En los últimos 22 años (de 1993 a marzo del 2015), en el conjunto de la deuda de los estados y municipios del país pasamos de 18 mil millones de pesos a 510 mmp. Es un dato alucinante que aporta la Secretaría de Hacienda. Pensaríamos que los municipios llevarían el peso más importante de este adeudo, peor no, las entidades federativas cubren 90 por ciento de la lápida. Con este último empréstito, Zacatecas pasaría de un salto a estar entre los 5 estados más endeudados por distribución per-cápita en el país. Incluso arriba del Distrito Federal que en términos absolutos es la entidad con más carga (65 mmp), pero con 7 mil 400 pesos de imposición por persona. Pero esto no es lo más grave, sino el destino de esos recursos: la mayoría va a cubrir gasto corriente, y además no se ha justificado el destino de los préstamos anteriores. Ahora que el tema de la deuda es un problema mayúsculo del manejo de las finanzas públicas, es extraño que no exista legislación que las regule. Se debe normar el uso o destino de los empréstitos haciéndolos exclusivos para inversión y nunca para nómina, además de hacer obligatoria la escrupulosa comprobación del uso debido de los mismos. Sin olvidar el mecanismo de su aprobación.
Otro elemento de altísima preocupación es que los criterios de los legisladores para aprobar los presupuestos y el déficit contenido en ellos, no es por medio de cálculos de beneficios a la población o debates de economía del sector público para detonar el crecimiento económico, sino simple contubernio de beneficio privado entre autoridades: a los diputados federales les dieron 20 millones (para gestión) a cada uno, con lo que sumaron una bolsa de 10 mil millones de pesos; cantidad superior a los 8 mil millones que ocupan las universidades estatales para sanear sus finanzas. Y el antecedente de los 100 mil pesos de los diputados locales de la 60 Legislatura a cambio de su voto para aprobar el presupuesto. Sin contar los múltiples mecanismos indirectos de compra de la voluntad de los legisladores, como los recursos aprobados por proyectos de gestión a través de diversas ventanillas de los programas sociales.
Como observamos, es una máquina que funciona con un solo combustible: dinero. Ni el costo político parece preocuparles, porque las elecciones no las ganan con opinión pública positiva, sino con uso de recursos sobre votos-clientes; y dichas votaciones les vuelven a dar mayorías en las cámaras legislativas para aprobarse los recursos: así en círculo se reproduce el vicio. Toda la máquina se mueve con dinero y lo hace para obtener dinero. Las funciones del Estado de garantizar seguridad, combatir la pobreza, aumentar la cobertura educativa, mejorar la atención de salud o impulsar el empleo, etcétera, se convierten en pretextos para hacer los movimientos financieros que, claro está, no son realmente atendidos. El círculo vicioso arriba descrito tiene el mayor vicio de todos: está fuera de la intervención real de los problemas públicos del estado. Es una dinámica de gasto arbitrario a costa de deuda, la cual paga (con sus intereses) el sacrificio de la población. ¿Cuándo se detendrá esta máquina de Pandora, productora de males sociales?
