Desde hace 3 años, jornaleros desaparecidos por presuntos federales son buscados por sus familias
Photo Credit To Amado Delgado, Ismael Rodríguez, José Castillo, Juan Carlos Delgado, Nectalí Delgado ■ fotos: cortesía

Desde hace 3 años, jornaleros desaparecidos por presuntos federales son buscados por sus familias

■ Familiares buscan a cinco jornaleros desaparecidos hace tres años en Villa González Ortega

■ Policías federales, presuntos responsables de la desaparición, acusan los padres
■ En más de 3 años, la Procuraduría no tiene avances en la investigación, lamentan
■ Regresen cuando tengan nueva información que aportar, dijo el MP a las familias
■ Diez niños esperan el regreso de sus padres, a quienes tres conocen sólo en fotografías

Ya son 39 meses desde que tres familias del municipio Villa González Ortega buscan incansablemente a sus hijos en penales, morgues y cuarteles, cinco jornaleros agrícolas vistos por última vez cuando, por causas desconocidas, fueron detenidos por presuntos policías federales.

Al recordar la ausencia de sus tres hijos, a don Benjamín Delgado Mercado se le hace un nudo en la garganta pero no duda en decir que las autoridades los han dejado solos en su búsqueda. “Desde un principio, se vio que el gobierno no dio el apoyo en nada (…) cómo les iba a interesar si ellos eran los meros que hicieron las cosas”.

Doña Alejandrina Muñoz Castañeda olvida otras fechas pero no el siete de agosto de 2012, cuando en la tarde recibió la noticia de que su hijo Ismael Rodríguez de 30 años había sido detenido, y recuerda los hechos que la comunidad Estancia de Ánimas de Villa González Ortega aún no olvida.

Eran las 3:30 de la tarde, narra, cuando más de 10 patrullas con presuntos federales encapuchados allanaron el rancho Los Pirules, propiedad del señor Juan Frausto, y se llevaron a siete jornaleros que se encontraban limpiando ajo.

De acuerdo con al menos 16 trabajadores que estaban en el mismo rancho, testigos de la cabecera municipal de Villa González Ortega y de comunidades aledañas, refieren que el convoy de patrullas salió rumbo a la carretera que lleva a San Luis Potosí, mientras un helicóptero con logotipos de la corporación federal sobrevolaba la zona. Todos dicen, es que sí eran federales y el helicóptero, yo lo vi, relata la madre de uno de los jóvenes.

De lo siete jornaleros entonces detenidos, dos fueron liberados cerca del municipio de Pinos y dicen desconocer el paradero de los cinco restantes. Se trata de los hermanos Amado, Nectalí y Juan Carlos Delgado Rodríguez, así como de José Castillo Aguayo e Ismael Rodríguez Muñoz.

Para las tres familias ese día comenzó un suplicio que aún no termina. La señora Alejandrina cuenta que ese mismo día se trasladaron a la capital zacatecana y visitaron los hoteles donde entonces se hospedaban policías federales, quienes negaron tenerlos; y en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) no les aceptaron en un primer momento la denuncia por la desaparición de sus hijos.

Por recomendación de los propios federales, fueron a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), antes la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), en la Ciudad de México, sin tener éxito.

Díganos la verdad si los tienen vivos o ya los acabaron, díganos. Nosotros lo que queremos saber es dónde los dejaron o qué les hicieron, refiere el padre de José Castillo al recordar su acercamiento con esas autoridades.

El 29 de agosto de ese mismo año, por fin la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ) admitió la denuncia luego de que en un evento público del gobernador Miguel Alonso Reyes, en la cabecera municipal de Loreto, los padres de familia se manifestaron logrando que fueran canalizados con el entonces secretario general de Gobierno, Esaú Hernández Herrera, quien prometió ayudarlos y sólo los turnó a la dependencia estatal.

Llevaron una carta al gobernador, la tomó y dijo que (…) la iba a ver, yo creo que la aventó, yo creo la tiró.

Tras cinco muertos que hubo durante una balacera ocurrida en Villa González Ortega, en agosto fue la primera vez que tuvieron que ir a una morgue para reconocer entre cadáveres si alguno era el de sus hijos. Ese reconocimiento lo hicieron por recomendación de la entonces subdelegada de la PGR de quien no recuerdan su nombre, pero sí, que se negó a aceptarles la denuncia.

No sería la primera vez que los buscarían entre cadáveres. Cada vez que se enteraban del hallazgo de cinco cuerpos acudían con la esperanza de que fueran los suyos. Así fueron a la morgue de San Luis Potosí, Aguascalientes y hasta Veracruz. Incluso en este estado, la Marina prometió ayudarlos.

Don Benjamín Delgado lamenta que las autoridades nunca han estado de su parte. No sólo se tardaron en admitir la denuncia, sino que la PGR se declaró incompetente y turnó el caso al Ministerio Público número cuatro para asuntos especiales de la PGJEZ, donde les dicen que la investigación sigue abierta.

En la PGR, mediante el programa de apoyo a familiares de personas extraviadas sustraídas o ausentes, solamente les ayudaron a difundir las fotografías de los cinco jornaleros. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a pesar de recibir una queja, no ha emitido ninguna recomendación.

En tres años y tres meses, no hay avances en la investigación. Siguen sin conocer el paradero de sus hijos; en la fiscalía estatal sólo los citaron a declarar en dos ocasiones para preguntarles qué información tenían.

 

No saben por qué se los llevaron

De la inocencia de los cinco jornaleros agrícolas nadie tiene duda: ni sus padres, amigos y habitantes de la comunidad Estancia de Ánimas. Para la búsqueda de los desaparecidos sus familias han recibido desde muestras de solidaridad hasta dinero para ayudarles a que fueran a la Ciudad de México a las marchas encabezadas por el poeta Javier Sicilia, a las oficinas de Pro Víctima y la CNDH con la esperanza de encontrarlos.

“Nosotros no tenemos los medios, pero con la ayuda de la gente (hemos podido viajar). Así como hay gente mala hay gente buena también y nos han apoyado mucho. El único que no nos apoyó fue el presidente (municipal, José Ángel Facio Vázquez)”.

¿Por qué se los llevaron si no eran delincuentes? Es la pregunta que no ha dejado de hacerse José Castillo, padre de uno de los desaparecidos, sin que hasta el momento encuentre una respuesta.

 

Huérfanos de la justicia

La ausencia de los cinco jóvenes no sólo ha marcado la vida de sus padres y esposas, sino también las de sus 10 hijos que crecen en la orfandad. Tres de ellos ni siquiera los han escuchado sonreír o nombrarlos hijos.

Nectalí Delgado Rodríguez tenía 35 años cuando salió de su casa a la que no regresó y en la que dejó a su esposa embarazada, quien hoy cuida sola de una niña de tres años.

Amado Delgado Rodríguez, en 2012, tenía 32 años y era padre de una niña de dos años que hoy es la única compañía de su esposa.

Juan Carlos Delgado Rodríguez era el más joven con 25 años de edad. Hoy en su casa lo esperan un niño y una bebé que no alcanzó a conocer, pues su esposa estaba embarazada cuando ocurrieron los hechos.

A estos tres hermanos, al recordarlos su padre, Benjamín Delgado Mercado, no puede evitar que en sus ojos aparezcan lágrimas y que el sentimiento ahogue su garganta. Aunque le quedan ocho hijos, dice, su vida está incompleta.

La misma tragedia embarga a la familia de José Castillo Aguayo, un jornalero que fue visto por última vez cuando tenía 34 años y a quien hoy lo esperan su esposa y sus cuatro pequeños hijos.

Ismael Rodríguez Muñoz cumpliría este 2015 33 años, cuenta su madre doña Alejandrina, quien dice que es imposible olvidarlo cada vez que ve a su nuera y sus dos nietos. Un año antes de desaparecer, Ismael había sido deportado de Estados Unidos, donde en la reclusión migratoria contrajo una enfermedad pulmonar que terminó en una cirugía.

Todo este tiempo no ha sido fácil de ver a los niños. La mujer trabaja para sacarlos adelante porque yo también no tengo recurso; hemos gastado hasta lo que no tenemos de andar a vuelta y vuelta; él es el que mantenía a su familia.

Ni las esposas de los cinco desaparecidos ni sus hijos han recibido algún apoyo gubernamental pese a la existencia de una ley y un Fondo de Atención a Víctimas del que presumen los Gobiernos estatal y federal. El  Congreso de Zacatecas aprobó el pasado martes 24 de noviembre que cada 26 de septiembre se conmemore el Día en contra de la Desaparición Forzada.

Para mantener a sus familias las mujeres han tenido que salir a trabajar en una comunidad rural donde no hay fuentes de empleo, aceptando pagos de 30 a 50 pesos por ayudar en actividades domésticas.

El caso de los cinco jornaleros de Villa González Ortega es uno más de los tantos expedientes que se empolvan sin resolver en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Mientras la Organización Civil Zacatecanos por la Paz, que encabeza Ricardo Bermeo, contabilizaba hasta agosto de 2014, 435 desapariciones en el territorio zacatecano, la fiscalía desde 2010 reconoce sólo 72 personas desaparecidas y cero casos de desaparición forzada, según su portal de Internet.

Aunque no pierden la esperanza de encontrarlos vivos, los padres de estos cinco desaparecidos dicen que sería menos doloroso por lo menos tener la certeza de su muerte.

En estos tres años hay quienes han lucrado con el dolor de estas familias: la señora Alejandrina ha recibido llamadas telefónicas de sujetos que le pidieron hasta 30 mil pesos diciendo que saben el paradero de su hijo. Mientras tanto, la PGJEZ no tiene un mínimo avance en la investigación para su localización.

El caso sigue abierto, pero en el Ministerio Público se les ha dicho a los padres que no regresen a preguntar, a menos de que tengan nueva información que aportar.

 

*Especial La Jornada Zacatecas e

Informativo Plata 91.5 FM

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