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jueves, 28 marzo, 2024
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Ayotzinapa: diez meses después

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Por: DANIEL SALAZAR M. •

Las escuelas normales rurales que iniciaran en la década de los 20 como conquista de la revolución mexicana, vivieron su mejor momento durante el gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas. Egresaban de ellas maestros y técnicos agrícolas formados y comprometidos con el campo, los ejidos y cooperativas. En ese entonces llegó a haber hasta 36 escuelas normales rurales en todo el país.

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Después de Cárdenas, el compromiso del gobierno con las normales rurales se contrajo. El mismo sucesor del “Tata” -Ávila Camacho- promovió desde el inicio de su mandato un proyecto educativo distinto. Luego los sucesivos “gobiernos de la revolución” se encargaron uno a uno y de manera lenta y soterrada, de ir desmantelando el funcionamiento de estos centros educativos. En 1965, so pretexto del asalto al cuartel militar de Madera, Chih. comandado por un grupo de maestros rurales, se desató en el país la violencia contra los jóvenes y las normales; luego, en respuesta a la guerrilla de los años 70 que encabezaran los maestros guerrerenses Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas (egresado de la Normal de Ayotzinapa), los jóvenes y las escuelas normales rurales habrían de ser vistos, nuevamente, como peligrosos enemigos del sistema.

La ofensiva contra los centros educativos y la represión a los jóvenes no han cesado desde entonces; lo que es más, con la forma de dominación neoliberal en curso se ha intensificado el desmantelamiento de la educación pública en general con recortes al presupuesto educativo y restricción de las libertades democráticas de los mexicanos. El 26 de septiembre del año pasado -se recordará- un grupo estudiantil fue atacado a tiros en Iguala Guerrero por un comando de la policía municipal con saldo de seis personas muertas (tres de ellos normalistas), 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.

A diez meses de estos hechos lamentables, familiares, estudiantes, maestros y diversas organizaciones, se mantienen unidos en la lucha por la presentación de los 43 normalistas: “Que el gobierno de Peña Nieto presente ya resultados sobre lo que pasó y que los entregue con vida”… “Que el expediente del caso se mantenga abierto y que se dé respuesta a la solicitud de entrevistarse con los mandos militares que pudieran estar involucrados en la desaparición…” continúa siendo el mensaje y exigencia fundamental del movimiento. Para el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña -Abel Barrera- la entrevista con militares del 27 batallón no ha sido posible debido a que “desde las más altas esferas, hay fuertes presiones para evitar el encuentro”.

Los militares supieron y saben lo que pasó en Iguala y por eso sería importante hablar con ellos. Pero no hay voluntad ni resultados. Lejos está el gobierno de poder ofrecer una respuesta satisfactoria a los familiares y a una nación expectante. Todo lo contrario, son las propias cifras oficiales las que refieren que no han disminuido los índices de criminalidad en esa entidad; de que se ha incrementado el número de homicidios y de hallazgos de cadáveres en fosas clandestinas. Del 26 de septiembre de 2014 a la fecha, continúan las desapariciones, se han descubierto más de 25 fosas clandestinas, contabilizado mil 428 homicidios y cometido 113 secuestros. Esto solamente en el estado de Guerrero.

“No sabríamos de tantas fosas en México sin la persistencia de los padres de los 43”, ha reconocido públicamente Amnistía Internacional. Los hallazgos -dice- “ponen de manifiesto la magnitud de la crisis… y esta espeluznante revelación, confirma lo que ya habíamos descubierto: que la enorme crisis de desapariciones forzadas en Guerrero y el resto del país es realmente alarmante…”.

Y sí, efectivamente, ha sido la persistencia de los familiares y de los organismos de derechos humanos independientes, de personas y periodistas, del magisterio y de organizaciones políticas y sindicales, los que con su actuar, exigencia y lucha, han puesto en evidencia la crisis que se vive en México. En el país son más de 25 mil 700 las personas desaparecidas en los últimos años, de las cuales, casi la mitad pertenecen al periodo de Enrique Peña Nieto.

Ayotzinapa continuará exigiendo justicia a pesar de los intentos del poder por cerrar el caso y dejarlo en el olvido.  Ha sido el Estado el causante de este crimen de lesa humanidad, por lo que está firmemente decidida a no detener  su lucha. ¿Qué autoridad política o castrense ordenó disparar y por qué? ¿Dónde están los 43? El mundo entero espera una respuesta.

Los cuerpos encontrados en fosas clandestinas como se sabe, no pertenecen a los estudiantes de Ayotzinapa. Por eso los padres, familiares y estudiantes que los buscan, mantienen imperturbable el objetivo de encontrarlos con vida. A diez meses de la tragedia, han decidido recorrer el país en caravanas buscando sumar a su exigencia, el respaldo y la unidad de los demás agraviados por el régimen. Y visitarán las principales ciudades de la república; los estados de Durango, Coahuila, Zacatecas, Colima, Jalisco y Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Puebla, DF, Tlaxcala y de México serán, a partir de agosto, los primeros en recibir el fuego rebelde de la denuncia y la dignidad. ■

 

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