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sábado, 20 abril, 2024
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Libertad de prensa y derecho a la información: campo minado

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Por: RAYMUNDO CÁRDENAS VARGAS •

Si la impunidad en México es ya prácticamente endémica, y alcanza 98 por ciento de los eventos violentos, el caso de la violencia contra periodistas es particularmente grave. ¿Por qué los comunicadores son objeto de intimidación y amenaza continua? Por el cumplimiento mismo de su misión: poner a la luz aquello que está originalmente oculto. Y los poderes económicos y políticos corrompidos necesitan actuar en la oscuridad. Dada esta ecuación: a mayor nivel de corrupción de los poderes en turno, mayor persecución de periodistas; significa que en México la amenaza a la libertad de expresión constituye un indicador del nivel de putrefacción del poder. El hecho de que en el plano internacional México sobresale por vulnerar a los comunicadores, implica que los gobernantes, los empresarios influyentes y los grupos que abiertamente actúan fuera de la ley, se comportan como Crimen Organizado. Este contexto es terreno minado para quien tenga como tarea mostrar e iluminar la conducta de distintos actores poderosos. En otras palabras, el preocupante estribillo que los organismos internacionales estudiosos del tema repiten: “México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo”, es una realidad difícil de superar.

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Muchos periodistas terminan por auto-limitar su tarea, con lo cual emerge otro círculo vicioso: menos efectividad comunicacional, más impunidad y menos democracia; con lo cual, se agrava la situación de los comunicadores. La Fundación Mexicana para el Periodismo de Investigación confirmó que al crecer la violencia en 14 estados de la República, disminuía en más de 50 por ciento su cobertura informativa en los periódicos locales. Mecanismo que destierra la libertad de expresión de nuestros estados y municipios. Según Cencos, del total de agresiones físicas contra periodistas son presuntos responsables en 58 por ciento funcionarios públicos, principalmente policías municipales (42 de 100) y policías estatales (32 por ciento). Y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión registró 95 homicidios de periodistas desde enero de 2000 hasta el 30 de junio de 2013. Pero aun con la fiscalía especial, la impunidad no ha mejorado. Con esta realidad, los periodistas poco se atreven a emprender el mejor trabajo que puede hacer un comunicador: el periodismo de investigación. Ése sí que parece un acto suicida, equivale a jugar a la ruleta rusa. Los que lo practican deben tomar precauciones extremas como si de una guerra se tratara.

Sin embargo, otro factor que influye mucho en el tema es la autonomía de los medios donde trabajan los periodistas. Y este asunto se relaciona con el esquema de financiamiento de las empresas de comunicación. Mientras continúe la dependencia de los gobiernos y la arbitrariedad con la que se hace la asignación de compra de publicidad oficial, especialmente en Gobierno Federal, será muy difícil que las empresas se conviertan en ecosistemas de protección de periodistas y centros de lanzamiento de la libertad de expresión. Sin una nueva Ley de medios que regule este aspecto, el periodismo seguirá siendo vulnerable.

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