Interpondrán profesionales del Derecho recursos de amparo contra designación de Arturo Nahle

Interpondrán profesionales del Derecho recursos  de amparo contra designación de Arturo Nahle
El 18 de marzo, el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) dio la bienvenida a Arturo Nahle y Miguel Pérez después de que la 61 Legislatura del estado los designará magistrados por un periodo de 14 años ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Hay violaciones procesales en el Legislativo, que derivaron en elección del magistrado, señalan

■ Acudirán a la Función Pública para presentar una queja administrativa contra Uriel Márquez

La Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Zacatecas, la Asociación de Mujeres Litigantes de Zacatecas, los colegios de Abogados Postulantes de Fresnillo y de Jerez, entre otras organizaciones y abogados litigantes, interpondrán recursos de amparo ante la Justicia federal contra las que señalan fueron violaciones procesales dentro del Poder Legislativo que derivaron en la designación como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, de Arturo Nahle García.

José Pablo Mercado Solís, presidente de la citada federación, informó lo anterior y asimismo, que acudirán a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para interponer una queja administrativa contra Uriel Márquez Cristerna, coordinador de general Jurídico de Gobierno del Estado y encargado de integrar las ternas para la renovación de las magistraturas del TSJEZ que se propusieron al Poder Legislativo.

El no integrar perfiles adecuados para que los congresistas hicieran su elección, dijo, haría suponer falta de probidad u honradez en su función, esto es, negligencia o dolo, este último que implicaría una manipulación política del tema para que fuera seleccionado el ex procurador general de Justicia del estado de Zacatecas.

Los profesionales del Derecho organizados, estudian promover un juicio político contra los diputados que votaron la designación del ex fiscal como magistrado del TSJEZ.

“Nos hemos estado reuniendo y organizando porque hemos estado preparando el amparo que va interponerse la semana entrante”, dijo Mercado Solís, quien adelantó como probable fecha el próximo miércoles 30 de marzo.

Luego de que el 14 del mismo mes los diputados a la 61 Legislatura aprobaran con 21 votos a favor y uno en contra, la designación de Nahle García, “nosotros seguimos con la idea de que hay violaciones de origen, sobre todo una procesal legislativa. Aunado a ello no se cumplen los requisitos constitucionales”, dijo, entre los que se encuentran el experiencia y buena fama.

José Pablo Mercado Solís reiteró su opinión respecto de que entre todos los propuestos en las ternas, sólo Miguel Pérez Nungaray, quien también rindió ya protesta como nuevo magistrado, cumplía con los requisitos esenciales para poder ser postulado y luego elegido para el cargo.

Abundó sobre el requisito de experiencia al precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que debe ser por lo menos de 10 años, mismos que desde su punto de vista no se cumplen desde que se adquiere el título o cédula profesional sino se entienden “como el ejercicio de la profesión en varios campos de acción, tanto dentro como fuera del Poder Judicial, una de ellas litigar”.

Del caso concreto de Arturo Nahle García, dijo que “yo nunca he sabido que litigue o haya andado en los juzgados”, y más bien se le conoce por su experiencia como burócrata.

Trajo a colación las propias declaraciones del ex procurador de Justicia en medios de comunicación con las que replicó los señalamientos hechos por Mercado Solís sobre su función como Ministerio Público del estado, y que por tanto le impediría constitucionalmente que se erija en magistrado.

“Él desmiente esta versión de nosotros, dice, yo nunca he integrado una averiguación previa, nunca integré una carpeta de investigación, nunca asistía a una audiencia o diligencia. Entonces con ello nos está dando la razón de que no tiene experiencia procesal”.

Le preocupa asimismo que Arturo Nahle “no haya sabido siquiera interpretar la ley” cuando sostiene que no fue Ministerio Público y a la par autodefinirse como “procurador”, pues es una lectura superficial que denota falta de habilidad en una interpretación de una norma que justo debería tener un juzgador y mediante la que se daría cuenta “que él fue el Ministerio Público, era el Fiscal del estado”.

La Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Zacatecas reprueba también el que se haya propuesto al funcionario, por su falta de seriedad cuando al momento de fungir como procurador de Justicia del estado de Zacatecas hacía bromas de asuntos serios o bien señalamientos violatorios de los derechos humanos al culpabilizar a víctimas del delito, anteponiendo el criterio de su pertenencia al crimen organizado, sin haberse siquiera iniciado la investigación.

“La función de impartir justicia es lo más serio y responsable que debe existir, debe estar en manos de peritos del derecho, de gente congruente y sobre todo que tenga ciertas cualidades. Aquí no se vale por ninguna situación que se haga la mínima expresión de burla, de falta de seriedad, de señalamientos”, estos últimos que eran comunes en el ex procurador, dijo.

“Esos andan metidos hasta el ajo en la delincuencia organizada decía, sin previa investigación, sin antecedentes, en fin, con esa ligereza se juzgaba en ese momento, imaginémonos ahora”, expuso.

Los magistrados, recordó, tienen como jueces de segunda instancia, la alta responsabilidad de juzgar a seres humanos y tener en sus manos su libertad y patrimonio.

“De tal modo que tiene que ser gente sumamente íntegra. No se vale que personas que cuenten con este tipo de personalidades que son muy variantes vayan a tomar la justicia en sus manos para impartirla. Tiene que ser gente que tenga cualidades de responsabilidad, seriedad y conocimiento. Por eso a nosotros nos preocupa mucho”, mencionó.

A Nahle García se le reconocen muchas virtudes, puntualizó pero que se inscriben en el quehacer político, es en ello donde se sitúa “nuestro temor de que se politice el Poder Judicial”.

Algo que dijo, ya empieza a evidenciarse luego de las primeras declaraciones del funcionario como magistrado, pues externó ya planes de modificaciones de la función, cuando lo que se requiere es que los jueces se apeguen al marco legal, expuso.

Respecto a la actuación en este asunto de Uriel Márquez Cristerna, coordinador general Jurídico y responsable de la integración de las ternas que se pusieron a consideración del Poder Legislativo para la renovación de dos magistraturas del TSJEZ, agregó que “vemos dos aspectos muy gravosos, uno que pudo haber actuado con negligencia, que lo dudamos”, pues no supo proponer a gente realmente capacitada y profesional que reuniera todos los requisitos legales.

Esto se evidenció, expuso, porque hubo necesidad de hacer un cambio en ellas, cuando una de las personas que las integraban “no reunía el requisito legal”, y ahí pudo haber actuado con la citada negligencia, “o peor aún con dolo, para favorecer a determinadas personas como se hizo”, pues asevera Mercado Solís que los demás integrantes de la terna, “desgraciadamente como ya vimos eran simplemente para rellenar ahí y solapar que se le eligiera –a Nahle García-, y pues menos van a tener experiencia”.

“Ahí desde nuestro punto de vista estaría faltando a la probidad y honradez que son principios fundamentales de la burocracia”, lo que acusaría una manipulación política del tema, asintió.

Presume del actuar del funcionario encargado de la Coordinación General Jurídica de Godezac, “o que engañó al Ejecutivo del estado con esas propuestas o que simple o sencillamente acató la orden del Ejecutivo, que entonces ya sería aún más gravoso el asunto”, por lo que acudirán a la Secretaría de la Función Pública a interponer una queja.

Se analiza también por parte de los abogados organizados, “promover juicio político contra los diputados que votaron a favor –de la designación de Nahle García-, que prácticamente son todos, sobre todo” los que integran la Comisión de Puntos Constitucionales de la 61 Legislatura, “que debió haber revisado que cada una de las propuestas cumpliera a cabalidad.

Refirió que Susana Rodríguez Márquez, presidenta de la citada comisión, solicitó a título personal al Ejecutivo del estado el cambio de una de las personas propuestas, “cuando lo correcto era haber desechado toda la terna porque uno de los propuestos no cumplía con el requisito. Así debió haber sido, desechar la terna y solicitar al Ejecutivo que enviara una nueva pero a través de la Comisión de Puntos Constitucionales”.

Mencionó también que la reciente reforma en materia de Amparo permite a todos los ciudadanos acudir a los tribunales federales a manifestar su inconformidad y solicitar la protección de la justicia Federal cuando crean que se vulneran sus derechos humanos, lo que tiene un plazo de 15 días hábiles a partir del hecho que presuntamente los violenta, en este caso, de la rendición de la protesta al cargo, sucedida en este caso el pasado 17 de marzo.

“Estamos a muy buen tiempo todavía. Y todo aquel ciudadano que se sienta agraviado, afectado y que quiera acudir a un tribunal federal, desde luego que la Federación de Abogados está para apoyarlos”.

Agregó que “esto lo hacemos con la finalidad de salvaguardar la integridad de las ciudadanas y ciudadanos que se vean inmersos en un conflicto legal, no podemos estar en manos de gente que no cumpla el perfil para que nos juzgue porque es un derecho humano tener gente capacitada” en estos cargos.

 

 

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