La idea de crear un esquema de financiamiento público a los partidos políticos en México, tenía la pretensión de evitar que los políticos se vieran tentados a aceptar recursos de origen ilícito e impedir que los partidos cayeran en manos de los poderes fácticos. Sin embargo, observamos que la evaluación de la fórmula de dicho financiamiento ha sido un doble fracaso: no se ha evitado que los partidos caigan en las señaladas zonas de riesgo, y en cambio, si ha servido para pervertir el proceso democrático. No se evitó lo malo, y en cambio, se generó un brutal obstáculo al desarrollo de la auténtica democracia por el uso del dinero en las campañas. Por ello, debemos pensar en cuestionar de raíz todo el esquema de financiamiento público al sistema electoral.
Además, el costo de las elecciones en nuestro país es poco menos que inmoral. En promedio cuesta el voto 17 dólares, mientras en Argentina sale a 40 centavos de dólar. En pesos mexicanos: a Brasil le cuesta cada voto el equivalente a 35 pesos, a Rusia (que es de los altos) 105 pesos por elector. Estamos cerca de los procesos más cuestionados del planeta, como Angola que cuesta 330 pesos mexicanos, justo como le salió cada voto al Partido del Trabajo. Como podemos observar, tenemos procesos de elección extremadamente caros. Perfectamente puede disminuirse a la mitad y aun serían elecciones caras. No puede ser que un país con carencias elementales en los servicios básicos de salud y educación, esté financiado las elecciones más costosas del planeta. Es un despropósito desmesurado.
Pero también está el problema que ha generado el exceso de dinero en los procesos electorales: compra de votos, uso ilegítimo de medios de comunicación, eliminación del trabajo voluntario en los partidos políticos, independización de las elites dirigentes hasta de sus propios militantes, y con ello, control de los procesos de selección de candidatos por los caciques que dominan el reparto de recursos. En suma, ha sido ominoso el uso del dinero en la democracia de las elecciones constitucionales y en la vida interna de los partidos. Una manera de sanear es, sin duda, obligar a los partidos a volver a contar con trabajo voluntario y cooperación económica de sus militancias, eso impediría que las burocracias tengan el dominio despótico que ahora mismo poseen.
En conclusión, en este momento sería una virtud política y un acto de justicia social, que se disminuyera el presupuesto a los partidos políticos y a la organización electoral en Zacatecas. Si ahora se les asigna 100 millones para este año, perfectamente pueden sobrevivir con 50. Y con la ventaja adicional de obligar a los partidos a democratizar su vida interna y sus formas de organizar las campañas. Y esos 50 millones restantes destinarlos a las urgencias sociales, que son enormes.
