San Miguel de Allende, Guanajuato. La comunidad de La Cantera, municipio de San José Iturbide, norte del estado, tiene menos de 700 habitantes. Reporta en los dos últimos años la muerte de tres niñas y dos adultos por leucemia linfoblástica aguda. Una niña mas también ha sido diagnosticada con este cáncer y está en tratamiento.
“Frente a esta cadena de tragedias –cuenta una madre de familia del lugar, Nelly Baeza– nos llenamos de dudas y de miedo. Empezamos a preguntar, a pedir apoyo del municipio, del centro de salud. Nadie nos decía nada. Hasta que un día fuimos a escuchar una conferencia sobre la contaminación de los acuíferos de Guanajuato y empezamos a entender”.
La conferencia la dictaba uno de los científicos de la región que mejor conoce la situación de los acuíferos del norte del estado, el geólogo Marcos Adrián Ortega, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM Campus Querétaro.
“Habíamos estado pidiendo consejo. Nos dijeron en la presidencia municipal: ni vayan, él cobra muy caro, en dólares. ¿Cómo le van a pagar?”. A pesar de todo acudieron a él y encontraron una mano amiga en el geólogo, que dio la casualidad que es nativo de San José Iturbide.
Para poder solicitar el apoyo de este centro de la UNAM, las mujeres de La Cantera se constituyeron en asociación civil. La llamaron “Mayoye Angelitos Guerreros” en honor a las tres niñas pequeñas fallecidas: María Fernanda López, Joselyn Soto y Yessica Aguilar.
Eso fue en marzo del año pasado. Para noviembre, ya tenían una primera respuesta.
2.6 berqueles
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) realizó una medición de radioactividad a solicitud del CG. Se determinó el agua del pozo que abastece a la población registró niveles de radioactividad Alfa global “fuera de valores de referencia en base a la Norma 127”. Los niveles encontrados en muestras registraron 2.3 bequereles por litro, cuando la norma nacional considera como el máximo aceptable 0.56 bequereles por litro. Es decir: la radioactividad del pozo de La Cantera es cuatro veces mayor que el límite permitido.
La prueba se repitió tres veces. “Se sugieren investigaciones más detalladas para identificar la fuente de esta radioactividad en el agua, que podría ser natural o asociada a la disposición de algún material en el basurero adyacente”, recomienda la investigación.
A 20 metros del pozo se encuentra un antiguo basurero, en desuso pero no clausurado. Este depósito de 30 mil metros cúbicos de capacidad recibió desde los años ochenta descargas de basura industrial de las fábricas circundantes. Quizá también recibió descargas de los tráileres que transitan la ruta hasta Texas camino a los confinamientos de desechos tóxicos al sur de la frontera.
Se trata de un antiguo basurero, en desuso pero no clausurado, que existe a menos de 20 metros de distancia del pozo. Ese depósito de residuos, de 30 mil metros cúbicos de capacidad, recibió desde los años ochenta cargas de basura industrial –líquidos y sólidos—de las industrias circundantes, entre las que se encuentra una vieja planta de Colgate-Palmolive, Mission Hilss y otras más. Quizá también recibió descargas de los tráileres que transitan la ruta hasta Texas camino a los tiraderos de derechos tóxicos al sur de la frontera.
Próximamente se establecerá en ese corredor industrial entre Querétaro y San Luis Potosí una fábrica de chocolates.
“Hasta ahora solo tenemos hipótesis –dice el investigador—pero no podemos descartar que en el pasado se hayan desechado en el lugar químicos y otros residuos tóxicos. Hay testimonios de la población en este sentido. Podría haber, por ejemplo, viejos aparatos de Rayos X, de hospitales o hasta de uso industrial para control de calidad”.
A pesar de la recomendación del CG de Juriquilla de hacer muestreos y rastreos de radioactividad en el basurero, todavía no obtienen permiso para acceder al lugar.
Leucemia ¿por falta de cuidados?
Pero a nivel de la comunidad, estas madres de familia habían obtenido otras respuestas muy diferentes y, desde luego, muy alejadas de la ciencia. En el Centro de Salud local, por ejemplo, les habían dicho que las muertes por leucemia se debían a otras causas. “Dependiendo a quién le preguntáramos nos respondían. Que si porque las familias no teníamos cuidado con los niños, que si no los alimentábamos bien y hasta a que los niños morían porque los padres se drogaban”.
El secretario de Salud estatal Francisco Ignacio Ortiz había respondido a la emergencia asegurando que “mientras los casos de La Cantera no rebasaran la media de la estadística nacional la dependencia no intervendría”. En suma, dijo el doctor, “la población no tiene porqué agitarse”. Así lo reportaron los periódicos locales.
El epidemiólogo Martín Millán, de la jurisdicción sanitaria de San Miguel Allende afirmaría que la leucemia podía originarse “por causas personales, ambientales o genéticas”.
En suma, la muerte por leucemia de cinco personas en una comunidad de no más de 700 personas no encendió las alarmas de ningún funcionario municipal o estatal.
El geólogo Ortega precisa que los casos de leucemia en La Cantera “por supuesto” rebasan la media estatal y hasta la nacional, que es de tres casos por 100 mil habitantes. Proporcionalmente, considerando el total de población de La Cantera, el Fraccionamiento La Cantera y Las Huertas, que suman menos de 1,500 habitantes, en esa comunidad la tasa en tres años fue de 67 casos por 100 mil.
Al principio del movimiento, a “Mayoye Angelitos Guerreros” los apoyó toda la comunidad. Para solicitar la intervención de los científicos de la UNAM consiguieron el aval de más de 150 firmas. Ya hacia fines de año, las autoridades municipales habían logrado dividir al pueblo y volcar contra el grupo de madres de familia fundadoras la maledicencia.
Pueblo chico, infierno grande. A Nelly y sus compañeras les empezaron a gritar “¡chismosas!” en la calle. La animadversión en su contra se reforzó cuando el municipio cerró el pozo sin previo aviso y dejó a la gente sin agua durante tres días. Le achacaron la culpa a la asociación. Abrieron el pozo nuevamente por orden de Conagua.
Hasta que habló la ciencia
Hacia fines de noviembre del año pasado, Marcos Adrián Guerrero les avisó que el segundo informe estaba listo.
“Para dar a conocerlo llamamos a una junta de toda la comunidad el 25 de noviembre”, Nelly Baeza. “Ese día había mucha agitación entre la gente. Desde el primer momento que empezamos a hacer preguntas, a querer saber qué es lo que estaba matando a nuestras niñas nuestro mayor obstáculo vino de las autoridades municipales. Pero el informe que nos leyó el doctor Marcos era muy claro: sí había un problema de radioactividad en el agua”.
Aunque los miembros del municipio habían dicho que no llegarían a la junta, al final irrumpieron, asegurando que el informe de la UNAM “estaba mal” y que ellos tenían estudios que reportaban que en el pueblo “no había ningún problema de salud”.
Al día siguiente se citó a una nueva reunión. Llegó el presidente municipal César Rodríguez Zarazúa (Partido Verde) y el delegado estatal de la CONAGUA, Humberto Navarro. Afirmaron que estudios encargados por ellos a un laboratorio privado habían descartado cualquier riesgo en el agua del pozo. Para desmentir a los científicos, Navarro, de la CONAGUA, sin quitarse el sombrero vaquero que suele usar, pidió un vaso de agua y lo tomó ostentosamente frente a la asamblea.
No lograron finiquitar con ese gesto la discusión. Las mujeres de “Mayoye” pedían el estudio por escrito y esgrimían, a su vez, el reporte del geólogo Marco Adrián Ortega. Acordaron, entonces, establecer una Mesa de Trabajo donde se convino que se realizarían nuevos estudios
Para confirmar o desechar la presencia de radioactividad fue convocado el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), único con la capacidad y las facultades para hacer mediciones de radioactividad. Y también se acordaron dos estudios adicionales. La UNAM y el municipio realizarían un nuevo muestreo para analizar, cada uno por su parte, la calidad del agua con rastreos para detectar 40 compuestos volátiles y otros tantos no volátiles. La presidencia municipal contrataría los servicios de un laboratorio privado, ABC.
Las dos partes acordaron además que ninguna informaría públicamente sobre sus resultados sin que lo harían simultáneamente y de manera conjunta.
“Pero incumplieron –expresa Nelly Baeza–. En enero CONAGUA anunció que sus estudios habían determinado que el agua del pozo de La Cantera era apta para el consumo humano. Como la vez anterior, no presentó ningún documento por escrito. ¿Porqué lo hizo? Si no estamos jugando a ver quien gana y quien pierde. Aquí lo que está en juego es la respuesta a una pregunta muy delicada. No sabemos si es algo que está en el aire, en la tierra o en el agua pero sí vimos que es algo que puede matar. Lo que queremos es la verdad”.
Mientras tanto, las autoridades municipales no han autorizado que el ININ y el Centro de Geociencias vuelvan a tomar muestras para completar el estudio acordado, a pesar de que lo solicitaron hace cuatro meses. Pero CONAGUA e incluso Cofepris han acudido en a lo largo de enero y febrero a tomar muestras, en acciones que no han sido reportadas a la Mesa de Trabajo.
“¿Si dicen que no hay nada porqué toman tantas muestras?”, se preguntan las activistas. La Asociación dirigió hace unas semanas una nueva carta al rector de la UNAM Enrique Graue, pidiéndole que la universidad nuevamente les brinde su apoyo y permita que el CG continúe la investigación.
“Y mientras pasan los días, abrimos la llave y ya no sabemos qué llega junto con el agua a nuestras casas”, María Luz Reséndiz, también integrante de “Mayoye” y madre de tres chicos.
