En el tránsito de México del siglo XX al XXI ocurrió una desafortunada coincidencia histórica que explica, en buena medida, el espíritu de nuestra época: Por una parte, la transición política cosechó un buen número de novedades democráticas, un espacio de libertades y de crítica y una vida pluralista como nunca antes vimos. Pero por la otra, el nuevo modelo nos engarzó a la globalización, sin que pudiera responder a las necesidades que planteaba la nueva sociedad y la dinámica demográfica del país. Los cambios democráticos no llegaron acompañados de crecimiento, de bienestar o de una expectativa de prosperidad para la mayoría. Más que cualquier otra cosa, es esa precariedad de la vida material lo que explica el ostensible malestar de nuestra democracia, el irritado ánimo público y el pesimismo en el futuro. Y a ello debemos agregar la profundización de la corrupción y la impunidad, así como sus efectos secundarios: violencia e inseguridad.
Sin embargo, no debemos dejar de lado el hecho duro de que México vivió en las últimas dos décadas del siglo pasado una auténtica transformación de su régimen de gobierno. Seguimos siendo una república democrática, representativa, federalista y laica de carácter presidencialista, pero logramos construir dos piezas que faltaban para que el régimen fuera realmente democrático: El sistema de partidos pasó de ser básicamente monopartidista a pluralista y su sistema electoral pasó de ser esencialmente gubernamental a autónomo. Y esa transformación del régimen puede contemplarse con toda nitidez si se contrasta la fórmula de gobernar a lo largo de la hegemonía del PRI con la actual, donde una diversidad equilibrada de partidos que coexisten en los espacios legislativos obliga a la formación de gobiernos de coalición. ¿Cómo se integran estos gobiernos?
Durante el largo lapso en que México vivió el régimen modelado por el partido hegemónico a nadie se le ocurría plantear los temas de los gobiernos de coalición. El Presidente imperial (término popularizado por Enrique Krause) llegó a convertirse en la cúspide, ordenador y árbitro en relación al resto de los poderes constitucionales y fácticos, no requería coalición alguna. Con los votos de literalmente su partido en el Congreso tenía suficiente para que se aprobara lo que quisiera. Se convirtió así en el principal legislador y no encontraba contrapesos en los otros poderes constitucionales. Existía mucha gobernabilidad y nula democracia.
Existen diversos estudios de académicos de gran prestigio como Diego Valadés, e instituciones como el Instituto de Estudios para la Transición Democrática que se han preguntado ¿qué fórmula de gobierno sería la más adecuada para fomentar al mismo tiempo el máximo de representatividad con el máximo de gobernabilidad? Y su respuesta ha sido: México debería transitar de un sistema presidencial a otro parlamentario. Hay que ajustar el sistema mixto de integración de la Cámara de Diputados para lograr una traducción rigurosamente proporcional entre votos y escaños (representatividad), en el marco de un sistema parlamentario que por supuesto supondría que si un partido en singular logra la mayoría absoluta de los asientos pueda gobernar en solitario, pero que si no, estuviera obligado a construir una mayoría que le permitiera construir gobierno (lo cual presuntamente sucedería a través de una coalición de gobierno)
Sus propuestas aparecieron oportunamente para cerrar el paso a la ola de iniciativas contra el pluripartidismo, que durante el 2012 impulsaban reformas para construir una mayoría artificial en el Congreso. Con ellas se demostró que existían salidas que no suponían una merma o supresión de la representatividad. Como se sabe, la iniciativa de ir a un sistema parlamentario puro no ha prosperado pero sí avanzó el compromiso de introducir una reforma constitucional para fomentar gobiernos de coalición. Dice ahora la Constitución en su artículo 89: “Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:… XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso… El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición”. Se trata de una nueva facultad del titular del Ejecutivo que puede eventualmente explotar una vía inédita hasta ahora para reforzar su capacidad de gobierno, fortaleciendo su base de apoyo a través de la negociación y el acuerdo políticos.
Se optó por dejar en la esfera de decisiones del Presidente la posibilidad de intentar armar la mencionada coalición de gobierno, y en el área de los partidos convocados la posibilidad de aceptarla o no. El Presidente puede hacerlo con las ventajas y desventajas del caso o mantenerse encabezando un gobierno de minoría, igualmente con las ventajas y desventajas propias. Las ventajas de una coalición de gobierno parecen claras: el Presidente contaría, de entrada, con un apoyo mayoritario en el Congreso, a condición de incorporar reivindicaciones y preocupaciones de sus coaligados, y no solo eso, tendrá que compartir la gestión de gobierno, integrando un gabinete plural. Quedarse con un gobierno de minoría –como hasta ahora- implica que cada iniciativa legislativa tiene que ser negociada y pactada con los otros de manera coyuntural, multiplicándose con ello las oportunidades para la corrupción. Por ello los gobiernos de coalición deben ser obligatorios cuando el partido mayor no es mayoritario en el poder legislativo.
