Madrid. Un juez español decidió abrir juicio oral contra tres ex responsables del gobernante Partido Popular (PP, derecha), acusados de haber gestionado durante al menos 18 años una contabilidad paralela al margen de la oficial del partido.
El PP, por su parte, será juzgado como «responsable civil subsidiario» en el juicio cuya fecha se fijará posteriormente, según el auto del juez José de la Mata, hecho público este jueves.
El magistrado de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) imputa a los ex tesoreros y al antiguo gerente del PP, Luis Bárcenas, Alvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, entre otros, los delitos de organización criminal, asociación ilícita, blanqueo de capitales, así como contra la hacienda pública.
Además, también serán juzgados por delitos fiscales los dos responsables del estudio de arquitectos Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, que realizó una reforma de la sede del PP supuestamente pagado con ese dinero opaco.
Según el juez, «la caja B del PP funcionó al menos desde el año 1990 y hasta el año 2008, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas, al margen de la contabilidad oficial presentada por la formación política al Tribunal de Cuentas».
Esta «caja B» habría servido al PP, que actualmente preside el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, para pagar sobresueldos a altos cargos del partido o la reforma de su sede central en Madrid.
Sin embargo, la legislación española no contemplaba como delito la financiación ilegal de partidos en el momento de la comisión de la irregularidades, por lo que el PP es considerado sólo responsable civil subsidiario.
Este escándalo de financiación oculta surgió a principios de 2013 cuando el diario conservador El Mundo aseguró que durante años Bárcenas había pagado sobresueldos en dinero negro a dirigentes del PP.
Poco después, El País publicó unas anotaciones manuscritas, bautizadas «los papeles de Bárcenas», que señalaba entre los receptores de dichos fondos al propio Rajoy, quien habría cobrado hasta 25 mil euros anuales entre 1997 y 2008.
El jefe del gobierno español, que en octubre pasado pidió perdón por los casos de corrupción, siempre rechazó esa acusación, aunque en 2013 reconoció haberse equivocado al confiar en Bárcenas, distanciándose de él y calificándolo de «delincuente».
