La ruina de la hacienda municipal

La ruina de la hacienda municipal

La hacienda municipal está a la puerta del colapso. La realidad actual del municipio es compleja y requiere otra gran reforma municipal del mismo tamaño o más grande que la efectuada en 1983 y 1999. Son esencialmente tres factores que han causado la insuficiencia crónica de recursos en los gobiernos locales. Uno, el esquema extremadamente centralizado del sistema fiscal, sobre todo después de 1998, con las transferencias federales (Ramo 33) que si bien aumentaron sus ingresos provocaron una enorme pereza fiscal en los municipios, y una pasividad en la generación de ingresos propios en todas sus posibilidades, ya sea en derechos, aprovechamientos o en productos. Aun cuando en la ley de coordinación fiscal se establecen algoritmos de asignación con base en ingresos propios, para teóricamente estimular la captación, esto no ocurrió. Si más de 90 por ciento de los impuestos los recoge el Gobierno Federal, resulta que los gobiernos municipales gastan aquello que no captan. El principal impuesto con el que se quedan los ayuntamientos es el predial, pero la recaudación lograda es lastimosa: hay municipios que están por debajo de 50 por ciento de su capacidad de captación de este impuesto. Y en el caso de los otros rubros de ingresos propios están en la insignificancia, cuando es claro que en el terreno de los productos podían hacer coinversiones con agentes económicos, pero nada de eso se hace ni se intenta. Y con los tres años que duran las administraciones no se estimula la posibilidad de hacer proyectos de productos para aumentar los ingresos propios.

Otro factor de desfinanciamiento es  la desproporción de las dos agendas de gasto: la llamada agenda constitucional, la cual se constituye con las obligaciones que se establecen en el artículo 115 de la Constitución, como los servicios de limpia, agua potable, residuos, etcétera. Y la agenda ampliada: todas las competencias que se le asignan a los gobiernos locales en diversos temas del desarrollo, como medio ambiente, desarrollo rural, educación, planeación urbana o salud. Las cuales están diseminadas en 90 diferentes cuerpos normativos. El gasto de la agenda ampliada, desde hace años, rebasa al costo de las obligaciones constitucionales. El nivel de ampliación de nuevas competencias municipales no se corresponde con el aumento de las transferencias del presupuesto federal.

Además, un tercer factor es la pésima administración que apuesta por la deuda donde “el de atrás paga”. El nivel de acumulación de la deuda es de tal magnitud que algunos municipios están prácticamente en la quiebra técnica. Por ejemplo, el municipio de Guadalupe ya llegó a una deuda que pasa los 270 millones de pesos, casi la mitad de todo su presupuesto anual. Así las cosas, ahora se plantea algo también fácil para los ediles: aumentar los impuestos sin un previo plan integral de saneamiento financiero. Por ello, decíamos arriba, se requiere una reforma constitucional del tema municipal para normalizar las dos agendas y su papel de agente de desarrollo social, las obligaciones fiscales, la duración de las administraciones y sus estructuras de representación. Urge volver la mirada al abandonado federalismo en la reforma del Estado.

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