■ Comentarios Libres
Así se denominó a la fecha en que los Presidentes de la República durante la época del PRI (1929-2000), rendían ante el Congreso de la Unión anualmente su informe de gobierno. Por orden de la tradición, el llamado Día del Presidente, simbolizaba la grandeza de los caudillos del Revolucionario Institucional; era coloreada con mítines multitudinarios en la calle, banderitas de colores, papelitos volando y al cierre, un concierto de aplausos ofrecido por los legisladores, mientras el “líder”, con las dos manos saludando, miraba para todos lados. Era en fin, una fiesta del Presidente y para el Presidente.
Ya no. En el último sexenio panista, Felipe Calderón comenzó su administración con muchas dificultades, y en la ceremonia de transferencia de poderes y la protesta constitucional, se tuvo que realizar casi furtivamente, ante la presión de los partidos de izquierda que reclamaban un presunto fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador. Su antecesor, había dejado preparada la poca confianza ciudadana a partir de que, su quinto informe fue el más abucheado en toda la historia de México, y en el sexto, simplemente utilizó 65 palabras culpando a los legisladores de no permitirle hablar ante la nación. Bajo este escenario, Calderón fue el único presidente que no pudo emitir ningún mensaje desde la Máxima Tribuna de la Nación. Ya en el poder, modificó el artículo 69 constitucional que exime al Presidente de acudir al Congreso a informar, y la nueva disposición indica que deberá presentarlo por escrito.
Pues bien. El martes pasado, Peña a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó ante el Congreso de la Unión el informe de gobierno, en el que da a conocer el estado que guarda la administración pública a su cargo. Yo aclaro que tal informe corresponde al periodo del 2 de septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2015. Justamente un año.
Todavía, no se conoce el contenido de su informe, ni tampoco lo analiza y lo estudia el Congreso de la Unión, pero en el mensaje que el titular del Poder Ejecutivo dirigió a los ciudadanos, existen obviedades. Compara logros según su apreciación. Por ejemplo, “bajó índice de inseguridad en todo el país en 2015 cuando en 2012 era mayor”. “El incremento de los ingresos económicos a los mexicanos en este año, fue mayor que el obtenido en 2013”. “El combate a la pobreza se logró a partir de enero del año actual, cuando los niveles en los meses correspondientes al año 2014 eran mayores”.
Como lo mencionamos anteriormente, no debe tratarse de una repetición de comentarios que se reducen a cifras y bla bla bla bla… Tampoco que hable de promesas y compromisos que para ello mantuvo un espacio durante su campaña electoral. El pueblo exige resultados. Se encuentra en otra etapa de su gobierno porque ya rindió el primer informe, que le permitió hacer los comparativos con el año 2012; su segundo informe su comparativo con el 2013 y ahora, el 2015, su comparativo de avance en relación con el 2014, pero no tiene por qué mezclar sus logros, comparándolos con fechas muy anteriores.
A partir del primero de septiembre del año anterior, han ocurrido hechos de violencia reprobables tanto nacional como internacional. Incluso, organismos de este último carácter se han pronunciado ante el gobierno mexicano en múltiples ocasiones exigiendo justicia, pero en ninguna han recibido explicación sobre los avances jurídicos y científicos que tienen todas investigaciones.
Se esperaba más en el mensaje del Presidente. Reconoció la existencia de situaciones que lastiman al pueblo, pero no especificó ni tampoco se comprometió a tomar las medidas encaminadas a enfrentar esa problemática. Se concretó a hablar sin ofrecer ningún compromiso serio. No se observó un mensaje convincente a la nación.
Con anterioridad a la tradición de que al primero de septiembre se le conocía como el Día del Presidente, las tres constituciones federales de México ya regulaban esa obligación, y fue la de 1824 la que sentó la|s bases jurídicas del informe presidencial, toda vez que en su artículo 120 establecía la responsabilidad de los Secretarios de Estado y no del Presidente a dar cuenta de la situación en la que se encontraban sus respectivos ramos. La de 1857, en su artículo 63 señalaba que al inicio del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, asistiría el Presidente de la Unión y pronunciará un discurso en que manifestara el estado que guardara la administración pública del país. Además, el Presidente del Congreso debería contestarlo en términos generales. En la vigente de 1917, se establece lo mismo sólo precisa que tal informe debe ser por escrito.
Un informe es un resume de las actividades, obras, relaciones establecidas, resultados del país en las distintas esferas del desarrollo como economía, políticas, salud, seguridad. Pero aclara también la causa o las causas por las que las metas planteadas por el ejecutivo, no se hayan cumplido.
Quizá Peña no se ha dado cuenta que El Día del Presidente, dejó de existir hace más de dos décadas, y ávido de pleitesía se muestra al país sonriente, esperando adulación. ■
