“Que no nos extrañe. Los abogados del estado de Zacatecas, simplemente, y aclarando que no por razones personales, no podemos quedar conformes con la designación de dos magistrados al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas”, comenta vía electrónica el conocido abogado litigante, mi amigo, Martín Balderas.
Y sigue diciendo: “Cargos de Magistrado es igual a tener amigos afines en el sector político, o bien ser parte de la llamada ‘clase política’…”
En tanto que el también litigante Lic. Pablo Mercado, por el mismo medio afirma en relación con la designación de dos magistrados a propuesta del gobernador: “…creo que como estudiosos del derecho no debemos de quedarnos callados, y es necesario manifestar la inconformidad…Este martes fue lacerada la dignidad de la comunidad jurídica”, agrega.
No es mi intención defender a un gobernador cuyos abusos han sido mayores a los que criticaba de su antecesora, sólo que, en el caso de las facultades que los gobernadores tienen, aparece precisamente la de proponer, con libertad de criterio, a los magistrados al Tribunal Superior de Justicia. El Ejecutivo hace uso, y en ocasiones abuso de sus facultades y los favorecidos sólo se dejan querer.
Al efecto el artículo 96 de la Constitución Política del Estado dice que “Para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el gobernador del Estado someterá una terna a consideración de la Legislatura…” Los abogados, jueces y diputados saben del tratamiento que se da a la terna, donde el favorito es designado de antemano por el Ejecutivo. Lo demás es circo legislativo.
Así ha sido y así será en tanto no sea reformada esta disposición de corte porfirista que, más que lacerar la dignidad de los abogados, vulnera la autonomía del Poder Judicial y ha hecho de este poder, la “secretaría de Justicia” del ejecutivo, al designar inclusive al Magistrado Presidente, quien frecuentemente se convierte en acompañante para actos oficiales.
Un dejo de dignidad ocurrido hace semanas, permitió la llegada a la Presidencia del Tribunal a un magistrado que viene de la carrera judicial, que no es hombre sumiso y que no deriva de propuesta del Ejecutivo. Bien por los magistrados votantes, porque eso puede ser el principio de la autonomía real del Poder Judicial.
Lo deseable es que, quienes tienen capacidad de convocatoria, promuevan reuniones de análisis, a fin de elaborar la iniciativa que, reformando la Constitución Política del Estado, registre una forma democrática y socializada para la designación de los magistrados. El colectivo de jueces podría ser quien estructurara las ternas, por ejemplo.
Lo importante es que la semilla para el cambio ha sido sembrada: Los jueces exigen que en lo sucesivo se establezca una auténtica carrera judicial, a fin de que los mejores impartidores de justicia, sean considerados en las propuestas para las magistraturas, lo cual es correcto.
Y, no únicamente en el caso del poder judicial se imponen reformas a la legislación para la democratización y socialización de algunos cargos de suma importancia. Los abogados debieran entrar al estudio de la ley que establece los mecanismos para la designación de notarios.
Refiere la ley la práctica de la función notarial y la presentación de exámenes de oposición. Es sabido que los notarios expiden las constancias de prácticas sin que estas se hayan llevado a efecto y que el resultado de los exámenes es consecuencia de la recomendación del gobernador, dada la conformación del jurado que prácticamente es integrado por empleados del ejecutivo.
Socializar el mecanismo para la designación de los notarios nos llevaría a varios beneficios en la fe pública: Los costos del servicio disminuirían considerablemente, la función fedataria alcanzaría al registro de actos arbitrarios de servidores públicos, los partidos políticos podrían contar con notarios en los procesos electorales que hoy son negados a los opositores al régimen en turno y lo más importante, las notarías serían un reconocimiento a toda una vida al servicio de la justicia o al servicio público.
Por eso mi propuesta concreta es que cualquier licenciado en derecho (juez, litigante, ministerio público, empleado del gobierno o político inclusive) pueda acceder al otorgamiento de la función notarial: tener más de veinte años en servicio, honestidad probada, no haber sido condenado por delito intencional y el deseo de ser notario serían suficientes. Obtener una maestría en derecho notarial sería el complemento.
Si los abogados no atienden a propiciar las reformas necesarias para el cambio, al final de sexenio estarán reclamando que el gobernador dispuso de varias notarías para sus amigos y en función de sus intereses.
Y en cuanto al nombramiento del Licenciado Miguel Pérez Nungaray, así como del Licenciado Arturo Nahle como nuevos magistrados, es de deber reconocer en Pérez Nungaray amplia capacidad y honestidad. Igual en Arturo Nahle, a quien a veces se le pasan las bromas. Su forma de ser de ningún modo lo demerita. ■
