Las instancias jurisdiccionales electorales existen en México hace 25 años, y además ya se tiene un avance considerable en construcción normativa, formación de capital humano en la materia y en la formación de instituciones pero la normalidad democrática no llega. Por ello no es gratuito que la última reforma electoral es de hace apenas unos meses (2014). Al principio todos los reflectores se orientaban a iluminar la vigencia de los principios constitucionales: la equidad, transparencia e imparcialidad. Y ahora, además de esos temas que siguen siendo actuales, se agrega un fenómeno relativamente nuevo: la regulación de la vida interna de los partidos políticos. Como estos últimos se convirtieron en meras agencias de colocación en posiciones de elección popular, las facciones internas no cuentan con afinidades ideológicas y toda su acción la concentran en la lucha por las candidaturas; por esta razón, la violación de los derechos políticos de los militantes es ya toda un área de acción de los tribunales. La imposición de las burocracias y cacicazgos en los partidos de todos los colores pasa continuamente por encima de los derechos de las militancias: sobre todo los derechos relativos al género. Las reglas aprobadas que hacen obligatoria la paridad de género se han convertido en una fuente de dificultades o abiertas violaciones a la norma electoral.
Y las novedades legales también son fuente de nuevos desafíos a las instancias jurisdiccionales. Tal es el caso de la importantísima reforma constitucional de artículo primero en torno a los derechos humanos y su principio pro-persona, el cual se convirtió en el criterio para resolver controversias y, donde se señala que se elegirá la que proteja más los derechos de las personas. Recordemos que gracias a este artículo se pudo avanzar contra los obstáculos que la legislatura zacatecana y el IEEZ habían puesto a las candidaturas independientes. Y justo, este tipo de candidaturas será cada vez más tema en los tribunales, tanto por la violación de sus derechos político-electorales, como por los riesgos que éstas conllevan, como el uso de dinero no registrado debidamente.
Otro elemento que es objeto de los tribunales es la relativa a la prohibición de comprar cobertura informativa y el uso de los tiempos de radio y televisión. Hay vacíos que son objeto de interpretación, como los tiempos de entrevistas y programas de espectáculos. Y el tema muy nuevo de las redes sociales, que están totalmente fuera de la regulación electoral. Con todo, la meta de garantizar procesos electorales equitativos, imparciales, así como transparentes, se verá reflejado en una justicia electoral pronta. Y esto último depende de la capacidad e imparcialidad de los tribunales. En los estados, la influencia de los gobernadores sobre los órganos ubicados en su territorio, ha puesto en duda la imparcialidad de los mismos, por ello no es gratuito que se recurra a salas regionales o al propio tribunal federal para dirimir casos complicados. Así las cosas, en este año que viene, el trabajo limpio de los tribunales será clave para el progreso de la democracia. Estaremos muy atentos de su conducta y desempeño en Zacatecas.
