En México, los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos son los propios servidores públicos (incluidos aquí policías, integrantes de los tres niveles de gobierno y de las fuerzas armadas, entre otros).
En segundo término están los particulares
y los agresores no identificados
, de acuerdo con un documento de la Secretaría de Gobernación (SG), en el cual se detalla la operación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De octubre de 2012 a febrero pasado, la Junta de Gobierno de este mecanismo, en el cual participan funcionarios y grupos civiles, había aceptado 299 de 369 solicitudes de comunicadores y activistas, después de comprobarse que se hallaban en situación de riesgo o eran blanco de ataques debido a su actividad.
