votaron el día 5 no lo hicieron por ellos, y que se dispongan a gobernar como si nuestra democracia gozara del mayor prestigio y hubieran recibido un número de votos similar a los que se acostumbraban en los tiempos de la presidencia imperial. O peor aún, que se dispongan a crear mayorías artificiales comprando diputados, regidores, contralores y dirigentes políticos, con lo que solo agravarían la crisis institucional que sufrimos.
Claro que también es posible que la élite del poder se decida a dar los primeros pasos en el único camino serio que tiene a su disposición: la adopción de medidas de corte parlamentario para adecuar nuestro presidencialismo arcaico a la situación creada. En primer lugar invitar a las fuerzas políticas más afines a construir una mayoría en la legislatura y un gobierno de coalición que representen verdaderamente a la mayoría de los ciudadanos zacatecanos. Ello significa, para ser claro, que la mayoría gobernante se constituya con los partidos de la coalición electoral Primero Zacatecas, agregándole al PAN y al PES, con lo cual incrementarían significativamente el respaldo social a la nueva administración. Lo anterior también significa que la importante función de ser oposición se la reservarían las distintas izquierdas, parlamentarias, partidarias y sociales.
La misma responsabilidad podrían mostrar los nuevos presidentes en una cantidad importante de municipios donde también se presenta la situación de que gobernarán las minorías más grandes, empezando por el municipio de la capital donde Morena puede dar la sorpresa de mostrar nuevas formas de gobernar, empezando por reconocer que es la minoría mayor, ni más ni menos.
