■ Primero deberá invertirse en abatir los rezagos en infraestructura social básica, dice
■ Hasta ahora no hay necesidad de hacer un llamado para modificar los lineamientos, opina
Por el momento, la administración estatal no ve con preocupación la cantidad de recursos que recibirá el municipio de Mazapil del Fondo Minero, expuso el secretario general de Gobierno, Jaime Santoyo Castro, ya que primero deberá invertirse en abatir los rezagos que existen en infraestructura social básica.
El funcionario sostuvo, por tanto, que hasta ahora no hay necesidad de hacer un llamado para modificar los lineamientos en la aplicación de este dinero, aunque reconoció que, de requerirse, la administración estatal “haría la propuesta para que se abriera un poco” el campo de acción que se tiene ahora.
No obstante, Santoyo Castro consideró que estas posibilidades de invertir los recursos “no están tan acotadas”, sino que lo único que se requiere por parte de los ayuntamientos es tener “capacidad creadora” para proponer acciones.
Expuso, en este sentido, que el fenómeno que se ha advertido con la llegada del dinero del Fondo Minero es que ésta se ha dado “de repente y no hay costumbre de elaborar proyectos productivos”.
Además, el secretario general de Gobierno apuntó que antes de iniciar con otro tipo de planteamientos para estos recursos se tiene que buscar incidir en las necesidades de infraestructura social básica.
En ese tenor, comentó: “qué ganamos con crear una Universidad del Campo si no se tiene luz, agua…los satisfactores básicos. Es una población con una amplitud territorial y dispersión demográfica muy amplia y se tendrá que atender primero eso y luego ya crear otras esferas de desarrollo”.
Dijo que la conformación de lineamientos en este tipo de presupuestos es indispensable, ya que hay antecedentes de mala aplicación de recursos por parte de los municipios, por ejemplo, en lienzos charros y otros espacios que no abonan al desarrollo y bienestar de todos los habitantes.
Por tanto, Santoyo Castro advirtió que eran necesarios los reglamentos “para que no vayan a ocuparse los recursos en cosas que no abonan al desarrollo ni generan posibilidades de crecimiento”.
Concluyó que la creación de este fondo es “un acto de justicia” y que el dinero tendría que destinarse, después de la infraestructura social básica, a proyectos que generen alternativas de desarrollo después de que se terminen las reservas mineras y las empresas abandonen el lugar.
Gobierno, incapaz de atender el impacto negativo
del sector minero en el estado: García Zamora
El Fondo Minero al que tendrá acceso el municipio de Mazapil no será utilizado en políticas de desarrollo comunitario o en medidas para resarcir los daños ambientales provocados por las empresas, sino en infraestructura, lo que evidencia la incapacidad de los tres niveles de gobierno para atender el impacto negativo de ese sector productivo en el estado.
Rodolfo García Zamora, director de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), señaló que “no existe ninguna estrategia del gobierno” y solamente quedaría como alternativa que las comunidades generen sus propias propuestas.
Mencionó los problemas que se han presentado en Salaverna, San Tiburcio, Chalchihuites y Ojocaliente, y el resultado es que las comunidades han sido fracturadas y sus líderes encarcelados por atreverse a cuestionar los daños que estaban generando las empresas mineras.
Respecto a la declaración del delegado de la Sedatu que en tres años Mazapil estará saturado de obras de infraestructura por el uso de los recursos obtenidos mediante el Fondo Minero, lamentó que no hay referencia alguna al tema del empleo, el bienestar o el medio ambiente.
Ello significa que el municipio, Gobierno del Estado y las autoridades federales carecen de propuestas serias para generar desarrollo comunitario y territorial en materia de empleo, bienestar social o para revertir el impacto ambiental irreversible.
“Este impuesto minero que recientemente se aprobó en el Congreso es la única pequeña contraparte que las grandes corporaciones mineras están aportando a las comunidades donde se han establecido. Entonces ¿Cuál es el proyecto que tienen el gobierno federal y estatal frente a los impactos negativos de la gran minería y frente a reducidos impactos positivos como es este limitado aporte?”, cuestionó García Zamora.
Recordó que en 2011, Peñasquito obtuvo utilidades por 4 mil 600 millones de dólares y solamente dejó en el estado el 0.04 por ciento, lo que refleja la asimetría entre la riqueza que generó la empresa y la insignificante aportación a la entidad, cuyo 45 por ciento del territorio está concesionado a la megaminería.
“Incluso sería importante cuidar la no intervención de estas grandes compañías mineras financiando algunas de las campañas políticos, porque no es gratuito que las empresas canadienses hayan nombrado a Alonso como ‘el gobernador minero’, por su subordinación irrestricta a sus intereses”, sostuvo.
Reiteró la importancia que haya propuestas para vigilar que esas corporaciones no aniquilen el medio ambiente o las comunidades, y por el contrario, convertirlas en corresponsables en los proyectos de gestión territorial y generar proyectos productivos alternativos para enfrentar los impactos negativos que están generando las mineras.
Por ejemplo, García Zamora se refirió el caso reciente en Fresnillo, donde una compañía minera tuvo un derrame tóxico de más de 400 toneladas y no hubo alguna intervención por parte de las autoridades estatales y federales.
En ese sentido, señaló que las Unidades Académicas de la UAZ tienen el reto de proponer proyectos de desarrollo en las diversas regiones del estado, sobre todo en el actual contexto en el que la Universidad es cuestionada.
“La Universidad debería mostrar toda su capacidad con los estudios diagnósticos de los impactos negativos de la megaminería, pero también con propuestas específicas de desarrollo regional a nivel económico, de empleo, de medio ambiente, de educación y de la capacitación de las comunidades”, puntualizó.
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