Madrid. La nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció hoy que más de 220 familias que corrían peligro de ser expulsadas de sus viviendas podrán seguir en ellas a cambio de un alquiler social, como hacían antes de que entrasen en un proceso de venta a un fondo de inversión que no se llegó a materializar.
Se trata de familias que viven de alquiler en pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) distribuidos por distintas partes de la capital y que el anterior gobierno quería vender a un fondo.
Los inquilinos se organizaron en la plataforma «Yo no me voy», que representa hoy a 40 edificios, para oponerse a las nuevas condiciones que querían imponerles en los contratos de alquiler una vez que se produjera la venta. Carmena les garantizó ahora que seguirán vigentes los contratos que firmaron en su día, algunos incluso de los años 80.
La alcaldesa, que llegó al cargo como titular de la candidatura de unidad ciudadana de izquierdas Ahora Madrid -en la que estaban integrados miembros del partido emergente Podemos- ha remarcado que 70 familias estaban ya en proceso de desahucio, que ahora quedará interrumpido.
La política del ayuntamiento se basa en la idea de que el derecho a la vivienda es «un pilar fundamental en la vida de las personas», señaló hoy a la prensa Carmena. También destacó que el ayuntamiento debe «hacer posibles alquileres sociales», para lo que está reorganizando el parqué de viviendas públicas.
