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viernes, 29 marzo, 2024
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Sedena deberá revelar datos sobre tortura o abuso de poder: INAI

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Por: REDACCIÓN •

■ Instruye instituto a que se informe sobre delitos cometidos entre 1960 y febrero de 2015

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■ Solicita particular acceso a los registros; secretaría tendrá que otorgarlos, informan

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá dar a conocer estadísticas o cualquier registro, en formato electrónico o abierto, que contengan datos relacionados con investigaciones de la Procuraduría de Justicia Militar por los delitos de tortura, abuso de poder y lesiones, cometidos entre 1960 y febrero de 2015, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de un comunicado.

La información deberá estar desglosada por el número total de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales militares; número total de elementos sentenciados; sexo y número total de ofendidos y/o víctimas de cada evento, así como la entidad federativa en donde sucedieron los hechos.

En respuesta a un particular que solicitó esos datos, la Sedena manifestó que no localizó información respecto a hechos delictivos en los cuales resulte la afectación de un civil, toda vez que son competencia del fuero federal, de conformidad con el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Agregó que no era necesario que su Comité de Transparencia declarara formalmente la inexistencia de la información, toda vez que no se desprende obligación de contar con la misma.

Inconforme, el particular presentó recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que, previo a la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar, los militares que cometían cualquier delito que afectara a civiles eran procesados por tribunales castrenses, por lo que la dependencia tenía como facultad la persecución de los delitos cometidos por su personal, hasta junio de 2014. El asunto fue turnado a la ponencia del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

Además, apuntó, que tampoco sería procedente la inexistencia de la información, respecto del periodo de junio de 2014 a febrero 2015, pues el artículo 37 de dicho Código, si bien señala que el orden civil es responsable de la investigación sobre estos delitos, reconoce que el Ministerio Público Militar debe indagar sobre la probable comisión de delitos del orden castrense.

En alegatos, la Sedena reiteró su respuesta original. En el análisis del caso se advirtió que la Sedena fue omisa en turnar el requerimiento de información a todas las unidades administrativas competentes.

Por otra parte, se confirmó que la Procuraduría General de Justicia Militar tiene atribuciones para ordenar la apertura de averiguaciones previas, para esclarecer delitos de competencia de los tribunales del fuero de guerra.

En la reforma al Código de Justicia Militar, de junio de 2014, se estableció que puede resolver sobre delitos del orden militar, cuyos bienes jurídicos tutelados son la disciplina y el orden castrenses, dentro de los cuales se encuentra el delito de abuso de autoridad, por lo cual, la dependencia podría contar con datos relacionados con el mismo.

Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Sedena y le instruyó a que realice una búsqueda de la información y la entregue al particular, atendiendo el periodo anterior y posterior a la reforma del Código de Justicia Militar, de junio de 2014.

 

Jóvenes ejecutados en Calera

De acuerdo con los antecedentes de este caso, el pasado 7 de julio un grupo de siete presuntos jornaleros, uno de ellos ex militar, del municipio de Calera, fueron detenidos por integrantes del 97 Batallón de Infantería en su domicilio, de acuerdo a los familiares y a los indicios hallados en un primer momento por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Después de que la secretaría informara el pasado domingo 19 de julio que, según se derivó de las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar, había “indicios de una probable participación de personal militar” en la desaparición de los jóvenes de Calera, el lunes 20 de julio trascendió que el coronel del 97 Batallón de Infantería de Fresnillo, Martín Pérez Reséndiz, y otros tres mandos militares, fueron llevados a la prisión militar de Jalisco.

Este traslado, se informó de manera extraoficial, fue porque presuntamente los cuatro elementos castrenses dieron la orden de sustraer de una vivienda el 7 de julio a las personas que aparecieron ejecutadas en días pasados.

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