México, DF. Un oficio firmado el 15 de octubre de 2013 por Raúl García Chávez, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene contra la pared a esa dependencia, ante la posibilidad de que sea invalidada la nueva orden de aprehensión que fue librada el pasado viernes contra la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo por presunta defraudación fiscal de 4 millones 394 mil pesos, ante un caso de violación al debido proceso y al derecho de defensa adecuada de la maestra.
En ese escrito, el funcionario negó la existencia de una averiguación previa abierta por la mencionada defraudación fiscal que se imputa a la maestra, lo que impidió a los abogados de Gordillo tramitar amparos y pruebas de descargo a tiempo, lo que hubiera frenado el ejercicio de la acción penal.
“Me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda en los archivos, libros de gobierno y bases de datos de esta Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, se localizó la averiguación previa UEIDFF/FISM09/123/2013 (la cual no ha sido consignada y está detenida en virtud de un amparo que protege a Gordillo), iniciada en su contra, misma que actualmente se encuentra en trámite”, refiere el oficio firmado por García Chávez.
Añade que “(a dicha averiguación previa) ya tuvo usted (en referencia a la maestra) acceso, así como sus abogados, sin que al día de la fecha (15 de octubre de 2013) se encuentre radicada en esta Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros indagatoria distinta a la ya precisada”.
Sin embargo, existe otro acuerdo (el cual forma parte de la averiguación previa que se desahogó de manera sigilosa y sin que se enteraran los abogados de Gordillo) fechado el 26 de septiembre de 2013, en el que la PGR realiza actuaciones relacionadas con el caso de la presunta defraudación fiscal de 4 millones 394 mil pesos, que enfrenta desde la semana pasada la ex lideresa sindical.
El abogado Marco Antonio Del Toro, defensor de Gordillo presentó este domingo al juzgado séptimo de distrito de procesos penales federales del Reclusorio Sur un largo escrito (del cual posee copia La Jornada) en el que detalla en qué consiste las violaciones al debido proceso de la maestra.
Los argumentos vertidos por el abogado contienen también las jurisprudencias más recientes emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en las que se ordena a los jueces anular todas aquellas pruebas “obtenidas de manera ilícita” o que violen derechos humanos de los imputados, entre ellos casos como el de Gordillo, quien no pudo defenderse durante la averiguación previa que inició la PGR en 2013 (previo a que se librara esta nueva orden de aprehensión), debido a que los fiscales negaron la existencia de la indagatoria.
La nueva orden de aprehensión no implica un delito grave, lo que significa que de persistir la misma o el posible auto de formal prisión, la maestra podrá pedir la libertad bajo fianza y conseguir, en el corto plazo, la prisión domiciliaria.
Se trata de la tercera orden que cumplimenta la PGR en contra de Gordillo.
Según la nueva acusación, en su declaración anual normal de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2009, la profesora reportó ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a la legislación vigente.
La Procuraduría Fiscal y la PGR determinaron, a partir de un análisis de ingresos, que la maestra omitió el pago al fisco de 4 millones 394 mil 682 pesos por concepto de ISR.
El nuevo proceso inició con una querella que presentó la Procuraduría Fiscal el 26 de septiembre de 2013.
La maestra fue detenida el 26 de febrero de 2013 con base en una primera orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero por mil 978 millones de pesos.
Poco después se autorizó una nueva orden de captura por defraudación fiscal grave de 2 millones 199 mil pesos.
La tercera orden de aprehensión es la que puede quedar invalidada por efectos de las jurisprudencias de la SCJN y del hecho de que la PGR ocultó información a los abogados de la maestra.
