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jueves, 28 marzo, 2024
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Topo Chico: una masacre anunciada

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Por: La Jornada • Admin •

Monterrey, NL. “Fue una masacre anunciada”, dice María Zúñiga Palomares mientras espera en la fila noticias de su hija Cruz Idalia Araiza, recluida en el penal del Topo Chico. “Tarde o temprano iba a pasar esto. Los Zetas son los dueños de la cárcel y al gobierno lo sabe, pero le vale; no le duelen nuestros hijos”.

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El motín y la riña, iniciada la madrugada de ayer en el centro penitenciario, entre los líderes rivales del cártel del Golfo Jorge Iván Hernández Cantú, alias el Comandante Credo y Juan Pedro Saldívar, el Z27, dejó como saldo 49 reos muertos y 12 heridos, algunos de ellos de gravedad.

Los familiares esperaron entre ocho y diez horas para saber el estado en el que se encontraban los reos. El gobierno fue entregando listas preliminares, mientras más de diez camionetas del Servicio Médico Forense fueron sacando los cadáveres durante la mañana, algunos de ellos calcinados.

Según los familiares entrevistados por La Jornada, el penal del Topo Chico, había estado controlado durante años por los Zetas, pero luego de la llegada en el 2012, del Comandante Credo, líder del Cártel del Golfo, el dominio se dividió y desde entonces inició una disputa, agudizada desde el pasado mes de noviembre, cuando fue trasladado del penal de Matamoros, Tamaulipas, el Z27, jefe de la plaza regional, recluido hace tres años por el asesinato del turista estadunidense David Michel Harley y por los ataques contra agentes del ICE (oficina de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos) en San Luis Potosí.

La batalla campal entre ambos líderes y sus respectivas bandas, inició en los módulos del penal identificados como el C2 y el C3 con un incendio provocado, lo que provocó que muchos reos salieran por las ventanas de sus celdas para resguardarse en el techo. Un video grabado por un vecino que vive frente al penal, muestra como los reos golpean a un recluso hasta matarlo.

Los familiares fueron llegando desde la madrugada a las afueras del penal donde se vivieron momentos de angustia y dolor. El portón de la cárcel fue abierto a empujones y la directora de la cárcel Gloria Salazar recibió un sonoro abucheo y fue necesario resguardarla luego de que le arrojaran algunas piedras.

También la presidenta de la Comisión Estatal del Derechos Humanos, Catalina Teresa Rivera Díaz, fue subida a un coche luego de ser alcanzada por empujones de reclamo por parte de los familiares, después de informar que habían trasladado a 72 reos hacia el estado de Durango.

“Todos lo sabían”

Alrededor de las once de la mañana se permitió la entrada de los familiares al penal para visitar a los reos. El padre de Luis Carlos Montemayor salió dos horas después con el rostro desencajado: “No está aquí. Mi hijo es uno de los muertos”, dijo llorando.

Su hijo de 26 años, estaba en el módulo A-13 y fue sentenciado a siete años por una riña: “La situación era insostenible. Todos lo sabían. Ellos (reos) no podían hablar, solo aguantar. El gobierno no tenía el control del penal y sabía que esto iba a pasar tarde o temprano”.

Efectivamente, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo en conferencia de prensa que no tenían el control del penal: “estamos viviendo una tragedia derivada de la situación tan difícil en que se encuentran los centros penitenciarios”.

El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, el general de división Cuauhtémoc Antúnez, reconoció sin ambages que el gobierno no tenía el control de ninguno de los tres centros penitenciarios: Topo Chico y Apodaca en poder de los Zetas, mientras Cadereyta controlado desde hace años, por el cártel del Golfo.

Drogas, prostitución, extorsiones…

El penal del Topo Chico fue inaugurado en 1947 y actualmente sufría hacinamiento con una población de 3 mil 800 reos, entre hombres y mujeres, algunas de ellas, con sus bebés hasta los cuatro años.

Las riñas y motínes han marcado su historia. Hace cuatro meses asesinaron al líder Zeta, Mario Alberto Roldán Zúñiga alias “El Fresa” y resultaron heridos 11 reos.

El cobro de las llamadas “cuotas” era conocido también por todos, dice Basilisa Romo Loera, madre de Guillermo Encinia: “A mi me cobraron 35 mil pesos. Los fui pagando por semana. Si no pagaba no me aseguraban la vida de mi hijo. Lo fui consiguiendo poco a poco. Quiero que sepa que a veces no tengo ni para el autobus, pero aquí estoy”, dice al salir del penal luego de ver a su hijo que estaba en el módulo C2, justamente uno de los lugares donde ocurrieron los hechos.

Tiene 73 años y dice que su hijo lleva tres años recluido y fue testigo de lo que sucedió: “No me pudo contar nada. No los están dejando hablar. Solo nos permitieron verlos para saber que estaban vivos y él me dijo: “Mamá no se preocupe”, pero yo se del peligro que viven allí adentro”.

En ese sentido, Martín Sánchez, director de Renace, organización dedicada a defender reos de bajos recursos, dijo en conferencia de prensa, que esto ya se veía venir precisamente por la sobrepoblación y la falta de infraestructura moderna del penal: “Todos sabían que desde hace muchos años el Estado no tenía el control de éste reclusorio sino los gruposcriminales”.

El tráfico de drogas era también cotidiano y en particular la explotación sexual de las mujeres que eran obligadas a ofrecer servicios sexuales a reos y custodios, según dice Olga Leticia Garza, cuya hija de 22 años lleva tres años recluida en el penal: “Ellas no deberían estar allí. Sufren mucho porque las obligan a eso. Yo le pido a Dios que haga justicia. Dicen que el Bronco dejo que sucediera esta masacre porque aquí están los Zetas que secuestraron a su hijo, pero no lo veo justo, no por eso van a matar inocentes”.

María Zúñiga Palomares coincide en denunciar la situación de “esclavas sexuales” que viven las mujeres recluidas en el Topo Chico, como su hija de 32 años años, cuyos tres hijos están bajo custodia del DIF: “Hacen lo que quieren con ellas. Esto fue una masacre que sabíamos iba a suceder. La misma autoridad mata a los reos. Nosotros ya supimos que fueron ellos los que provocaron el incendio. Todo es un cochinero”.

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