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jueves, 28 marzo, 2024
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Caso Calera, con graves violaciones a los derechos humanos: Zacatecanos por la Paz

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Por: REDACCIÓN •

■ Algunas de las víctimas participaron en programa piloto de Unicef

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El caso Calera se sitúa en el contexto de las grandes violaciones a los derechos humanos que han venido sucediendo en México en los años recientes, que entre otras conocidas, se suman a la de Tlatlaya, Ayotzinapa y recientemente Ostula, en Michoacán.

Se trata no sólo del tema de la desaparición forzada de personas, sino de ejecuciones arbitrarias, perpetradas, en el caso local, según indicios a que ha dado seguimiento la propia justicia militar, presuntamente por integrantes de las fuerzas armadas, sin que puedan ser considerados como culpables, hasta que no sea realizado  el debido proceso, y dictada la sentencia correspondiente, dijo Ricardo Bermeo Padilla, integrante de Zacatecanos por la Paz, organización de la sociedad civil defensora de derechos humanos.

El caso Tlatlaya permitió una importante reflexión y el debate público sobre este tipo de hechos gracias al informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, cuyos puntos, agregó, son importantes para analizar lo acaecido en Calera.

El pasado 7 de julio siete jóvenes fueron sustraídos de un domicilio, presuntamente por elementos del Ejército Mexicano, para luego de varios días de ignorarse su paradero, ser localizados inertes con un tiro en la nuca en sitios de Jerez; la presa El Cargadero, donde se encontraron cuatro de los cuerpos el pasado jueves, y El Naranjal, donde fueron situados los tres cuerpos restantes, este sábado 18 de julio.

El primer análisis que ofrece para estos hechos el informe sobre Tlatlaya, expuso, es “Julia”, por quien se reveló lo ocurrido. Su testimonio ofreció la oportunidad de poner el asunto en el debate público.

Aquí en Zacatecas es igual de relevante, y algo que su sociedad debe agradecer, expuso, el que los familiares de las víctimas “pusieron la denuncia en el terreno público”.

Esto, “independientemente de cualquier suposición no comprobada” acerca de los jóvenes, ha permitido asumir los acontecimientos para su análisis a profundidad con miras a encontrar una solución a los problemas que se derivan, esto es, tratar de impedir que se repitan crímenes de este tipo.

Los otros elementos a subrayar que puso de manifiesto el informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y que remiten al caso Calera, son los derechos de las víctimas a la justicia y la verdad.

“En este caso para trazar lo que sería la verdad es fundamental recurrir a los testimonios dados por las propias víctimas y los familiares más cercanos. Entonces, desde ese punto de vista está en entredicho la información que han vertido algunos medios de comunicación y habría que manejarla con mucho más inteligencia y prudencia, impidiendo la revictimización que eso supone para los propios familiares, que fueron los que realizaron la denuncia pública y que permitieron el debate”, puntualizó.

Sobre el tratamiento periodístico que se dio a este caso en el diario local Imagen, donde se consigna como “presuntos sicarios” a los jóvenes, y se les señala como ejecutores de diversos delitos, “según evidencias”, de las que no se precisa fuente, Cristela Trejo, también integrante de Zacatecanos por la Paz, acudió al criterio jurídico de presunción de inocencia, mismo que precisa, que ninguna persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y reiteró en oposición, la gravedad de la violación que implica la desaparición forzada, un delito considerado de lesa humanidad, y por tanto imprescriptible.

Además de la privación de la libertad por parte de agentes del Estado o personas que confluyan en su apoyo, implica no sólo “quedar fuera de la sociedad” al no saberse el paradero de las personas, sino estar fuera de la protección de la Ley.

Por ello implica una serie de violaciones a los derechos humanos: a la personalidad jurídica, a la libertad, a la seguridad y a tener un juicio imparcial con garantías judiciales, esto último, aún más agravado cuando  se comete una ejecución arbitraria como es la presunción del caso en Calera, por lo que dijo que “no podemos justificar una cosa con otra”.

El tratamiento de estos asuntos en los medios de comunicación, agregó, debe ser cuidadoso por la gravedad que implica el considerar que estas personas fueron desaparecidas por cuerpos policiacos o miliares, amén de que se suman localmente a otros hechos como el de los jornaleros desaparecidos hace casi tres años en Estancia de Ánimas, y asimismo, el de tres menores de 3, 5 y 7 años, ocurrido en El Maguey, Fresnillo, “que aún no aparecen” y en que se presume asimismo la implicación de militares.

Cristela Trejo fue además insistente en las consecuencias para el Estado de estos hechos referidas a su obligación a la reparación integral del daño.

Esto implica no solamente conocer la verdad, qué pasó, qué sufrieron, qué vivieron las víctimas directas de los hechos, sino el respectivo derecho de sus familias.

Destacó que algunas de las víctimas formaron parte de un programa piloto de Unicef en Zacatecas.

En este sentido, “no es inventado que eran jornaleros, sí eran jornaleros, sí sabían de trabajar en el campo, si eran sobrevivientes de toda las consecuencias que tenemos de esta economía neoliberal”, dijo Cristela Trejo, respecto de algunos de los jóvenes que perecieron en estas presumibles ejecuciones arbitrarias.

Sin precisar identidad ni número, refirió que fueron parte de un programa piloto de protección a la infancia auspiciado por la Unicef que se verificó en Zacatecas durante cinco años y que ella misma monitoreaba al ser la operadora jurídica del sistema.

Los señalados laboraron como jornaleros desde temprana edad y sus condiciones de vida precaria “rayaban en la miseria, eran espacios de sobrevivencia”, expuso, por lo que aunque se les brindó atención mediante un modelo exitoso, mencionó, el de este programa piloto, faltó aún más apoyo de las autoridades.

A una de las ahora presumibles víctimas de desaparición forzada y ejecución arbitraria se le trató desde los 7 años por una adicción a inhalantes, que empezó a utilizar, explicó Trejo, para mitigar el hambre.

Aunque localmente los que denominó “operadores del gobierno simplemente decían que no había nada qué hacer”, hubo especialistas, psicólogos y psiquiatras de otros estados que los apoyaron para contener esta problemática que ya había ocasionado daños neurológicos.

Comentó otro caso de un menor que entonces se turnaba con su madre para hacer tres jornales diarios de trabajo, alternado al cuidado de sus hermanos menores.

A veces, también lavaban coches o fungían de “cerillitos”, agregó, “pero eran niños que trabajaban, porque si no trabajan no había comida”.

Lo ocurrido con ellos es lamentable, expresó, porque hubo avances mediante esta intervención de Unicef, “quizá pensando hace cinco años no tenían muchas posibilidades de vida, pero por la insalubridad, por el hacinamiento, por los trabajos que asumían” de migrantes jornaleros, pues cuando no había labor en Calera también la buscaban en Sonora y Sinaloa.

Agregó, que sin ser jefes de familia, su colaboración era importante para el sustento de sus hogares, por lo que reiteró la necesidad de una reparación integral del daño para sus deudos, a fin de “recomponer un poco esta violación masiva de derechos humanos”.

 

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