México, DF. Luego de señalar que el gobierno mexicano deberá efectuar una investigación “oportuna, exhaustiva e imparcial” de los recientes hechos en Tanhuato, Michoacán, la organización Human Rights Watch (HRW) señaló que la versión oficial de la muerte de 42 civiles y un solo elemento policíaco “genera serias dudas” sobre si el uso de la fuerza fue proporcional y lícito.
En un pronunciamiento oficial, fechado este jueves desde Nueva York, destaca que debido a los “pésimos antecedentes” en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, “es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales”.
Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch, insistió que la Procuraduría General de la República (PGR) debería adoptar medidas inmediatas para asegurar que estos delitos se investiguen sin las demoras y la negligencia que caracterizaron la investigación de los asesinatos ocurridos en Tlatlaya en junio pasado”, caso en el que militares enfrentan procesos judiciales por ejecuciones en contra de civiles.
La organización internacional de derechos humanos cuestionó las declaraciones que funcionarios federales y estatales de procuración de justicia han hecho sobre los hechos ocurridos en Tanhuato, el pasado 22 de mayo.
Además, recoge diversas informaciones periodísticas nacionales e internacionales en las que dan cuenta que, según familiares de algunos fallecidos, uno de los cuerpos tenía un tiro en la parte superior de la cabeza, otro presentaba golpes en el rostro y había perdido un ojo, y un tercero tenía la dentadura hundida hacia adentro. Pobladores de las inmediaciones indicaron que la mayoría de los disparos provenían del helicóptero policial, según trascendió en los medios, insiste.
Human Rights Watch recordó que en junio de 2014 personal militar abrió fuego contra un grupo de civiles que se encontraban en el interior de una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, provocando la muerte de 22 de ellos. Un soldado resultó herido. Los relatos de testigos y un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indicaron, contrarios a la versión oficial, que al menos 12 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente.
Además, se detuvieron y torturaron a tres sobrevivientes, obligándolas a firmar documentos sin que se les permitiera leer su contenido, según el informe.
La PGR recién intervino en la investigación tres meses después, consignando a siete soldados y a un teniente, pero solamente en relación con el asesinato de ocho personas. Asimismo, si bien la CNDH declaró que la Secretaría de la Defensa Nacional había encubierto el crimen, la investigación aún no ha identificado a todos los militares involucrados en el encubrimiento, según le señaló un abogado que interviene en la causa a Human Rights Watch.
“Para no repetir el fiasco de la investigación sobre el caso Tlatlaya, la procuradora general de la República debería convocar inmediatamente a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos”, indicó Wilkinson, en el pronunciamiento.
