Toluca, Méx. El secretario general de Gobierno de la entidad, José Manzur Quiroga, prometió hoy que aquellos servidores públicos del estado que hayan actuado de forma irregular en el caso Tlatlaya -donde 22 personas fueron acribilladas por personal del Ejército Mexicano en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón el 30 de junio del año pasado-, serán castigados conforme a la ley.
Al término de un acto público, el funcionario reveló en una entrevista con los medios de comunicación que la indagatoria que inició la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEM) -respecto a la actuación en el caso de los servidores públicos que participaron en la primera parte de la indagatoria que se inició por la matanza de las 22 personas-, está por concluir y de acuerdo con los resultados se determinará quién o quiénes actuaron de manera ilegal.
De acuerdo con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la matanza en Tlatlaya, personal de la PGJEM habría incurrido en abusos y hasta tortura en contra de las testigos presenciales de los hechos.
En su recomendación, la CNDH concluyó que se permitió la alteración de la escena del crimen, con la finalidad de que no se conociera la verdad histórica de estos hechos.
Manzur Quiroga dijo que esta investigación se encuentra en sus últimas etapas, pues sólo falta integrar y agotar algunos peritajes de parte de la Procuraduría, para que la indagatoria se pueda determinar.
“Sin ninguna duda, si hay funcionarios de la procuraduría que hayan actuado con irresponsabilidad, serán castigados muy pronto”, subrayó el secretario general de Gobierno.
El funcionario dijo que la administración de Eruviel Ávila ha atendido todos y cada uno de los puntos de la recomendación emitida por la CNDH sobre el caso Tlatlaya; “tan es así -dijo- que la Comisión (de derechos humanos) ha dicho que hay un cumplimiento parcial del documento”.
De acuerdo con Manzur, aún está pendiente de cumplimentarse la conclusión de la investigación sobre la responsabilidad en que pudieron incurrir los servidores públicos de la Procuraduría, así como el asunto de las indemnizaciones a las víctimas y a los familiares de las víctimas.
En este último punto, informó que el Fideicomiso para la Atención de Víctimas del estado de México que maneja la Procuraduría mexiquense, ya cuenta con recursos. Por tanto, aseguró, ya se podrá proceder a la indemnización de las víctimas. “Ahora (el caso) está en el terreno de las víctimas que se acerquen a la Procuraduría para que se les indemnice”, subrayó.
