■ Sus mensajes con uso de recursos públicos, una invasión a la privacidad de las personas, advierte
■ Marcos jurídicos que crea el sistema político operan según las conveniencias, opina
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) “creo que no entiende bien” el término de libertad de expresión, expuso Sergio Contreras, presidente del Capítulo Zacatecas de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), al hacer referencia a los últimos desplegados pagados por este instituto político en diferentes medios de comunicación, para advertir sobre su intención de reformar la ley por considerar que existe una campaña de censura en su contra.
Explicó que lo que está haciendo el PVEM es difundir propaganda digital, en televisión, en radio y en cines, por ejemplo, que busca convencer a los ciudadanos para que emitan su voto a favor de este partido; por tanto, concluyó que “no es una campaña de libertad de expresión, sino que es una campaña de envío de mensajes propagandísticos”.
Por ello, consideró que en este tipo de publicaciones no cabe la censura, sino sólo los “diques” que se ponen en la legislación para evitar que un partido político tenga ventaja sobre otros, en cuanto al tiempo de exposición en los medios de comunicación, lo que lleva a un mayor conocimiento de sus candidatos por parte de la sociedad.
Pero, insistió, “no se trata de libertad de expresión, sino se trata de regular y acotar contenidos ideológicos que buscan, de alguna u otra manera, que las personas o los votantes los favorezcan”.
Contrario a las acusaciones del PVEM por lo que califica como censura en su contra, Sergio Contreras señaló que la difusión que se está dando a los mensajes del Verde con la utilización de recursos públicos implica una invasión a la privacidad de las personas.
Mencionó en este punto desde los correos electrónicos que sin autorización alguna que llenan las bandejas de entrada de los usuarios de estos servicios, como las páginas sugeridas de candidatos del PVEM que aparecen al ingresar a la cuenta de Facebook.
“Esta es una especie de invasión a la vida privada de las personas que se da a través de la compra de paquetes publicitarios, por ejemplo, en las redes sociales para que aparezcan los candidatos”, comentó.
El presidente del Capítulo Zacatecas de Amedi recordó, en relación a estas afectaciones que tiene la ciudadanía con los mecanismos de difusión de propaganda que se están utilizando, que “la primera reacción que ha habido en contra del Partido Verde ha sido de los ciudadanos. (…) Las personas en México, como demuestran diversas encuestas y estudios, no confían en las instituciones políticas; hay un hartazgo de la forma en la cual se llevan los procesos electorales”.
En relación a la propuesta del PVEM de reformar la legislación para evitar esta “censura” que argumentan en los desplegados publicados durante la última semana y para cambiar las reglas sobre la promoción electoral, Sergio Contreras comentó que este planteamiento sólo traería una mayor inequidad a las contiendas.
Señaló que, de esta forma, lo que se conseguiría es que las elecciones las ganasen quienes tuvieran la opción de promocionarse más, es decir, quienes tuvieran más dinero.
Por tanto, apuntó que “no se tratará de quien tenga más propuestas para resolver los problemas y de la calidad moral de los candidatos, digamos que pasaría a segundo término. Si esta propuesta del Verde se aplicara entonces los ganadores de las elecciones serían aquellos que tienen más dinero, así que en realidad sería menos equitativa la contienda”.
Finalmente, advirtió que la mayor contradicción se da por el hecho de que los partidos políticos o los representantes sociales únicamente cuando ven afectados sus intereses personales, pero no en el momento en el que se atacan las libertades, derechos o intereses de la ciudadanía en general.
Recordó como hace unos dos años un diputado federal del propio PVEM planteó una iniciativa legislativa que buscaba criminalizar ciertas actividades que las personas pueden realizar a través de Internet, relacionadas con la obtención de información pública. En cambio ahora, este mismo partido, presenta quejas por censura en su contra y por considerar amenazada su libertad de expresión.
Ante estas contradicciones concluyó que “las leyes, las normas y los marcos jurídicos que crea el sistema político opera no tanto en función, al menos en este país, del beneficio de los derechos civiles, sino que más bien funciona de acuerdo con las conveniencias, a una especie de ganancia, que puedan tener o no los grupos en el poder”.
