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jueves, 28 marzo, 2024
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Polémica sobre el informe preliminar de la CIDH sobre derechos humanos

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Por: RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ •

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en voz de su presidenta, Rose-Marie Belle Antoine, el viernes de la semana pasada presentó su informe preliminar sobre la situación de los derechos humanos en México, en el que se afirma que la CIDH constató la grave crisis de derechos humanos que vive el país, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad, y que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no es una tragedia aislada, sino parte de un patrón de violaciones a los derechos humanos y propone que en consulta con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se designe un fiscal especial para la investigación del caso Iguala. La CIDH hace un llamado urgente al Estado mexicano a esclarecer la verdad de lo ocurrido en Iguala, y determinar las responsabilidades penales correspondientes, y que la Procuraduría General de la República (PGR) debe adoptar cuanto antes las medidas solicitadas por el GIEI, trasladar la responsabilidad de la investigación a la Subprocuraduría de Derechos Humanos (parte de la dependencia citada) y renovar a todos los miembros del equipo investigador, además de reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las cuales distan de las hipótesis que guiaron las investigaciones de la PGR hasta el momento, así como permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 batallón de infantería del Ejército.

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Plantea que la magnitud de la desaparición de personas en el país es alarmante, y que es especialmente grave la práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de las mismas. En referencia a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la presidenta agregó que esta tragedia se ha convertido en un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones forzadas en México. Además, el informe menciona que la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de graves violaciones a las garantías individuales. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han amedrenta a la sociedad, generando un problema grave de renuencia a denunciar por parte de la población. Otros asuntos de profunda preocupación para la CIDH son: las ejecuciones en caliente de delincuentes por miembros del ejército, la violencia contra familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas, y la tortura, que constituye una práctica generalizada en México.

Ante la gravedad del diagnóstico presentado y sus posibles consecuencias, el gobierno mexicano reaccionó señalando que el informe no refleja la situación del país, y tampoco aceptó, como lo han sugerido organizaciones civiles, que una comisión externa, internacional, venga a investigar las presuntas violaciones a las garantías básicas. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob),  Roberto Campa Cifrián, advirtió que la cooperación prevista en el sistema interamericano prevé la ayuda para fortalecer y no para sustituir instituciones. Las soluciones que vienen de fuera siempre son salidas fáciles y conducen al fracaso, afirmó.  En su respuesta, Campa,  intentó descalificar el informe preliminar señalando que el gobierno de México coincide con la CIDH en la existencia de  retos en materia de derechos humanos, y que, sin embargo, “no compartimos que un informe preliminar, realizado en un plazo de cinco días y sobre casos particulares, pueda reflejar la situación general del país. Confiamos en que el informe definitivo que se presente será un informe objetivo que refleje a plenitud la situación de nuestro país” expuso, y agregó que el informe de la CIDH no destaca los avances que existen para mejorar en la materia.

El inicio de esta polémica obligó a  Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a respaldar de inmediato la tarea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en México, señalando, en un texto acompañado de pronunciamientos diplomáticos, que “La CIDH es una pieza clave en el Sistema Interamericano a la que acuden los más desprotegidos en nuestro hemisferio, y por ello tiene mi apoyo”. La presión sobre el gobierno de EPN continuará con la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, que inicia hoy lunes y que incluye reuniones con Enrique Peña Nieto, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Senado, y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. De igual forma, Zeid tiene programado entrevistarse con los secretarios de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Marina, la titular de la PGR, el comisionado Nacional de Seguridad, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, miembros de la sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos, así como con el equipo de la ONU en México y miembros de la comunidad internacional.

Lo anterior es una prueba de que en el plano internacional ya tienen conciencia de que la élite del poder en México es incapaz de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales, y de procurar el bienestar de todos los mexicanos, lo que explica el hecho de que la mayor parte de la población ya no esperamos nada bueno de dicha élite.

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