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viernes, 29 marzo, 2024
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Hacia un nuevo modelo del Ministerio Público

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Por: RAYMUNDO CÁRDENAS VARGAS •

América Latina está repleta de experiencias muy negativas del papel del Ejército en funciones internas del Estado. Los múltiples gobiernos militares en Argentina, y los funestos casos de Chile, Brasil y Uruguay, nos dice que la medida que tomó México después de que se estabilizó el gobierno producto de la Revolución, en el sentido de sacar al Ejército de las actividades políticas y de incumbencia interna del Estado es correcta y debe mantenerse. Sin embargo, al darles a los militares funciones de seguridad pública lo dejan pasar a los patios internos del Estado. Tarde que temprano esta situación va a ir manifestando su error. El problema que atora un eficaz funcionamiento en impartición de justicia es la impunidad, la que se acompaña de corrupción.

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La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE advierte que en nuestro país la impunidad es casi absoluta. Basta con decir que de los 33 millones 90 mil 263 delitos cometidos en 2013, solamente se denunciaron o se inició una averiguación previa en 2 millones 51 mil 597 casos. Ello nos ubica en que la “cifra negra” de delitos cometidos en México es de 93.8%. Aunado a esto, las víctimas de un delito deciden no denunciar por miedo a ser extorsionadas, por considerar que el trámite es largo y difícil o porque la autoridad muestra una actitud hostil. De acuerdo con la encuesta, en 50% de los casos en los que la víctima sí acudió al Ministerio Público, el tiempo invertido en el procedimiento fue de 3 horas o más. Y aún más: en los casos en los que sí se inició una averiguación previa, 49.9% de los encuestados refirió que no pasó nada y 23.3% expuso que el procedimiento aún se encontraba en trámite. Esta situación es inaceptable. Ya no digamos que lo ideal es que se inicie un proceso judicial, que la víctima sea resarcida y que el delincuente sea detenido y castigado. Lo mínimo que podríamos esperar es que algo positivo y útil se haga con toda la información asentada en una averiguación previa.

En México, una pieza clave de la procuración de justicia es el Ministerio Público, en cuyos hombros recae nada más y nada menos que la responsabilidad de la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal. Todos los actos ilícitos que se denuncian, desde un asalto en el transporte público hasta un secuestro u homicidio, deben ser procesados por este órgano. De acuerdo con el estudio “Seguridad y Justicia Penal en los estados: 25 indicadores de nuestra debilidad institucional”, realizado por la organización México Evalúa, en nuestro país existen en promedio 2.7 agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes. Sabemos que como parte de la entrada en vigor del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, contaremos con un nuevo modelo de Ministerios Públicos. Pero este esquema debe ajustarse a tres premisas: cercanía, es necesario que las agencias sean accesibles en términos de distancia y dispersión poblacional; agilidad, levantar una denuncia tiene que ser un procedimiento cuya duración no debe exceder, en promedio, dos horas; y  adaptabilidad, estas instituciones deben tener capacidad de atención escalable que les permita dar respuesta oportuna a un inminente incremento en el número de denuncias. Sin reformas verdaderas, Tlatlaya y muchos casos ocultos quedarán impunes. Y ahora Calera.

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