En su séptima tesis de filosofía de la historia Walter Benjamín nos dice que nunca se da un documento de cultura sin que sea, a la vez, de barbarie. Su advertencia es para el historiador que quiera ser fiel al materialismo histórico, recordándole que debe huir de cualquier identificación con los vencedores cuando hace el relato de la historia. Si vemos a la UAZ en una perspectiva que abarque desde su origen en 1968 –y no cualquier fecha aleatoria decimonónica- hasta los días presentes, podemos notar el origen y persistencia del problema de las jubilaciones. El problema parece haberse originado en las altas expectativas de la época que quedaron petrificadas en arreglos institucionales. La década de los años 70 inició con los procesos de conciliación que planteó Luis Echeverría a los universitarios, y culminó con las altas expectativas que López Portillo se encargó de difundir a raíz del descubrimiento del pozo petrolero de Cantarell. El petróleo de todos los mexicanos parecía no tener fin y el futuro estar sellado por la “administración de la abundancia”. Así, en el contrato colectivo UAZ-SPAUAZ se formalizaron esas creencias cuando la universidad, a través de la persona del rector, se comprometía a pagar, en condiciones inmejorables, una jubilación, ajustable en el tiempo a la carestía de la vida, a los universitarios. No se les exigía que contribuyeran con ningún tipo de ahorro, no se les harían retenciones para contribuir a capitalizar un fondo, no se imponía una edad de jubilación sino 25 años trabajados para jubilación completa, y 15 para media jubilación y así sucesivamente, la idea era que todo el financiamiento saliese de los incrementos al presupuesto universitario. Como podemos ver las expectativas estaban pautadas sobre condiciones históricas que modulaban arreglos institucionales. Si bien la idea de contar con una jubilación a edad temprana –antes de los 60 años- es encomiable, se mostró inviable en poco tiempo.
La crisis del petróleo puso fin a esas expectativas y en 1986 se tuvo que contener el crecimiento de los pasivos laborales mediante la imposición de un reglamento para regular el incremento de los salarios por la vía de las promociones de nivel. No fue suficiente, y en 1991 la universidad definitivamente se declara incapaz de sostener esa prestación y se elimina, colocando a todos lo que ingresaron a partir de ese año en el ISSSTE. Se alcanzó el límite superior del modelo de universidad de los 70. El fin de ese modelo fue también la debacle de una serie de conductas que la institución permitía, toleraba y alentaba. Tales conductas se resumen en las invasiones de tierras que tuvieron lugar durante la década de los 70 por parte de los universitarios, y que se fueron desvaneciendo durante la de los 80, hasta concluir en su integración en partidos políticos. Con el nuevo medio de promoción salarial los universitarios están obligados a estudiar formalmente, no en círculos de estudios, deben obtener grados académicos y publicar en revistas, no alentar la revolución socialista. Como se ve, una nueva conducta se pauta sobre nuevas formas institucionales. E incluso el presupuesto ordinario universitario sólo tiene oportunidad de crecer si sigue la pauta de contratar gente con altos grados académicos. El problema de los pasivos quedó resulto en el largo plazo, pero aún pesaría sobre las finanzas universitarias muchos años porque no hay presupuesto federal o estatal específico para ello. Se mantiene gracias a las reasignaciones que se hacen desde el presupuesto extraordinario. Tal es el telón de fondo de uno de los problemas básicos de la UAZ. El otro problema fundamental consiste en el adeudo con el ISSSTE que resultó del uso, para fines no claros, de las cuotas de seguridad social. Se puede sostener que ese uso consistió en la contratación de personal. El problema comenzó a aparecer en la administración de Francisco Javier Domínguez Garay, que, con la anuencia del SPAUAZ, dejó de enterar las cuotas. Decir que el problema es por falta de recursos en el presupuesto es correcto, pero también es una manera de encubrir que, bajo el pretexto de que es obligación del Estado pagarlo todo, se hizo crecer a la UAZ sin el presupuesto para ello. Y sin planes claros, más allá de lo que se pueda decir sobre los fines personales de quienes realizaron esas acciones.
Vemos entonces que los problemas de financiamiento tienen orígenes diferentes: uno aparece como resaca de una euforia que se frustró, y el otro como parte de un anacronismo ideológico que prefiere vivir en el pasado antes que tratar de comprender los tiempos presentes. Pero los representantes del pasado ya no van a cambiar, y lo que tratan de hacer es lograr mantener lo que les quedó en prenda de los años en que la abundancia estaba a un paso, ellos son parte del problema que no se puede resolver y, además, creen que pueden ser parte de la solución si siguen dirigiendo la universidad con ideas caducas e intereses cada día más minoritarios, porque en estos asuntos el tiempo corre contra la legitimidad de esos intereses. Así que cada día representan menos el bien común de todos los universitarios, y ninguno de ellos puede, o quiere, “pasarle a la historia el cepillo a contrapelo”. ■
