Buenos Aires. En una escalada de acusaciones el juez federal Claudio Bonadío, dictó este viernes el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex ministro de Economía, Axel Kicillof,acusando a la mandataria por el supuesto delito “de administración infiel” en perjuicio de “la administraciónpública”, en el tema de la venta de dólar a futuro, una decisión del Banco Central que tiene autonomía del Poder Ejecutivo.
Asimismo, ordenó un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos. La medida adoptada por Bonadío, resulta más extraña aún cuando este juez está siendo investigado por el mismo tema junto con el actual presidente del Banco Central Federico Sturzenegger.
En el caso Fernández, Bonadío deduce que “es evidente que la entonces presidenta … de la nación impartió instrucciones –que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su Ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo, procediendo éste a su vez a impartir directivas a los funcionarios del Banco Central”.
En el laberinto de una judicialización de la política y en el marco de la causa de la venta de dólar futuro, el fiscal Jorge Di Lello solicitó este viernes ampliar la investigación sobre varios funcionarios del gobierno y empresas vinculadas al actual presidente Mauricio Macri. Entre estos figuran el director del Banco Central, PabloCurat, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, José Torello, jefe de asesores de la Presidencia y amigo de Mauricio Macri. También a las firmas Caputo, de Nicolás Caputo, amigo del presidente, y Chery Socma SA, empresa de la familia Macri.
Estas imputaciones surgen de una denuncia presentada por varios diputados kirchneristas después de una investigación periodística que reveló con pruebas fehacientes que una lista de funcionarios del actual gobierno habían comprado el dólar a futuro, y que ganaron millones de dólares, beneficiándose por la devaluación dispuesta en los primeros días del gobierno de Macri.
Los denunciante sostienen que tanto Bonadío como Sturtznegger son responsables de los delitos que le atribuyen a la ex presidenta.
Por su parte, el fiscal federal, Carlos Beraldi denunció que Quintana – actual Secretario de Coordinación Ministerial- “habría sido uno de los funcionarios que intervinieron en la decisión del precio de referencia” con el cual se cancelarían los contratos con el evidente beneficio de la devaluación del peso que les permitió ganar tres o cuatro veces más.
El 13 de abril pasado la ex mandataria se presentó a indagatoria de Bonadío en Tribunales dejando un escrito en el que acusó a este magistrado de hacer un uso “abusivo del poder” y denunció al gobierno nacional por llevar adelante una maniobra tendiente a dejarla detenida con ayuda del Poder Judicial.
Este viernes, el diputado del Frente para la Victoria e hijo de los ex presidentes, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, denunció que una nueva imputación del fiscal Carlos Rívolo contra su madre, él y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López por “cohecho” en la causa conocida como “Los Sauces” (un hotel). Afirmó que se trata de una “persecución” orquestada por el gobierno, algunos medios y el “partido judicial”.
