México, D.F. Al resolver dos nuevos recursos contra la negativa de entrega de información de la averiguación previa de la Procuraduría de Justicia Militar abierto en contra de los 7 militares involucrados en el caso Tlatlaya, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información se dividió en torno al sentido del voto. De nueva cuenta, salió a la luz –como pasó en un anterior recurso- la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional de abrir la información al INAI para que verifique que la causal de reserva tiene sustento y resolver según sea el caso.
Más allá del fondo del asunto en ambos casos, esta negativa de Sedena motivó el reproche de la comisionada Areli Cano, quien cuestionó la actitud de la dependencia por regatear las facultades al INAI de acceder a la información para verificarlo. Y fue más allá, al lamentar que la mayoría de los comisionados no salieran en defensa del INAI para que ejerciera las facultades a plenitud y no haya “ni siquiera un extrañamiento” a la Sedena por su actitud.
En cuanto al fondo de los recursos, ante la existencia de un amparo de los militares involucrados en los hechos, la mayoría del pleno del INAI determinó ordenar la reserva de la información por seis meses, aun a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a abrir la información al organismo para que verifique que efectivamente los delitos que se le imputan no tienen que ver con delitos graves de derechos humanos y sólo se trata de indisciplinas militares.
En la sesión se confrontaron dos posturas en torno a los alcances de las facultades del INAI toda vez que los proyectos originales se presentaron en dos sentidos, toda vez que el juez, al resolver el amparo, determinó que el INAI debería esperar a que se resuelva el fondo del amparo antes de resolver. La comisionada Areli Cano presentó un proyecto según el cual, se pueda apelar a la causal de “causa de fuerza mayor” para suspender el plazo de resolución del recurso del solicitante hasta que se resuelva el amparo y entonces poder resolver.
En contraste, en el otro recurso, relacionado con el mismo tema, propuesto por la comisionada presidenta Ximena Puente, determinó que en función de que sólo se trataba de procesamientos por delitos del fuero militar, que no involucraban violaciones graves a derechos humanos, procedía la reserva de información en principio por un año –que después a propuesta del comisionado Francisco Xavier Acuña– se redujo a seis meses o que hayan desaparecido las condicionantes jurisdiccionales que impide, es decir, que el juez resolviera el fondo del asunto.
En este caso, por 4 a 3, se aprobó la propuesta de Puente, con lo que una vez más el acceso a la información a la averiguación previa militar a los efectivos involucrados en el caso Tlatlaya, volvió a cerrarse.
Posteriormente, al votarse el recurso resuelto por la comisionada Cano que pretendía suspender la resolución fue rechazado pues se consideró inviable acreditar la “causa de fuerza mayor”. A decir de los magistrados, la existencia del amparo no justificaba esa determinación. Por 4 a 3, se rechazó el proyecto de Cano, y se turnó la ponencia de Puente para que igualmente se reservara la información 6 meses.
