Por más que uno no la quiera y la rechace, hasta con independencia del medio o canal, a diario la violencia invade los medios de comunicación, aun aquellos que no la manejan con regularidad en sus ediciones. Además, conlleva una característica terrible por persistir como realidad cotidiana de los mexicanos que sufren distintos embates y agresiones de todo tipo, a las que muchos han decidido enfrentar, no con más violencia, sino mediante la búsqueda y exigencia implacable de justicia reclamada JUSTAMENTE al Estado Mexicano y a sus concretos representantes, donde estén: en el centro o en la periferia institucional; sea paraje, localidad, municipio, estado o república. Es decir, desde sus concretos habita, cuya tranquilidad o paz, están dispuestos a promover, consolidar o defender. Ojalá la autoridad instituida se muestre autoritaria, en otros ámbitos, contra todo aquello que altere la paz pública o promueva la violencia, por ser aquella, la instancia institucional obligada a promover y defender a una sociedad atribulada por distintos problemas que impiden vivir en paz.
Mientras el Estado no indague, reconozca y ataque la raíz de la violencia y desactive o controle mediante el uso de su fuerza institucional, un eventual potencial disruptivo a desatar contra la gran mayoría de la población, no se podrá vivir en paz. Sin duda, previamente, la fuerza estatal contra la violencia no debe hacer a un lado ni dejar de recurrir al uso de todos aquellos recursos institucionales a favor de la paz, a lo que está obligado, por la ley: él y los demás legítimos representantes y funcionarios de distinto orden, habilitados para hacer la política o políticas que conjuren la violencia. Con frecuencia, un factor que la desata es la omisión estatal de enfrentarla a tiempo, con recursos de planeación y medios idóneos; los primeros ayudan a preservar la paz, sin destruir o anular a las instituciones y aquí se inscribe la institucionalidad de la legitimidad estatal como plataforma generativa de política(s) y acciones para mantenerla u obtenerla.
En política, a la autoridad estatal se supone capacidad para imaginar y generar opciones institucionales, adecuadas: con potencia para fomentar la paz y sostenerla como recurso básico para una convivencia civil, humana y social, sujeta por las instancias que modulan u ordenan el quehacer institucional y una efectiva retroalimentación, sin excluir la política sino recuperarla como compromiso firme, flexible y acorde a generar posibilidades que faciliten avanzar hacia un mejor o mayor desarrollo, en todos los órdenes, para beneficio de todos. Por eso debe llevar inscritas y respetar lo más posible las diferencias y prioridades del conglomerado social que se deben compartir con todos los demás, como la básica e irrenunciable opción política de mejorar. En este empeño, lo cotidiano – individual no desaparece la política que debe incluir a todos, al contrario, la muestra, igual si hay exclusión.
¿Cuál es la realidad institucional? Para: “Las más de 60 organizaciones de la sociedad civil de todo el país que conforman el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza señalaron que México carece de una política de estado que enfrente y reduzca la desigualdad social. Dijeron que, otra vez, el país está ante programas federales que promueven el clientelismo”. En fin, que en lugar de reformarse para avanzar, el Estado y su Gobierno se reforman para retroceder. Pronto se acabó la perspectiva con la inclusión más abierta del capital en educación, cuyo presupuesto ambicionan los riquillos de Mexicanos Primero y con más pena que gloria energética y hacendaria, el actual sexenio se echará en la hamaca, ¿a resistir mareados con la oleada de spots? ¿Y la supuesta innovación del PRI insistirá en el autoritarismo y la cachaza como la usada por Chuayffet para destrozar el futuro educativo que no despuntará, por poner la mira oficial en el control del magisterio y las pensiones, no en su liberación para involucrarse con entusiasmo en su superación académica y política. El ministro tiene los cheques, ordena o regatea su entrega, sin debatir la educación y la generación nacional de ciencias; cómo generar así una potente infraestructura educativa, capaz de educar a los mexicanos para confrontar la miseria del presente y dilucidar nuevas formas sociales y políticas de confrontarla y despuntar un futuro luminoso, lejos de las tinieblas de Videgaray y sus ocultamientos a verdaderas carencias de combustible y su ser servil. Peña Nieto: ¿Cómo está financieramente el país? Videgaray: Como Usted diga, Señor.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza como iniciativa ciudadana “busca enfrentar las causas y eliminar las barreras que generan pobreza y desigualdad, empezando por promover una economía incluyente y el ejercicio efectivo de los derechos sociales, iniciando por acceso efectivo a la salud”. E insisten: “México carece de un política integral consistente y efectiva contra la pobreza, y no promueve la mejora en la población que menos tiene, lo que no permite una adecuada reducción de la pobreza”, comentó en conferencia de prensa Sara San Martín del Centro de Estudios Ecuménicos. ■
