México, D.F. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió fallas y omisiones en las diligencias ministeriales del caso Ayotzinapa, en un informe difundido hoy.
La indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR) está «incompleta», indicó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez. El punto 1 del reporte de esta comisión se refiere a la ausencia en el expediente de PGR de fichas de identificación de los normalistas desaparecidos.
Entre las 32 observaciones y propuestas emitidas hoy plantea a la Procuraduría General de la República «recabar declaraciones y ampliaciones de declaraciones» de algunos elementos militares destacamentados en Iguala y Cocula, Guerrero.
Sugiere fortalecer la investigación científica de los restos hallados en la zona y continuar con las acciones de búsqueda que pudieran dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.
De igual forma llama a la procuraduría a ampliar sus líneas de investigación para indagar sobre la posible participación de otras corporaciones de seguridad pública municipal en colusión con las organizaciones criminales Guerreros Unidos y Los Rojos.
«En el contexto de la averiguación previa que se desarrolla en torno a las organizaciones delictivas que operan en Guerrero, es fundamental tener claridad sobre la forma de operación de las organizaciones criminales y sus vínculos con los cuerpos de seguridad pública de la entidad Y, sobretodo, conocer si esta situación incidió en la sucesión de los hechos del 26 y 27 de septiembre» de 2014.
«No es momento de callar y olvidar», advirtió el ombudsman González Pérez.
Al presentar hoy el documento «Estado de la investigación del caso iguala», llamó a romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad.
Como consecuencia de la revisión de la información y constancias con que cuenta la Comisión, relativas a la actuación de las autoridades, con posterioridad a los deleznables hechos se advierte:
-La necesidad de implementar medidas para lograr un mayor acompañamiento y apoyo a las víctimas y sus familiares. Por diversas razones, dijo González Pérez, a la fecha no han recibido toda la atención, asistencia y apoyos a los que tienen derecho.
-La falta de realización de diligencias ministeriales, tanto federales como locales, que se estima serían de utilidad para lograr una investigación exhaustiva integral de los hechos; la no ejecución de órdenes de aprehensión.
-La falta de medidas que contribuirán a generar un entorno con mayores condiciones de seguridad en el municipio de iguala.
González Pérez manifestó su confianza de que en la Procuraduría General de la República atiendan las propuestas de la Comisión Nacional de derechos humanos porque sólo en los hechos, dijo, se demostrará que existe voluntad política.
La investigación de la Procuraduría no debe estar cerrada. Hay órdenes de aprehensión en curso, no hay sentencias.
