San Cristóbal de Las Casas, Chis. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado de Honduras que permita la salida del ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto para que participe en las sesiones de ese organismo que comenzarán el 2 de abril en Washington, Estados Unidos, informó el abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz.
“Como Castro Soto es beneficiario de las medidas cautelares, la CIDH quiere que participe en las sesiones y cuente las condiciones del atentado y su retención en Honduras”, agregó en entrevista.
Recordó que Gustavo se encuentra en calidad de testigo protegido en la embajada de México en Honduras por una alerta migratoria de 30 días, que vence el 8 de abril, luego de que el 3 de marzo fuera víctima de un atentado en el que fue asesinada la dirigente del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), Bertha Cáceres, en La Esperanza, departamento de Intibucá.
Dijo que la CIDH otorgó medidas cautelares para los familiares de Cáceres, para los integrantes del Copinh y para Gustavo Castro y “en ese mismo pedido solicitó al Estado de Honduras que durante el próximo período de sesiones que inicia el 2 de abril comparezca, como se espera lo han los beneficiarios, para ampliar la información sobre el caso”.
Por tanto, abundó el abogado del ambientalista mexicano que dirige la organización civil Otros Mundos Chiapas, “ahora que se acerca su período de sesiones, la CIDH le envió comunicación a Honduras pidiéndole que agote las medidas necesarias para asegurar que Gustavo Castro participe en las reuniones”.
Señaló que “esa comunicación, que también se envió a Castro Soto, la presentamos ante la Fiscalía General y ante la Corte Constitucional de Honduras, que tienen pendiente de resolver dos recursos jurídicos para que el mexicano regrese a su país, con la finalidad de solicitarles que tomen en cuenta la petición de la CIDH al resolver los recursos para que los beneficiarios de la medidas cautelares asistan a las sesiones”.
De los Santos Cruz manifestó que “la misma petición se la hicimos a la jueza del caso, Victorina Flores pero no la aceptó con el argumento de que Gustavo no necesariamente tenía que participar en la reunión. No queremos litigar con ella porque es la que se ha mostrado más renuente a respetar los derechos humanos de Castro Soto, es la que más trabas ha puesto, pero confiamos en que la Fiscalía y la Corte cumplirán con la obligación de verificar que se cumpla con el respeto a los derechos humanos; ellos sí tienen que hacer un estudio” a fondo.
“Si se atiende la petición de la CIDH y si se resuelven los recursos con la urgencia que el caso amerita, Castro Soto tendía que salir antes de los 30 días de la alerta migratoria que vencen el 8 de abril”, aseveró.
