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jueves, 28 marzo, 2024
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La política alimentaria en México

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Por: GRISELDA EDITTI MARTÍNEZ • VELIA CHÁVEZ ACUÑA •

El campo mexicano es un patrimonio esencial para el futuro del país, sin embargo, en la actualidad se encuentra considerablemente desaprovechado y, en consecuencia, debilitado. Desde la época de los ochenta el tema del campo mexicano ha ocupado un lugar en la agenda pública, los gobiernos han implementado acciones a favor de éste pero desafortunadamente no han logrado tener el impacto rural del que se vanaglorian los gobernantes. Año con año las políticas se caracterizan por ser a corto plazo, de efecto regresivo y se han reducido al otorgamiento de apoyos para las actividades agrícolas sin que ello redunde en la concreción de una verdadera política pública de desarrollo rural. La observación de lo que hasta ahora ha sido la política rural en México es de vital importancia ya que a través de su estudio e investigación podrán diseñarse nuevos lineamientos que, libres de las fallas diagnosticadas, sirvan de base en la construcción de políticas públicas adecuadas y permitan una implementación exitosa.

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La deficiente sostenibilidad alimentaria es uno de los grandes desafíos que enfrenta el desarrollo agroalimentario a nivel nacional. En un intento por garantizarla se han impulsado sistemas productivos familiares, permitiendo emplear mano de obra interna, y por lo tanto, de menor costo, así como el aprovechamiento de recursos naturales. Este tipo de sistemas suelen ser más sustentables siempre y cuando exista una estrategia participativa de desarrollo, ya que implican adecuar los diversos factores naturales en el medio rural, donde se encuentran las principales dificultades económicas, sociales e institucionales. Las políticas relacionadas con la seguridad alimentaria tienen un enfoque multisectorial, pretenden la participación comunitaria, y, además de trabajar conjuntamente con otro tipo de políticas implementadas en los sectores rurales, cuentan con seguimiento y evaluación, pero también enfrentan problemas en su implementación, desde retrasos en la gestión hasta falta de capacidad en los operadores de las mismas.

Es común que exista confusión entre las políticas públicas orientadas al rubro agroalimentario y aquellas destinadas a combatir la pobreza así como entre políticas públicas, programas y apoyos dirigidos todos a la agricultura ya que generalmente las políticas se han reducido a otorgar apoyos económicos de forma aislada. Los productores agrícolas en el desarrollo de sus actividades enfrentan severas restricciones económicas, no cuentan con un financiamiento adecuado, tampoco tienen capacidad de ahorro para inversión en la producción por lo que sus posibilidades de incorporar mejoras tecnológicas y potenciar su producción son escasas. De allí la necesidad de consolidar, mediante política pública (y no como hasta ahora mediante apoyos aislados) un sistema financiero rural capaz de adecuarse a las exigencias de las actividades agro productivas, que brinde a los productores condiciones preferenciales en sus tasas, plazos garantías y servicios en general.

El contexto de un presupuesto anual determinado tiende a condicionar los programas implementados además de favorecer diseños a corto plazo. La problemática de procedimientos altamente burocratizados y el estancamiento de los programas que esto conlleva no llegan a ser considerados. Las políticas en materia agrícola no han logrado eliminar los problemas estructurales que impiden mantener la productividad, como tampoco han podido brindar seguridad alimentaria. No existe una competencia internacional en el sector rural, al contrario, se mantiene una tendencia acumulativa en la pérdida y desgaste de los recursos en ejecución.

Un incremento en el nivel de desarrollo económico nacional, bienestar social y prosperidad rural, son algunos de los aspectos que evidencian políticas públicas exitosas en el impulso del sector agroalimentario. El trabajo de implementación de una política rural debe de ser coordinado, de integración, cooperación y organización entre las instancias, dependencias e instituciones que son involucradas. Debido a los contratiempos de implementación, las instituciones son protagonistas de las fallas existentes durante el proceso, es indispensable fortalecer la opción de las instancias locales, también mejorar los grupos sociales de apoyo, trabajar en coherencia de criterios pero, de manera recalcable, debe existir una legitimidad al momento del abordaje territorial de la política pública que se va a implementar, para tratar de disminuir la ineficacia de las políticas que tienen por objetivo lograr una sociedad sustentable y con capacidades de desarrollo.

En base a los diagnósticos regionales se establecen metas que, como hemos visto hasta ahora, las políticas de seguridad alimentaria no han logrado cumplir, por el contrario, persisten la pobreza y la desigualdad y ambas parecen incrementar en función del mero transcurso del tiempo. La implementación de Política Rural en México es un tema de gran interés y que nos brinda una visión amplia para poder ser agentes de desarrollo autosustentables, en el proceso de implementación es importante realizar un ejercicio de valoración de aquellas problemáticas que afectan a la sociedad y especialmente al sector rural, para garantizar que las dependencias actúen conforme a los objetivos establecidos para los que son creadas y no continúen actuando con base a interés propios, circunstancia que afecta a gran parte del país y especialmente al sector rural. ■

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