■ “A un año del decálogo de EPN en materia de seguridad, aún vivimos en la zozobra”: Valadez
■ Municipios son los grandes olvidados del pacto federal y están sometidos a los estados, señala
“Simplemente seguimos viviendo en zozobra. Entendemos que el gobierno no nos dice lo que pasa, que esconde y matiza, y que el costo más severo lo está pagando la población, los que somos Juan Pueblo. Entendemos que el gobierno, violentando el Estado de Derecho, porque no se ha fortalecido, sigue lastimando sensiblemente la soberanía de los estados y avasallando a los municipios. Y creo que los ciudadanos, salvo excepciones, nos podemos sentir un poco tranquilos, pero a la expectativa de si al salir a la calle podremos regresar”.
Así resumió Javier Valadez Becerra para Zacatecas y el país, el impacto de las 10 acciones para mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho en el país, que asumiera el Presidente de la República hace un año.
A dos meses de ocurrido el crimen contra los normalistas de Ayotzinapa y cargando encima el escándalo de la Casa Blanca, Enrique Peña Nieto anunció 10 puntos de acción, de los cuales siete se referían al mejoramiento de la seguridad pública, la procuración y la administración de justicia.
Para ofrecer comentarios a modo de recuento y balance, La Jornada Zacatecas acudió con el coordinador de la Maestría en Docencia e Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Javier Valadez Becerra.
El catedrático dijo respecto al primero de los puntos, que proponía la creación de una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales, que este planteamiento evidencia que el Presidente de la República “tiene algunas concepciones muy lamentables en cuanto al gobierno primigenio de los mexicanos”.
Es un agravio muy fuerte, dijo, el que se considere al municipio como el eslabón más endeble frente al crimen organizado, el más fácil de penetrar por éste, cuando “la verdad es que la corrupción en este país la hemos democratizado a tal forma que es parte de la cultura no sólo pública sino privada”.
Sobre este tema que se vincula a los puntos dos y tres, del decálogo presidencial, y que se refieren respectivamente a la iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito y la creación obligatoria de policías únicas estatales, agregó que se han visto esbozos que han intentado tomar el gobierno policiaco en manos sólo del correspondiente federal y estatal, lo que consideró un contrasentido porque vulnera a un nivel de gobierno reconocido desde 1999 y violenta la soberanía originaria que se fraguó desde los municipios. Recordó al respecto, que antes de que hubiera gobierno estatal y federal, lo hubo municipal.
En cuanto a la iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad para el combate al delito, citó a la Constitución, que señala que la República Mexicana se integra por estados miembros y federales, para precisar que no se menciona a los municipios, por lo que éstos son no sólo los grandes olvidados del pacto federal, sino que se encuentran sometidos a los estados.
La redefinición entonces sólo puede darse a través del Código Penal único, la regionalización de las policías y las prácticas administrativas.
Por lo que otro fenómeno que ha traído esta propuesta de seguridad nacional, es la descapitalización y desmantelamiento de las policías municipales, pues en ese orden de gobierno se les pagan salarios bajos, por lo los agentes prefieren contratarse en las policías estatales.
Aunado a esto, y derivado de la aplicación de los exámenes de confianza que exceden a la preparación que puede tener un policía municipal, y a la inexistencia de bolsas económicas para enfrentar los procesos de depuración, que finalmente se expresan como despidos injustificados, dijo que se llenan los ayuntamientos de demandas laborales.
“De por sí que los municipios viven endeudados, que tienen administraciones obesas en cuanto a personal”, pues su función no es ofrecer trabajo, sino un espacio que brinde servicios básicos a la comunidad.
Abundando sobre el punto tres, la Creación de policías únicas, refirió que cuando se creó la estatal, “no sabíamos ni cuáles iban a ser sus cárceles, sus procesos, cuáles sus competencias”, pero las detenciones que implicaban a personas peligrosas o del crimen organizado en los separos municipales, han implicado problemas para la autoridad de este nivel, porque no tiene los recursos ni la ingeniería legal para enfrentar este tipo de casos.
“Ya lo han estado haciendo y han estado descapitalizando a los municipios, no ha disminuido la delincuencia”, advirtió.
En Zacatecas lo que ocurre, contrario a lo expresado por el gobernador al momento de crearse el Consejo Estatal de Seguridad Pública, es el ocultamiento de los datos, se maquillan, pero “curiosamente cuando nosotros pasamos por la calle hemos visto cosas que no salen en la prensa”.
Si el Estado mexicano estableció una guerra declarada, la política de ocultamiento “no sabemos si le ayude a la gente”, dijo, y preguntó por qué en estas condiciones no se han suspendido las garantías y establecido “cómo se iban a suplir esas garantías que fueran un obstáculo para hacerle frente a esta situación de emergencia”.
Por el contrario, lo que ocurre es una falta de respeto a los derechos humanos y la ocurrencia de enfrentamientos cada día, “que tenemos temor porque si los delincuentes andan encapuchados también los policías. Ya no haya uno a quién irle”.
De esta manera se fortalecen los actos ilegales, la impunidad y a los propios grupos delincuenciales, puntualizó.
“Entonces, pues si no declararon suspensión de garantías para no afectar el comercio, el turismo y no sé cuántas cosas…bueno, ¿Y a Juan Pueblo quién lo cuida? Porque a lo mejor ellos tienen quién los cuide, pero a nosotros no”.
También pendiente queda la implementación del número de emergencia 911, punto número cuatro de los 10 que dijo pondría en funcionamiento Enrique Peña Nieto, y que es dijo Javier Valadez Becerra, “sin mayor discusión una medida positiva”, pero todavía la ciudadanía no la vemos.
Asimismo se encuentra desde los años 90 del siglo pasado, recordó, lo referente al punto número cinco del decálogo presidencial, la implementación de la Clave Única de Identidad.
Este es un proceso señalado constitucionalmente para “que se determine quiénes somos”. Que en un solo documento se acceda al historial personal, y se asiente acta de nacimiento, estado civil, domicilio, etc., y que tal vez impediría fraudes electorales y detectaría la presencia de extranjeros que van de paso por el país, pero sigue en espera.
Sobre los resultados del Operativo Especial en Tierra Caliente, que se integra como punto seis, refirió con tristeza el hecho de que la ciudadanía haya tenido que organizarse para su autodefensa en policías comunitarias. Y cómo la intervención del Estado en Michoacán y Guerrero destrozó la organización ciudadana, apresó a su líder Manuel Mireles, y la menguó y desunió, “finalmente violentando todo el Estado de Derecho”.
Aquí criticó el académico al centralismo impuesto por el Presidente, “que va más allá de la tradición federalista que tanto le ha costado al país. Simplemente ha omitido la soberanía de los estados y pisoteado a los municipios”.
Tampoco se ha cumplido con el punto siete que hablaba de la Justicia cotidiana, y que expresaba dejaría de ser “lenta, compleja y costosa”.
Acerca de Las acciones en materia de derechos humanos a que se comprometió Enrique Peña Nieto en el punto ocho, dijo Valadez Becerra, tienen problema para su aplicación porque los gobiernos del PRI “firmaron a diestra y siniestra convenios internacionales, que ahora con la globalidad y con las presiones internacionales ha tenido que asumir”.
Derivado de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, México está obligado a enfrentar en conjunto los juicios orales o temas de materia educativa, procesos de homologación y compactación que implica su pertenencia a cuerpos de legislación internacional.
Se ha avanzado en esta materia indiscutiblemente, dijo, pero ha significado para los abogados un cambio en el sistema de interpretación y el acercamiento del sistema constitucional mexicano más a la familia del derecho común anglosajón que a la romanística francesa “de la que provenimos”.
Del punto nueve, Combate a la corrupción, agregó que países como Guatemala con menos recursos de todo tipo que México, encontró elementos para juzgar a su Presidente, mientras que aquí “sucumbimos a un presidencialismo sui generis donde el Presidente de la República es un rey intocable”.
El sistema neoliberal plantea en materia jurídica “hacer un capitalismo de rostro humano que tenga por objeto mejorar las condiciones del ciudadano”, pero no se construye tal ciudadanía, aseveró.
Es triste ver, dijo, que cuando se pavimenta una calle se haga fiesta y se le den las gracias al gobernante, pues habla no de una postura ciudadana desde la que se exige un derecho y se acciona en favor de su consecución, sino de una actitud de súbdito, “que simplemente da las gracias y aplaude”.
Propuso para este apartado la creación de un Tribunal de Cuentas autónomo, que otros países tanto en América Latina como en Europa ya tienen, y que en México se tuvo en la época de Porfirio Díaz.
Se requiere de un órgano con independencia del Poder Legislativo para que pueda juzgar, “porque si el Presidente nombró a una persona para que le investigue a La Gaviota… y era su empleado, pues entre indios no se dan flechazos”.
Sobre el último punto, y décimo; Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, el saldo a un año, tampoco es halagador.
“En México se cree que la transparencia es que nos digan en qué gastan y que nos maticen como les de su gana. Yo digo que lo importante es que al ciudadano se le tome parecer en las obras importantes, trascendentes, que van a impactar ésta u otras administraciones, que dé su opinión si está de acuerdo o no”.
También es inconcebible, agregó, que haya autoridades del nivel que sea que se resistan a la rendición de cuentas, y más triste aún que quieran gobernar “para la gente y no con la gente”.
Se habla de democracia participativa, “pero no lo vemos por ningún lado”. Los foros que se organizan “son para puros cuates” y acaso ya tienen los resolutivos antes de realizarlos, dijo.
El docente e investigador de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ, dijo finalmente que “es muy triste el desempeño que ha tenido el Presidente de la República, y pese a esfuerzos que se han hecho por acabar con el crimen organizado, es un asunto que tiene que ver con macroeconomía” por un lado, y con el fortalecimiento de la familia y la satisfacción de sus necesidades básicas, por el otro así como una revisión profunda “de qué se legaliza o no”.
