Los delitos electorales tienen su historicidad: cambian según evolucionan las circunstancias. Los delitos que hicieron leyenda como robo de casillas, embarazo de urnas, el famoso ratón loco o cambio de lugar de casillas, y algunas formas clásicas de fraude directo ya no se ven. Pero hay otras formas de eliminar el voto libre: compra, coacción, captura clientelar del voto son maneras actuales de conseguir sufragios que pervierten la esencia del proceso electoral. La idea de que las personas manifiesten su voluntad libre para poner los gobernantes se puede anular cuando las mismas renuncian a su capacidad electiva y venden el voto o lo intercambian por favores o regalos. Diversas maneras que se engloban en el llamado “clientelismo electoral”.
El clientelismo es una manera compleja de conducta política: tiene diversos modos de aparecer. Una manera clásica es la estructura autoritaria, que consiste en el intercambio de protecciones particulares por apoyo político, del reparto de rentas públicas para el beneficio de grupos particulares; usando las conocidas organizaciones corporativas. Es la forma clásica a través de la cual se conoció al PRI. Pero también hay un clientelismo no-autoritario, donde el favor o el regalo son el centro de operación. En las últimas mediciones, 11 por ciento de los electores aceptó haber recibido algún regalo a cambio de su voto. Y los partidos más oferentes de regalos son el PRI (48 por ciento de los regalos), el PRD y PAN, empatados con 18 por ciento cada uno. Y otro partido que cubre la mayoría de su votación con esta práctica es el PT. La población más vulnerable está ubicada en las zonas rurales, los sectores empobrecidos de la población, polígonos muy competidos electoralmente y capas de muy bajo nivel de escolarización.
Como podemos observar, son muy avanzados los estudios y mediciones para acotar los lugares donde ocurren los delitos electorales. Por ello, no hay explicación legítima que nos haga entender por qué la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, no tenga una actuación relevante en la pesca de delitos y delincuentes electorales. Su omisión es de mismo tamaño del problema: enorme. Toda la información que logran recabar los investigadores sociales, que llega a ser minuciosa, la Fiscalía oficialmente la ignora. Las posibilidades para lograr integrar investigaciones son formidables, pero no lo hacen. Esperan que entren las denuncias para hacer algún esfuerzo de investigación. Y la pregunta es, ¿los contratantes de prácticas clientelares, harán las denuncias correspondientes? ¡Claro que no! Así que ese delito continuará impune y, por tanto, corrompiendo personas y definiendo elecciones. Lugares, sujetos, mecanismos de actuación, y todo el contexto de la acción de los delincuentes electorales es de sobra conocido, y sólo la autoridad no lo sabe. Por ello, si no se modifica el modo de actuar de la Fepade, la democracia estará capturada y las autoridades deslegitimadas.
