Desde el año 2007 se han reconocido casi 23 mil desapariciones, y en los dos últimos años ya se rebasaron las 5 mil. Estos últimos años son los de mayores desapariciones relativas de los últimos tiempos. El alarmante incremento de este fenómeno específicamente en mujeres jóvenes habla de una posible industria creciente en la trata de personas. Y la cifra de casos investigados es tan baja que resulta insultante: 1 por ciento. Las miles de familias destruidas cuando una de sus hijas o hijos es raptado no tiene verbos para describirlo. ¿Cómo se mide el sufrimiento? No hay manera de hacerlo, la angustia y las cimas de la desesperación no cuentan con indicadores.
La relación entre desapariciones y presencia del crimen es tan clara que la cifra de Tamaulipas (más de 5 mil), Jalisco o Sinaloa, lo ponen de manifiesto. Aquí en Zacatecas rondamos los 400 casos. Pero también es perturbadora la investigación de Amnistía Internacional, en la que resulta que en la mitad de los casos de desaparecidos están involucradas las autoridades. Es decir, que la causa de su absoluta inutilidad para resolver los casos denunciados no sólo es por incompetencia, sino por causas de corrupción, donde agentes del gobierno son cómplices de esta atrocidad. El poder del crimen parece incontenible: el Estado es impotente ante la capacidad corruptora de estas células del mal. No es el caso del trasiego de drogas, sino de la compra-venta de seres humanos. Sin embargo, las investigaciones han puesto en evidencia que son casos conectados: las bandas que se dedican al comercio de enervantes, evolucionan a otros crímenes como éste.
La impotencia de los ciudadanos, y sobre todo de las víctimas, es tan grande como la incapacidad de los gobiernos para actuar. No cuentan con protocolos adecuados ni con personal capacitado. Es aberrante que ante una desaparición empiecen a buscar después de 72 horas, cuando las primeras son cruciales. No hay estructuras para la reacción inmediata, sino que ponen a los familiares a hacer fila y sendas declaraciones y una tramitología absurda, fuera de todo lugar dado el tipo de casos en los que se encuentran. Tampoco hay procesos de investigación, que permitan infiltrar o localizar los sitios de operación de las bandas de tratantes. Es más, ni siquiera todos los estados de la República tienen actualizada su legislación en el tema, como la tipificación del delito de desaparición forzada. Nada: absoluta mediocridad.
En Zacatecas recordamos el caso de Edith Marimar García Torres, que fue levantada cerca de su casa en la comunidad de Tacoaleche, el 4 de agosto del año pasado. La familia denunció y se puso a las órdenes de las autoridades, se entrevistaron con el procurador, esperaban tener algún tipo de resultado y nada. Y así como este caso, contamos muchos más: sencillamente nada.
