Colima, Col. El gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, otorgó el “perdón” a 34 indígenas nahuas, a quienes acusan del delito de “secuestro” y “daños en propiedad estatal”, tras los hechos ocurridos el 22 de julio pasado, por un conflicto de tierras con el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada. Pese al perdón, los indígenas continúan en prisión, aunque se informó que en el transcurso de este día podrían ser liberados.
Ayer, el gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, y su homólogo de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, acordaron establecer una mesa de diálogo entre el consorcio minero Peña Colorada, los ejidatarios de Ayotitlán y representantes de ambos gobiernos, para dar solución a la problemática social de estos habitantes de Jalisco, que surge por la diferencia de intereses por las tierras que arrenda la empresa minera a dicho ejido.
En la Sala de Juntas de Casa de Gobierno, ambos mandatarios sostuvieron una reunión la víspera para analizar los hechos del 22 de julio pasado, cuando un grupo de ejidatarios de Ayotitlán irrumpió en el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada.
Ante las gestiones de Sandoval Díaz, el mandatario colimense demostró su “voluntad política” al otorgar el perdón a los 34 detenidos por el delito de daños al patrimonio del gobierno del Estado, específicamente en vehículos y equipos de corporaciones de seguridad.
Asimismo, Anguiano Moreno señaló que este jueves a las 19:00 horas vence el término constitucional para que el Juez de la causa determine la situación jurídica de los 34 detenidos del Ejido Ayotitlán.
En este contexto, el titular del Ejecutivo de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reconoció que ambos gobiernos trabajan en una agenda común para darle solución a los problemas sociales de la región, además de pronunciarse en el caso del Ejido de Ayotitlán y su relación con la empresa Peña Colorada por la vía del diálogo y los acuerdos para resolver las diferencias.
A esta reunión asistieron los secretarios generales del Gobierno de Colima y Jalisco, Rafael Gutiérrez Villalobos y Roberto López Lara, respectivamente; el secretario de Desarrollo e Integración Social del Gobierno de Jalisco, Miguel Castro Reynoso; el representante jurídico de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, Efraín Palacios Morquecho; el Procurador del Estado de Colima, Marcos Santana Montes y el coordinador general de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Félix Humberto Vuelvas Aguilar, entre otros funcionarios de ambos gobiernos.
