Las denuncias reiteradas de periodistas y personalidades como Esaú Hernández, están contribuyendo a que quienes vivimos en esta época tengamos más claro que nunca que el Estado nacional del que formamos parte ha sufrido un proceso de descomposición acelerado en las últimas décadas que se manifiesta en la crisis de derechos humanos, la inseguridad pública, la violencia y la complicidad entre autoridades y delincuentes; en la corrupción generalizada y los pactos de impunidad explícitos o implícitos que estimulan los crímenes y fomentan el enriquecimiento ilícito; en la creciente casta de políticos que luchan por los cargos públicos como botín pero no conectan con las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos; en los privilegios que se auto asignan los altos funcionarios públicos y el enriquecimiento logrado con dinero público obtenido por la vía muchas veces denunciada de las “mochadas”; en la afrentosa desigualdad que ubica al presidente de la Suprema Corte de Justicia de México como el mejor pagado del planeta (con un salario mensual de 563,417 pesos) y al salario mínimo en México (de 2,132 pesos al mes) como el más bajo no solo entre los países de la OCDE sino también de América Latina; ante la creciente pobreza, marginación, polarización social y exilio de más de 12 millones de mexicanos que se han ido al extranjero durante las últimas tres décadas en busca de empleos que no encuentran en nuestra patria, debido a la obcecada aplicación de una estrategia económica claramente fracasada en términos de crecimiento del producto nacional y del bienestar de la mayoría de los mexicanos.
El estallido de indignación protagonizado por muy amplios y diversos segmentos sociales con motivo de la tragedia de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, estimuló y fortaleció la esperanza en la viabilidad de un cambio de fondo promovido por el pueblo mexicano movilizado. Asimismo, la decisión de distintos grupos de académicos como el Consejo Nacional de Universitarios por una Nueva Estrategia de Desarrollo de conjuntar esfuerzos para formular “un sistema integral de propuestas viables de políticas públicas capaces de superar el pobre y errático desempeño mostrado por la economía mexicana durante las últimas décadas, fortalecer la cohesión social de la nación y abrir los cauces de un desarrollo sustentable, incluyente, equitativo y democrático”, fue otra expresión de la misma esperanza en que los cambio iniciarían muy pronto.
Sin embargo, el resultado del proceso electoral a punto de concluir representa una mala noticia para quienes deseamos cambios en una ruta progresista, esto es, en una ruta que defienda y amplíe la vigencia de los derechos de todos los mexicanos. Es una mala noticia porque las fuerzas neoliberales mantendrán la mayoría en el Congreso de la Unión y con ello la posibilidad de aprobar nuevas reformas antipopulares, pero sobre todo, la capacidad para impedir que funcionen las instituciones creadas para que el poder controle al poder, especialmente aquellas encargadas de combatir el vicio mayor: la corrupción.
No hay duda: la restauración de la cohesión social, de la convivencia justa y digna entre los mexicanos, exige un magno esfuerzo de inteligencia colectiva, de buena fe y de convergencia de voluntades para encontrar los caminos viables para un mejor México, empezando por sus territorios. Promoverlo es el reto de las fuerzas progresistas de Zacatecas.
