Sabemos que en este país se fue construyendo un sistema de salud muy fragmentado y con altas desigualdades, la diferencia entre los trabajadores formales que están protegidos por sistemas de seguridad social y aquellos que no la tienen, es enorme. Por ello se fundó el Seguro Popular, para atender a un universo de aproximadamente 51 millones de personas que equivale a 46 por ciento de la población total del país. Ahora, bajo una idea de mixtura federalista, los recursos destinados para atender a esta población se asignan a los gobiernos estatales de acuerdo al número de personas que habitan su territorio. Lo cual también ha generado desigualdades enormes entre las regiones y estados. Entre estos, son grandes las diferencias en recursos disponibles, las formas y procesos de atención de salud, y por tanto en los resultados: no es lo mismo el Seguro Popular de Nuevo León que el de Guerrero, o el de Zacatecas. La clave de la operación e implementación de este programa es cada sistema estatal de salud, porque es el proveedor principal de los servicios sanitarios.
La operación desde los propios estados genera un esquema de operación que combina descentralización con implementación intergubernamental: Gobierno Federal es el responsable del diseño y el financiamiento, y las entidades federativas proveen los servicios médicos. Es decir, estamos ante una descentralización-vertical. En la evaluación de la diferencia de atención en los distintos estados, en cuanto a información, planeación, y coordinación del programa, Zacatecas tiene un comportamiento errático: en algunos indicadores no aparece tan mal respecto a las medias nacionales y en otros sí. Por ejemplo, en las transferencias destinadas al pago de nómina está ligeramente arriba de la media nacional, pero en transferencias destinadas a insumos, es el penúltimo estado del país. Esto es, tenemos tres brechas de desigualdades: entre los sistemas de atención, al interior del Seguro Popular en las diferentes regiones del país, y al interior de los propios estados. La misión de avanzar a la igualdad de atención en salud es una meta aún muy lejana.
En el caso de la intención de la reforma (descentralizadora), que pretende contrarrestar la práctica de la corrupción, no ha sido efectiva. Se pretendía con ella, separar al financiador del proveedor de los servicios; pero no se ha logrado el éxito de la medida pues la oficina del régimen de protección social en salud mantiene relaciones de dependencia jerárquica con los servicios públicos de salud en todos los estados. Además, aun cuando hay mecanismos de coordinación y rendición de cuentas, no hay sanciones en serio, y por ello, los mecanismos no funcionan de manera efectiva. Así las cosas, el tema de la política en salud es de las más necesitadas de reformas profundas que disminuyan las inequidades tan grandes y variadas, así como los mecanismos institucionales para hacer de la implementación una práctica libre de corrupción.
