■ Sefin propone distribución por capítulos, en lugar de hacerlo por programas específicos, explica
■ El Legislativo debe asignar 0.014% del gasto total programable del Presupuesto de Egresos, dicen
El diputado perredista Iván de Santiago, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, dijo que la omisión en la etiquetación de recursos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas se debe “al diseño presupuestal” que en Zacatecas “encierra muchas lagunas”. Esto se debe expuso, a que la Secretaría de Finanzas (Sefin) propone su distribución por capítulos respecto a cada dependencia, en lugar de hacerlo por programas específicos.
La omisión “ha sido una falta de prioridad de este gobierno”, comentó, no sólo para el tema de este fondo resarcitorio que deriva del cumplimiento tanto a la Ley General de Atención a Víctimas y su correspondiente estatal, sino que ejemplificó, para el caso de los recursos ya especificados para los ex braceros, “porque aunque aparezcan en el decreto con una cantidad, simple y sencillamente no se les paga”.
Al momento, sobre este último tema dijo que apenas se están entregando recursos programados para 2014, por lo que el Gobierno del Estado ha acumulado una deuda “importante” con los ex trabajadores migrantes.
En respuesta a que la Ley de Atención de Víctimas del Estado de Zacatecas especifica la obligación de destinar los recursos para este fondo al Poder Legislativo, a quien le mandata asigne cada año para este propósito 0.014 por ciento del gasto total programable del Presupuesto de Egresos, contestó que “los asuntos sí se tocaron y fueron motivo de discusión en las mesas”, pero “desafortunadamente no hubo condiciones para sacarlos adelante, ya que de entrada en la iniciativa del Ejecutivo los omitía y en el momento en que la oposición propuso se iban quedando de lado”.
Mismo caso ocurrió para la iniciativa impulsada por la también diputada perredista Eugenia Flores Hernández, respecto a etiquetar recursos para cuidadoras de personas con discapacidad, o el incremento al presupuesto a la beneficencia pública, dijo.
“La presión por sacar un presupuesto pudo haber generado que esta omisión se diera de forma ya generalizada. Y yo creo que el PRI encontró el pretexto ideal para tratar de dejar fuera todos estos temas, puesto que no se autorizó la cantidad de empréstito que estaba solicitando”, expuso.
También la procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema Estatal DIF, Lorena Lamas Arroyo, ha expuesto que para enfrentar las nuevas obligaciones que le mandata la ley, la instancia dependiente del Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia requiere 15 millones 262 mil 520 pesos, con los que deben sustentarse entre otros gastos, la contratación de 18 asesores legales para menores, uno por cada distrito judicial del estado y más personal de apoyo, entre él, abogados, psicólogos y trabajadoras sociales.
Estos recursos que derivan también de recientes reformas, éstas, a la Ley de General de Niños, Niñas y Adolescentes y a su correspondiente estatal, tampoco fueron etiquetados en el Presupuesto de Egresos del estado para este 2016.
Aquí, distinto a lo expuesto por la funcionaria, Iván de Santiago dijo que los recursos para los salarios de estos nuevos funcionarios sí fueron previstos dentro del capítulo 1000 para este ejercicio fiscal.
Dijo acerca del SEDIF que los recortes se hicieron en “programas donde se puede prescindir incluso con algunas economías”, dejando de hacer eventos sociales o cívicos o festejos, por lo que de esta manera se puede generar una bolsa de recursos para el tema.
Sobre el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas y “para cumplir con la Ley”, dijo finalmente, “debe retomarse, yo creo que tendríamos que organizar algún tipo de presión” para la asignación de estos recursos por parte de la Sefin. “No es una cantidad gravosa, es totalmente atendible, creo que es más de voluntad política y ojalá que las autoridades estatales se sensibilicen con el tema”.
