Faltan unas pocas semanas para que las calles de muchas ciudades mexicanas sean nuevamente el escenario de movilizaciones importantes de maestros que siguen resistiendo la reforma laboral disfrazada de educativa que aprobaron los partidos firmantes del Pacto por México aprovechando su presencia mayoritaria en el Congreso de la Unión y en las Legislaturas estatales, por iniciativa de Enrique Peña Nieto y la presión de algunos empresarios beneficiados por el neoliberalismo. Toda esa coalición de intereses tiene claro que el debilitamiento del sindicalismo ha sido una pieza clave de la estrategia global para imponer el modelo económico vigente dominante en el mundo occidental, con excepción de los países más importantes de América del Sur que han venido explorando nuevos caminos, parecidos a los abiertos por China, la India y muchos otros países. La pretensión política de fondo en esta etapa de la confrontación es aprovechar algunos errores estratégicos de la dirigencia de la CNTE para consolidar el grave retroceso en los derechos laborales, contenido en la mal llamada reforma educativa, golpeando la capacidad de movilización del contingente más activo del mundo laboral mexicano.
En las consignas que escucharemos se expresará el agravio que miles de maestros de todo el país sienten por la campaña de odio desatada en su contra y por la amenaza de ser despedidos o removidos. Se sienten humillados, traicionados e intimidados y más que todo indignados por la mentira mil veces repetida que sus movilizaciones obedecen a su rechazo a ser evaluados y a no perder privilegios y, en síntesis, a su falta de vocación para educar a la niñez mexicana. Los maestros se movilizarán para rechazar la manipulación del gobierno y de una gran parte de los comentaristas de las grandes cadenas de radio y televisión, para defender sus derechos y rechazar que los padres de familia sigan pagando los gastos de las escuelas.
Como bien dice Luis Hernández Navarro, “Las actuales movilizaciones no son flor de un día. Responden a causas profundas. La reforma educativa modificó drástica y negativamente, sin consulta a los maestros, el mundo de la enseñanza. El Estado rompió, unilateralmente, el pacto que desde hace décadas tenía con los maestros, basado en la estabilidad y la permanencia en el empleo. Trasladó a los profesores, sin gradualidad y sin argumentos, al reino de la inseguridad laboral. Institucionalizó su vigilancia perpetua. Ignoró considerar las condiciones reales en las que deben efectuar su trabajo.”
Los preparativos del gobierno para contener las movilizaciones magisteriales que vienen pueden quedar rebasados por la irrupción en el contexto político nacional de nuevos contingentes de mexicanos que ya entienden el significado de las medidas administrativas que están tomando las autoridades de las instituciones responsables de la vigencia de los derechos a la salud y a la seguridad social de todos los mexicanos. Los nuevos movilizados son derechohabientes y trabajadores del IMSS, del ISSSTE y de los Servicios de Salud que ya tienen claro que las reformas neoliberales impulsadas por el gobierno desde 1995-97 contiene una reforma financiera que cancela la visión social en el manejo de los recursos económicos e inicia una nueva etapa de lucro, en beneficio del capital financiero. Y existe la propuesta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y el Grupo Financiero Banorte para manejar el seguro de riesgos de trabajo.
De acuerdo con el discurso gubernamental, se requería una reforma para incentivar la productividad de las empresas, eliminar los tiempos de espera para recibir atención médica, estrechar la relación médico-paciente y elevar la calidad de los servicios, asegurar una pensión digna para los trabajadores y ampliar la cobertura del ramo de guarderías. Todo ello sin incrementar cargas adicionales a trabajadores- empresarios, para estimular la creación de empleos, la productividad y dar viabilidad a los ramos de aseguramiento. Hoy nos encontramos con un gran fracaso: la precariedad laboral afecta a cientos de miles de trabajadores de la salud, la insatisfacción de usuarios y prestadores del servicio va en aumento pues se atienden más pacientes con la misma infraestructura y los tiempos de espera siguen siendo un serio problema. No hay certidumbre sobre el monto de la pensión para las nuevas generaciones.
Al presentar aquella reforma, el gobierno responsabilizó al sistema de reparto. Hoy, la crítica no se encamina hacia el sistema financiero-bancario que usa los fondos pensionarios, sino que se avanza con medidas administrativas privatizadoras enmascaradas bajo la figura de subrogación y reiterando el discurso de que cada trabajador individual, aisladamente, debe hacerse cargo de su futuro.
No se requiere ser muy inteligente para entender que en un México empobrecido es verdaderamente irresponsable continuar con el abandono del compromiso social con que nacieron las instituciones de salud y seguridad social; es demasiado arriesgado apostar a que los derechohabientes mantendrán la pasividad que han mostrado hasta ahora. Sin embargo hoy está más claro que nunca que se requiere luchar para defender los derechos en riesgo y elevar sustancialmente la coordinación de las luchas.
