Brasilia. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Brasil recomendó este lunes abrir un impeachment (juicio político) contra la presidenta Dilma Rousseff, por supuesta malversación de fondos en cuentas públicas.
La decisión fue tomada 38 votos a favor y 27 en contra de los 65 diputados, en su mayoría opositores, que conforman esta comisión.
Ahora, la medida pasará al Senado para decidir si se inicia un juicio político. Si eso sucede, Rousseff quedaría suspendida de su cargo hasta por 180 días durante el proceso.
En una sala repleta, casi todos los legisladores mostraban claramente sus preferencias, con carteles que decían «Impeachment ya» o «Impeachment sin crimen es golpe».
El relator de la comisión, Jovair Arantes, reiteró su «convicción» de que «hay indicios suficientes de que la denunciada practicó actos que pueden ser considerados como crimen de responsabilidad», por haber autorizado gastos no presupuestados sin la autorización del Congreso en 2014, el año de su reelección, y en 2015.
El representante de la Abogacía General de la Unión, José Eduardo Cardozo, dijo ante la agitada comisión que Arantes no fue capaz de señalar ningún delito cometido por Rousseff y que la iniciativa es inconstitucional. «Es absurdo sacar a una presidenta legítimamente electa por un problema de contabilidad», afirmó.
Seguidores y opositores de la mandataria izquierdista se reunieron en la capital brasileña antes de la decisión sobre el juicio político, que podría ser sometida a votación ante el pleno de la Cámara baja del Congreso brasileño el próximo domingo.
Para evitar enfrentamientos, la policía levantó una valla metálica en la mitad de la explanada de césped frente al Congreso a fin de separar a los manifestantes rivales. La batalla por la impugnación a Rousseff ha polarizado a la nación de 200 millones de habitantes y generó un virtual estancamiento del Gobierno de la mayor economía de América Latina.
Rousseff está acusada de violar leyes fiscales
La campaña de la fórmula Rousseff-Temer en 2014 está siendo investigada por la justicia electoral, por sospechas de que recibió dinero de la red de corrupción en la estatal Petroleo Brasileiro (Petrobras), un escándalo que desde hace dos años la clase política y empresarial de Brasil, pues se ha detenido y acusado altos funcionarios, algunos de los hombres más ricos del país y a poderosos empresarios.
Una anulación de la elección provocaría la convocatoria a comicios anticipados en un plazo de 90 días, pero el Tribunal Superior Electoral (TSE) maneja tiempos largos.
El opositor Aecio Neves, que fue derrotado por escaso margen en 2014, se pronunció el lunes claramente por el impeachment, que dejaría el poder en manos de Temer.
«Llegó la hora», escribió Neves en una columna publicada en el diario Folha de S.Paulo.
Lula en sus laberintos
El ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), que echa el resto de su prestigio para salvar a Rousseff, también es objeto de una investigación como supuesto beneficiario de algunos de la red de Petrobras.
La mandataria lo nombró a mediados de marzo jefe de gabinete, pero su asunción fue bloqueada por un magistrado que la consideró como una mera artimaña para protegerle de la justicia ordinaria.
La corte suprema debe pronunciarse al respecto el próximo 20 de abril.
La posición del ex mandatario es paradójica: según la encuesta Datafolha, llegaría a la cabeza de una primera vuelta electoral, con 21 por ciento de los votos, pero es al mismo tiempo el político con los mayores índices de rechazo, superior a 50 puntos.
