Cuando surge una crisis que cuestiona la acción del Estado, este último reacciona prometiendo algunas acciones para solucionar el tema de la crisis. Es un calmante verbal, como un té de palabras para ayudar a que pase la conmoción. Y es común usar el formato del decálogo de antigua tradición en las guías y homilías éticas. Pasado un poco el shock, si revisamos las promesas, observamos que no son ofrecidas con un esquema de implementación, es decir, no dice cómo, en qué momento y quiénes serán los responsables de llevarlas a cabo. Además, cómo se van a monitorear y qué control social habrá que vigile dicho cumplimiento. Porque, si al decir la promesa, no se expone la manera en cómo se implementará, pues en realidad no hay auténtica intención de cumplirla.
Las acciones que promete Peña Nieto quedan estancadas en las cámaras legislativas. Pero queda la pregunta, ¿por qué estas iniciativas se estancan y las reglamentarias de las reformas estructurales o las que apuran a los consorcios televisivos son asumidas con toda urgencia, y por tanto, propuestas para su rápida resolución? Otro detalle, para atender los graves problemas de seguridad y derechos humanos asumidos en el decálogo, no se requiere pasar primero por una serie de leyes generales; son asuntos de responsabilidad del Ejecutivo que puede empezar a actuar desde sus programas de gobierno. Por ejemplo, implementar los controles que propone Buscaglia para contener el poder financiero del crimen organizado (que se convierte en el poder corruptor de las autoridades municipales), no se requiere una ley específica para ello. Luego entonces, convertir las “10 acciones para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho” en el país, en meras iniciativas legislativas, en lugar de programas evaluables, es dibujar su destino: la congeladora. Es anunciar una solución que nunca llegará, que permite sólo pasar la crisis mientras se diluye la tensión. Igual que el Tribunal de Cuentas del gobierno actual de Zacatecas: los propios diputados del partido en el gobierno detienen la iniciativa.
Toda la política de seguridad y derechos humanos ha sido por demás errática, y muy cara. Son fintas mediáticas sin efectividad alguna. Los gobernantes no quieren enfrentarlas con seriedad, quieren pasar sobre ellas y dedicarse a los asuntos que sí les presentan interés auténtico: la transferencia de la renta petrolera, la protección de las televisoras, el privilegio de la inversión extranjera y los mecanismos de reproducción electoral. ¿Por qué ocurre tal cosa, si la seguridad y los derechos humanos son prioridades del pueblo que los eligió? Porque la clase política ha dejado de representar al pueblo, y representa prioritariamente a los grandes consorcios económicos, y a estos últimos no les afecta directamente la violación cotidiana de los derechos humanos. Eso no les resulta prioritario ni urgente. Por tanto, mientras no cambie la estructura de representación, la seguridad y los derechos humanos seguirán estando pendientes a perpetuidad. Tan triste es el panorama que ni el 911 se pudo concretar.
