En su Artículo 39 nuestra constitución estipula que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” Lo que significa que los poderes y las instituciones públicas solo se justifican cuando procuran el bienestar de todos y que, de no ser así, el pueblo soberano puede decretar su extinción y la creación de otras.
Ese es el fundamento constitucional de la convicción de que es inadmisible que del seno de corporaciones que debieran garantizar la paz, la seguridad y la integridad física de las personas surjan agresiones criminales contra cualquier ciudadano. Por ello, en distintos casos referidos por los medios de comunicación nacionales, como el injustificado y criminal ataque con armas de fuego por la fuerza pública contra civiles en su mayoría desarmados –o provistos únicamente de palos– y un gravísimo atropello a los derechos humanos ocurrido en Apatzingán la mañana del 6 de enero pasado, comparable a lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, estado de México, y también, posiblemente, al ataque policial a un rancho en Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de este año, y en otros como el que hoy publica nuestro diario, afirmamos que el encubrimiento y la impunidad deben ser cortados de tajo, pues cuando no se hace justicia ante atropellos de las fuerzas públicas civiles y militares se alienta la repetición y la multiplicación de violaciones a los derechos humanos y, con ello, las instituciones socavan su propia autoridad ante la población y trazan una ruta corta a la ingobernabilidad.
Es necesario señalar que los reportes de diversos organismos de derechos humanos refieren que los informes de las corporaciones policiacas y de las necropsias y peritajes de las procuradurías están plagados de imprecisiones e inconsistencias que muestran el empecinamiento de las autoridades en negar su responsabilidad y en encubrir a los autores materiales e intelectuales de esos ataques y abusos y que, además, las investigaciones independientes enfrentan diversos obstáculos interpuestos por efectivos y mandos de la Policía Federal y las procuradurías estatales.
El quebrantamiento del estado de derecho por parte de las corporaciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos, en especial por parte de miembros de las fuerzas armadas que ahora ejercen funciones propias de la policía, es muy grave porque representan el último asidero de la confianza de la población en las instituciones públicas. Ante el desprestigio de la clase política, de los partidos políticos, de las dependencias encargadas de la procuración y la administración de justicia, la población depositó sus esperanzas en el despliegue de nuestras fuerzas armadas con el propósito de recuperar tranquilidad por la disminución drástica de la violencia y la inseguridad, pero si esa confianza se pierde ya no existe otra instancia y la desesperanza se generalizará. Exijamos con determinación a todas las autoridades que en todos los casos ejerzan sus funciones en el marco de la ley.
