En 2006, Enrique Dussel padre publicó un libro pequeño por su extensión pero grande por su contenido, denominado 20 Tesis de política, que todo ciudadano debiera leer y discutir con quienes forman su entorno para entender la esencia de la política. La primera tesis que propone se refiere a lo que denomina corrupción originaria de lo político, que ocurre cuando el actor político (los miembros de la comunidad política, sea ciudadano o representante) actúa como si la institución en la que cumple alguna función política -sea presidente, diputado, juez, gobernador, militar- fuera la sede o la fuente del poder político. Esa circunstancia genera la corrupción de todos aquellos que ejercen el poder estatal de esa manera, pues han olvidado que todo ejercicio del poder de toda institución (desde el presidente hasta el policía) o de toda función política debe tener como referencia primera y última al poder de la comunidad política (o del pueblo, en sentido estricto). La corrupción que se presenta es doble: del gobernante que se cree sede soberana del poder y de la comunidad política que se lo permite, que lo consiente, que olvida su responsabilidad de ser actora de la construcción de lo público. La situación así generada puede conducir hasta la propia extinción de la comunidad política.
No se requiere ser un gran especialista en Teoría del Estado para entender que la situación que vivimos en México puede describirse mejor utilizando esta primera tesis, pues es evidente que todos quienes han participado en las reformas estratégicas de Enrique Peña Nieto actuaron olvidando la letra de un artículo constitucional fundamental: “Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Y la corrupción es doble si consideramos que una parte importante del pueblo mexicano hace tiempo olvidó que forma parte de una comunidad política que conquistó con mucho esfuerzo una constitución construida sobre el principio fundamental de la soberanía popular, y ahora se siente orgullosa de retirarse al ámbito privado ante la evidencia de la descomposición generalizada de las instituciones y de las propias personas. Y lo más lamentable es que pocas personas asumen que ya estamos en la fase que conduce al escenario de la extinción de nuestra comunidad política, aunque muchos percibimos que las instituciones estatales ya no se ocupan del bienestar de la mayoría y que nada debemos esperar de la clase política gobernante.
De lo anterior se desprende una pregunta: ¿Cómo debemos iniciar el proceso de regeneración nacional? Desde mi punto de vista la historia nacional nos muestra que la parte más consciente de nuestro pueblo ha escogido las elecciones presidenciales para encausar sus energías para hacer viable algún tipo de cambio; así ocurrió en 1910 en el movimiento encabezado por Francisco I. Madero, y en diferentes sucesiones presidenciales como las de 1988, 2006 y 2012. Grandes movimientos políticos estatales también ocurrieron en el marco de las correspondientes elecciones de gobernador y son incontables los movimientos en defensa del autogobierno municipal. Todos esos acontecimientos muestran que en la consciencia popular existe claridad sobre la importancia de poner el poder del estado en buenas manos, pero no tanta en la necesidad de construir los mecanismos para que los representantes electos no olviden que el poder que tienen en sus manos es para servir a la comunidad política. No hemos aprendido que el ejercicio de la soberanía debe ser cotidiano y estar orientado, fundamentalmente, a garantizar el sano funcionamiento de los frenos y contrapesos que todo diseño institucional republicano debe contener.
Uno de los primeros pasos que hay que dar si queremos construir un país democrático es la recuperación, por los ciudadanos, de los partidos políticos. Debemos asumir con todas sus consecuencias que no existen democracias sin partidos políticos, pero que de nada sirve el actual sistema de partidos controlados por élites que comparten sus intereses y que se distribuyen parcelas de poder para salvaguardarlos. Las fotos de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, ambos del PRD, acompañando a Enrique Peña Nieto en distintos eventos públicos son expresiones de este perverso entreveramiento de intereses y complicidades. Se requieren partidos gobernados por sus bases empoderadas para que toda la ingeniería institucional funcione.
También es muy claro que la concentración en una sola persona del poder para determinar las carreras políticas de sus miembros es la manera más directa de socavar la efectividad de esos frenos y contrapesos. El retorno de las imposiciones de candidaturas y dirigencias es muy mal síntoma. Los ciudadanos deben ejercer la soberanía popular desde el municipio más pequeño, para asegurar que sus autoridades les rindan buenas cuentas. No es tarea imposible.
