■ Aquel era un gobierno autoritario, mientras que el actual es uno “colonizado”, aseveran
■ Esta administración no llegará a la verdad sobre el crimen de normalistas: Marco Torres
El 2 de octubre de 1968 y el 26 de septiembre de 2014 tienen entre sus principales similitudes, la participación del Estado en ataques y desaparición forzada de jóvenes estudiantes. Los segundos, herederos del ideario de aquellos que murieron en Tlatelolco, se preparaban para participar en un evento más de conmemoración de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas.
En Synergia, el programa de La Jornada Zacatecas TV, dirigido por Raymundo Cárdenas Vargas, se propuso esta semana el análisis de las similitudes y diferencias de ambos acontecimientos, las características de los movimientos sociales que han generado, así como las agendas derivadas de los mismos.
Por más que se ha intentado darle la vuelta, dijo Lucía Medina, colaboradora de esta casa editorial, el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado como lo fue la matanza del 2 de octubre.
La licenciada en Psicología Social por la UAZ, acotó además las ideas políticas como otro factor, que aunque “no tan confesado” es otro elemento que los vincula. “Quizá indirectamente son hijos de esa generación, son formados por esas ideas”, dijo de los normalistas.
Marco Torres Inguanzo, también colaborador de La Jornada Zacatecas, puso énfasis en las diferencias del tipo de Estado que participó en estos atentados, uno de corte autoritario, otro que denominó “colonizado” por poderes fácticos.
El primero tenía como “dueño” a un partido político del que procedía un Presidente de la República que ordenó directamente la represión contra los estudiantes a través de un entramado jerárquico de órdenes seguidas estrictamente por militares.
En el Estado “colonizado en cambio, son los poderes fácticos quienes usan el aparato para su beneficio. Así recordó es que se explica el que policías municipales entregaran a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos a bandas del crimen organizado.
Raymundo Cárdenas propuso exponer los logros que derivaron del Movimiento estudiantil de 1968, pues las generaciones recientes conocen de él, sólo por su participación en las marchas que año con año se realizan.
Dijo Lucía Medina que luego de la masacre estudiantil en Tlatelolco vino un periodo de guerra sucia, en el que además de muertos hubo estudiantes y maestros encarcelados, entre ellos citó a Heberto Castillo, ingeniero mexicano reconocido internacionalmente.
En 1971 con el halconazo se reiteró la postura autoritaria del gobierno e inició un periodo de persecución que tuvo como respuesta de quienes no encontraron una vía para la democratización del país por la vía pacífica, el asumir la opción de las armas.
Tanto la reforma política de 1977 en que se legaliza al Partido Comunista y como la amnistía para quienes participaron en la guerrilla, son logros de aquel movimiento.
Asimismo lo es, la herencia para la memoria colectiva que significan las marchas de cada 2 de octubre donde convergen diversos sectores sociales, dijo.
Además de las reformas institucionales mencionadas por Medina, Torres Inguanzo se refirió a las aportaciones culturales en todas las áreas, con lo que denominó “el imaginario de la libertad” mismo que influyera en la educación y aun en las familias, ejemplificó.
“La idea de los derechos sociales empieza a tomar una fuerza importante, se pone en el tablero y logran ponerla en la agenda de la opinión pública”, ante que en la del Estado, dijo.
“No es gratuito que esos líderes del 68 sean los que constituyan muchas de estas organizaciones sociales, campesinas, obreras, sindicales, luchando por el tema de los derechos sociales”, agregó.
El conductor de Sinergya sumó a la revisión, la alternancia en el poder que se dio en el año 2000 con el panismo de Vicente Fox y el tema de la necesaria reconciliación mediante la verdad y la justicia.
Contestó Lucía Medina que las consecuencias de los grandes problemas que se viven actualmente en México tienen que ver justo con la ausencia de investigación de lo ocurrido entre los 60 y 70 del siglo pasado.
A diferencia de otros países latinoamericanos gobernados por dictaduras militares en los que en mayor o menor medida se indagaron y castigaron los crímenes perpetrados por éstas, la impunidad mexicana influyó incluso en el crecimiento del narcotráfico, citó la lectura de Héctor Aguilar Camín.
Muchos de los grandes narcotraficantes vienen de una escisión del Ejército. Los militares entrenados en grupos contrainsurgentes, el último, para combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les vendieron sus secretos a los delincuentes, así surgieron los Zetas, comentó.
Los elementos preparados para la persecución tanto de las guerrillas y en general de quienes pensaban distinto al régimen, “cuando se pacificó el país tuvieron que irse a otros lados y empezaron a hacer negocios”, mismos que el Estado permitió.
“A partir de una carencia de verdad y de justicia es que está el grado de impunidad de este país. Los militares y policías nunca fueron investigados y esas mañas las ofrecen al mejor postor”.
A la pregunta de Cárdenas Vargas, de qué se requeriría para que en México pudiera obtenerse esa verdad y esa justicia como ha ocurrido en países latinoamericanos, Torres Inguanzo contestó: “una fuerza social amplísima” y un gobierno de transición, que en el caso de Argentina fue de izquierda bajo el mandato de Néstor Kichner.
En el caso de México, la alternancia partidista se dio hacia la derecha. El panista Vicente Fox propuso en su campaña la creación de una fiscalía especial para este esclarecimiento, pero cuando se concretó, la puso al mando de la Procuraduría General de la República y esta a su vez de un militar: Rafael Macedo de la Concha. “Hacen depender eso de los aparatos represivos del Estado”, dijo Torres Inguanzo.
La Comisión de la Verdad foxista logró documentar 550 casos y procesó cuatro, fue
desaparecida en el gobierno de Felipe Calderón entre 2006 y 2007 teniendo como artífice de esta disolución al presidente de la Suprema Corte de Justicia, nombrado en la presente administración, Eduardo Medina Mora, hizo el recuento, el también docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
“El panismo tiene ahí una deuda muy importante porque tuvo la oportunidad de hacerlo, de reivindicar lo que fue su discurso de transición democrática y en absoluto encubrieron eso y sigue pendiente”.
También sobre las condiciones actuales para esclarecer y sujetar a proceso a los responsables por los crímenes contra los normalistas, a diferencia de lo ocurrido con los casos de los jóvenes del 68, Lucía Medina sostuvo que el gobierno de Enrique Peña Nieto aunque no le faltan ganas, no tiene condiciones para ello, pues no goza del respaldo del pueblo.
Su mandato esta sostenido por alfileres, dijo, y “tendrá mucho cuidado de no pisar los callos de quienes lo sostienen”.
No obstante, mencionó, “afortunadamente en muchos sentidos el mundo no es el mismo” que aquel de los años 60, pues en la actualidad la noticia de la desaparición de los jóvenes logró cundir en poco tiempo no sólo en el país sino en el mundo.
En aquel entonces, solamente para el caso de Zacatecas, las noticias de la matanza de Tlatelolco se supieron luego de meses, tras formarse comisiones de información mediante las que grupos de jóvenes viajaron desde del DF a los estados para informar lo ocurrido.
En esta transmisión, el libro testimonial La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, tuvo un papel trascendental, así como la presencia de periodistas internacionales que estaban en México para dar cobertura a los Juegos Olímpicos, dijo.
Torres Inguanzo fue categórico también para asegurar que este gobierno no llegará a la verdad de los crímenes de Ayotzinapa, pues desde el inicio ha mostrado una negativa sistemática para su aclaración.
El Gobierno Federal tardo 10 días en intervenir en un crimen que evidenciaba una asociación delictuosa, desperdiciando las 72 horas posteriores a los hechos que son fundamentales para el esclarecimiento de un caso, expuso.
Agregó que luego de la omisión de la PGR, también se ha expresado una “gigantesca, de esa basura que se llama Comisión Nacional de Derechos Humanos”, pues aunque facultada legalmente para investigar, con la nueva ley, expresa otro pendiente institucional que se repite en las correspondientes estatales.
Aquí comentó el caso Raymundo Cárdenas de las desapariciones forzadas y posterior asesinato de siete jóvenes en Calera de Víctor Rosales, que no obstante, señaló, es un ejemplo donde el Ejército ha intervenido para asumir su responsabilidad.
Si el movimiento estudiantil de 1968 y sus secuelas dejaron una agenta en materia de derechos políticos, propuso el director de La Jornada Zacatecas, ¿cuál será la que deriva de las movilizaciones sociales producidas por el caso Ayotzinapa?
El primer tema en ella, dijo Lucía Medina, es la reivindicación de las normales rurales luego que se visibilizara la función social que cumplen en lugares como el estado de Guerrero, donde se dedican a atender “a los pobres entre los pobres” haciendo además un trabajo de autogesión.
“Hemos podido ver la realidad de las escuelas normales, y que sin embargo no ha significado que el Estado deje de ir contra ellas”, expuso.
“Era ya un logro entrar allí a la Normal. Y creo que eso ha dejado también abierto este movimiento, han sido varios temas, por supuesto que nadie desearía que esto hubiera ocurrido pero esta tragedia ha sembrado cosas en Zacatecas y en México”.
Dijo Marco Torres Inguanzo, reiterando la necesidad de entender las cualidades del actual Estado mexicano al que reiteró como “colonizado”, que se deja ver como algo más preocupante un proceso “descivilizatorio”, una “neobarbarie”, que invitó a analizar.
Ponderó positivamente sin embargo, el que la gente entiende ahora el concepto de desaparición forzada. “Ahora todo mundo sabe que son esas desapariciones donde el Estado interviene”, dijo.
Agregó que la única posibilidad para la defensa de los derechos humanos ante un Estado colonizado es la recuperación del mismo, su descolonización, que sólo puede hacerse con la edificación de otro Estado, lo que propuso como el tema del Constituyente.
“No sólo estar en contra de algo sino estar instituyendo y constituyendo otro Estado. Estamos hablando de generar un proyecto social (…) donde la única posibilidad de generar controles civilizatorios es a partir de la emergencia de la sociedad actuando al interior de los gobiernos de corte abierto. Esa es la gran meta de la agenda”.
Este precisó, no será un regreso al Estado de bienestar o al autoritario, sino a uno de democracia igualitaria.
Los crímenes perpetrados contra los jóvenes de Ayotzinapa pusieron al desnudo al gobierno de Peña Nieto que venía del “Saving Mexico”, agregó la licenciada en Psicología Social por la UAZ, Lucía Medina.
Sobre la posibilidad de que en el país pueda darse un proceso como el que en Guatemala llevó al presidente a un proceso que terminó en su encarcelamiento, propuesto como última pregunta del conductor de Synergia, dijo, que los poderes que se manifiestan internacionalmente “no están muy interesados” en ello para el caso mexicano donde encuentran muy positivo que funcione el actual gobierno, que ha abierto sus puertas a la inversión extranjera.
Añadió Torres Inguanzo por su parte, que en la política todo se expresa mediante oraciones condicionales, por lo que esto sólo ocurriría “si hubiera una fuerte ruptura en la clase política”, misma que hasta el momento ha actuado en la complicidad.
