Si hacemos caso a las denuncias expresadas por todos los contendientes en la campaña electoral que finalizará pasado mañana, los principales protagonistas forman parte de equipos familiarizados con prácticas corruptas, especialmente con la de dar y recibir “mochadas”, organizan la compra venta masiva de votos, rebasan los topes de gastos de campaña utilizando dinero ilegal, no están comprometidos con alguna ideología política de manera que utilizan a los partidos como meras franquicias desechables o intercambiables en la competencia, y no expresaron proyecto alguno que constituya la diferencia entre ellos, de manera que a una semana de la jornada decisiva los electores pudieran identificarlos y definir el sentido de su voto en función de ellos. Además de lo anterior, es evidente que no existió equidad en la competencia y que los dos árbitros electorales tuvieron una actuación que propició las conductas ilegales, especialmente en lo que corresponde a la fiscalización de los gastos de campaña.
Por otra parte, de acuerdo con los reportes publicados de las casas encuestadoras más serias, quienquiera que sea el ganador de la competencia por la gubernatura no llegará al 40 % de la votación emitida, no obstante que sea el candidato de una coalición formal o informal de varios partidos políticos. Y sin embargo, asumirá las riendas del poder ejecutivo y actuará dentro de las reglas escritas y no escritas que se configuraron en décadas de un Estado autoritario, que adoptó la forma de una república centralista con una “presidencia imperial” por encima de los demás poderes formales y fácticos. De manera que si el poder constituyente local no hace algo verdaderamente inusitado en las próximas semanas, pronto veremos el choque entre un gobernador que quiere actuar a la manera “imperial”, y una realidad que se resistirá de una u otra manera, pues ya no existe el partido hegemónico o casi único que lo hacía posible.
Para resolver esa contradicción, se requieren importantes reformas que deben del aprobarse pronto para generar un nuevo orden basado en el paradigma del desarrollo humano, que se sustenta en algunas definiciones y premisas básicas como las siguientes: que los ciudadanos tenemos un derecho irrenunciable al Estado, pero no a cualquier Estado sino a uno consistente con la democracia; como afirma el PNUD, un Estado de y para la democracia. En ese paradigma se define al Estado como un conjunto de instituciones y de relaciones sociales (la mayor parte de éstas sancionada y respaldadas por el sistema legal de ese Estado) que controlan el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende delimitar geográficamente. Esas instituciones tienen el monopolio de la violencia legítima que deben ejercer como último recurso.
Así mismo, ese paradigma define al gobierno como un elemento fundamental del Estado constituido por las posiciones en la cúpula de las instituciones del Estado, y que el acceso a dichas posiciones se realiza a través del régimen. Existe un amplio acuerdo acerca de que un régimen democrático es aquel donde el acceso a las principales posiciones de gobierno se logra mediante elecciones que son competitivas e institucionalizadas, celebradas en un escenario donde son vigentes diversas libertades políticas, tales como las de asociación, expresión, movimiento y disponibilidad de información no monopolizada por el Estado o por agentes privados, todo lo cual confiere legitimidad a los funcionarios electos para tomar decisiones que son normalmente emitidas como reglas legales vinculantes para la población y el territorio delimitado por el Estado.
De acuerdo con estas definiciones, el gobierno es una parte fundamental del Estado, su cúpula institucional, mientras que el régimen es una mediación entre el Estado y la sociedad consistente en un conjunto de instituciones, reglas y prácticas que regulan el acceso desde la sociedad a las más altas posiciones en el Estado. En un régimen democrático el principal canal institucional está integrado por partidos políticos que compiten libremente y con equidad para que la mayoría defina quiénes ocupan por un tiempo determinado o de acuerdo con condiciones pre-establecidas las posiciones gubernamentales. De manera que si asumimos que los elementos que constituyen el concepto de régimen son: los patrones, formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidos para lograrlo, y las instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre, concluiremos que vivimos en un régimen que está lejos de ser democrático. Y como consecuencia, el Estado del que forma parte, en el que vivimos, ha adquirido malformaciones que le impiden hacer valer los derechos de ciudadanía política implicados por un régimen democrático, y que su sistema legal e instituciones garanticen la vigencia de los derechos emergentes de la ciudadanía civil, social y cultural de todos sus habitantes.
De ahí se desprende un conjunto grande de reformas indispensables: unas para lograr la democratización integral del sistema de partidos políticos en su conjunto; otras para asegurar que la competencia sea en verdad legal y equitativa; otras más para asegurar que ningún delincuente pueda participar en la competencia electoral; muchas otras para canalizar la diversidad social y la pluralidad política garantizando la gobernanza y, finalmente, las que transformen nuestro presidencialismo anacrónico. Solo así tendremos un Estado de y para la democracia.
