El 2 de octubre de 1968 cientos de jóvenes que ejercían sus derechos fueron masacrados en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y pocos años después inició la llamada “Guerra Sucia” contra miles de personas acusadas de ser guerrilleros. Cuarenta y siete años después, las circunstancias de mentiras, injusticia y la inoperancia de las instituciones se expresan en Iguala, donde los preparativos de los normalistas de Ayotzinapa para asistir a la marcha del 2 de octubre del año pasado derivó en la muerte de seis personas y en la desaparición de 43 jóvenes cuyo paradero se ignora hasta la fecha.
Si bien en el 68 se vivía bajo un Estado Autoritario, el caso Ayotzinapa puso al descubierto, gracias al informe del Grupo de Expertos de la CIDH, como la línea entre la delincuencia organizada y amplias franjas de los gobiernos es indistinguible. Y la impunidad es otra similitud. Los acontecimientos de Iguala serían inimaginables si el Estado mexicano hubiera investigado y asumido su responsabilidad en el ataque contra los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas y en los miles de casos que desde esa fecha han quedado sin justicia y una investigación rescatable. Las miles de desapariciones, ejecuciones, secuestros, extorsiones, robos y un largo etcétera de delitos que son tolerados cada vez con mayor cinismo en el estado de impunidad, que no de derecho, que resultó de la transición fallida.
La lógica de ambas tragedia indica que el actuar de los militares el 2 de octubre del 68 y el de los policías municipales, federales y el ejército en Iguala indica que estaban convencidos de que nadie los sancionaría, como nadie ha sancionado a los agentes que asesinaron y torturaron a normalistas de esa misma escuela el 12 de diciembre de 2011.
Como en el 68 y durante la guerra sucia, a las desapariciones estudiantiles y de ciudadanos en general ha seguido la indiferencia. El hecho de que en el discurso del presidente Enrique Peña Nieto ante la asamblea general de la ONU esté ausente la crisis en derechos humanos que aqueja al país, es alarmante. Lejos de prometer justicia o de ofrecer un viraje en la política de su gobierno, el presidente fue a exhibir sus fobias y temores que le provoca la actividad de Andrés Manuel López Obrador.
Como cada 2 de octubre, todos debemos asumir que en México nos urge la verdad y la justicia, y los eventos que se efectuarán en todo el país el día de hoy deben servir para exigir que se tomen las medidas que sean necesarias para el esclarecimiento del paradero de los normalistas, así como el de los miles de desaparecidos por todo el territorio nacional en los años de la llamada guerra contra el narcotráfico, así como la intervención de las instancias internacionales que garanticen el fin de la impunidad y la corrupción, madres de todos los vicios de la vida nacional.
