■ Advierten peligro para los habitantes del lugar, pero no para los trabajadores de la empresa
■ Pese a estudios para corroborar falla geológica, no se han suspendido detonaciones bajo tierra
“Y los que autorizaron el permiso para que la mina siga trabajando…eso ya no me corresponde a mí”, dijo a los habitantes de Salaverna Felipe Muñoz Ruvalcaba, director estatal de Protección Civil durante la visita que una comisión de diputados a la 61 Legislatura hicieron a la localidad del semidesierto zacatecano el pasado 12 de mayo y que tenía como premisa corroborar o no la existencia de una falla geológica que amenazaría la integridad física de las personas.
En la inspección, Jesús Alejandro Muro Ortega, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Geología, señalado por Muñoz Ruvalcaba como parte de quienes desde el principio participaron en la elaboración del Atlas de Riegos Geológicos del Estado de Zacatecas y capacitado en el Cenapred, por tanto, intérprete calificado del documento generado por el Servicio Geológico Mexicano en que se basa entre otros estudios, la alerta del peligro de hundimientos recientemente difundida en medios locales y nacionales, dijo que tales riesgos se deben a la actividad de la mina.
Persiste la duda entonces, entre otras, del porqué se han emitido desde instancias gubernamentales, los pobladores y aun la propia Minera Tayahua SA de CV, una serie de oficios donde se alerta del riesgo inminente de hundimientos que ponen en riesgo la vida de las personas, además de por lo menos tres estudios que los sustentan o reiteran, sin que se desde enero de 2011 –la fecha del más antigua que aparece en los documentos- a febrero de 2016 –el más reciente-, se hayan suspendido las detonaciones que realiza diariamente la empresa de Carlos Slim, una de las cuales ocasionó un derrumbe que logró ahuyentar por miedo a 20 familias, al día siguiente de suscitarse, esto es, el 7 de diciembre de 2012.
Otro enigma representa el que se señale en estos documentos la preocupación por el riesgo que corren los pobladores, al momento 34 personas que se integran en entre 17 a 19 familias, pero se omita el que amenazaría a quienes bajo sus pies trabajan dentro de la mina, y que según información proporcionada por los guardias de la propia empresa refieren unas mil 500 personas.
En el documento emitido por Minera Tayahua, SA de CV el 12 de febrero de 2016, y al que se refirió Muñoz Ruvalcaba como una “queja” que hizo la empresa extractiva a la Dirección General de Protección Civil en Ciudad de México respecto de la omisión de las autoridades locales en desalojar a los habitantes de Salaverna por estas causas, no se menciona en ninguna parte su preocupación o la situación respecto de los trabajadores, tampoco se envía copia del mismo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, instancia facultada para verificar las condiciones de higiene y seguridad de quienes allí laboran.
El oficio menciona como antecedentes, que la empresa ha informado a las autoridades en las fechas 29 de enero, 18 de junio, 3 de julio del 2013, y 5 de octubre de 2015, del peligro de hundimiento, que reitera, solicitando que actúe en el desalojo solo de los habitantes, “a efecto de evitar una inminente tragedia y/o accidente de grandes consecuencias”.
La subsidiaria de Frisco, de Carlos Slim, refrenda hasta cuatro veces en el texto cuando refiere a las que enumera en 17 familias que habitan Salaverna, que lo hacen “de manera irregular e ilegal”, y señala mediante su representante legal, que la empresa “no puede garantizar la SEGURIDAD NI SALVAGUARDA” de las mismas, pero nada dice del uso persistente de explosivos.
La verificación de los orígenes de los hundimientos, el más importante que tuvo verificativo el 6 de diciembre de 2012 y que los pobladores citan como “el estruendo”, derivarán de los resultados de un nuevo estudio para cuyo pago, estimado en 496 mil pesos, ya han mostrado disposición tanto la Secretaría de Gobernación como la propia minera.
No obstante los habitantes de Salaverna mostraron ante los diputados suspicacias respecto de su fiabilidad pues desconfían de las autoridades y el poder de corromperlas que pueda tener la empresa propiedad del que es conocido como el hombres más rico de México.
En este sentido Roberto de la Rosa, líder natural de la comunidad, fue determinante, “nosotros no vamos a cambiar de posición, queremos la certeza jurídica de nuestras tierras, no vamos a permitir que se nos saque que porque están preocupados por nosotros cuando no se preocupan por los jefes de familia que andan en el interior de la mina”.
En el tema jurídico se encuentra el centro de las dudas, la Minera Tayahua SA de CV señala en el citado oficio del 12 de febrero de 2016, último con que buscó incidir en la autoridades para el desalojo de los habitantes de Salaverna, que en el lugar ubicado en “el predio conocido como Santa Olalla y Rincón de los Caballos, en el municipio de Mazapil, Zacatecas (…) ha existido desde hace más de 40 años actividad minera”.
Los habitantes de Salaverna por su parte, refieren, “dice este señor que es de él –Carlos Slim, la propiedad de los terrenos-, cuando nosotros hemos estado aquí en estas tierras por generaciones”.
Y respecto del origen de los hundimientos expuso luego de que otros hombres, antes trabajadores en la Frisco-Tayahua hablaran en consonancia, “todos conocemos aquí de lo que estamos hablando, tenemos experiencia en eso. A nosotros no nos pueden picar los ojos porque nosotros nacimos, crecimos y nos desarrollamos aquí”.
Roberto de la Rosa reclamó entonces, “es criminal lo que han hecho, desgraciadamente ahora se quejan de lo que hicieron y lo usan a su favor. Ese daño fue una carga explosiva que pusieron allí para que se hundiera (…) que la mina asuma su responsabilidad por el daño que nos hizo, es un daño psicológico, moral y material”.
En el Atlas de Riesgos por Fenómenos Geológicos del Estado de Zacatecas, y que se refirió por la Dirección de Protección Civil como sustento de la existencia de una “falla geológica” no aparece nunca el término asociado a los puntos de control que se verificaron, dice, el 14 de enero de 2011, pero sí en el oficio que remite la Minera Tayahua SA de CV el 12 de febrero de 2016 a la Dirección General de Protección Civil para urgir el desalojo de los habitantes del que refiere también de manera reiterada de “extinto poblado” de Salaverna, y en uno anterior que remite Tratamiento Geotécnicos, SA de CV a la empresa el 21 de febrero de 2013, donde buscaba corroborar “la hipótesis de una falla”.
El “Dictamen hundimiento proyecto de cobre primario”, le refiere a Guillermo Hernández Castañeda, gerente de Minera Tayahua SA de CV, que “es posible reducir el efecto de riesgo de la subsidencia, si se extrae material de superficie, quitando peso al área de subsidencia y utilizándolo para rellenar del hueco generado por la misma”, algo que no se aclara en otro documento si ha ocurrido a la fecha.
A la visita que realizaron la comisión de diputados conformada por Eugenia Flores Hernández, Antonio Arias, Manuel Navarro y Antonio de Lira Gómez, no acudieron las que también fueron dependencias convocadas mediante oficio: la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, ésta de quien reclaman los pobladores aclare la propiedad de la tierra.
